Más de 60.000 multas podrían ser anuladas por irregularidades y vicios de trámite. Así lo informaron el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte, al revisar conjuntamente actuaciones sancionatorias adelantadas contra las personas.
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“En dicha revisión se encontró que una serie de normas que habían sido declaradas nulas desde 2016, seguían siendo utilizadas por la Entidad como norma sancionatoria para miles de casos en la Superintendencia de Transporte”, señaló la Supertransporte.
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Por esta razón, el pasado 23 de octubre de 2018 la entidad solicitó un concepto al Consejo de Estado respecto de la aplicación de sanciones al amparo de normas anuladas, particularmente las que corresponden al Decreto 3366 de 2003.
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Para la Ministra de Transporte, Ángela María Orozco Gómez, esta decisión se tomó con el objetivo principal de proteger a los vigilados, ya que se debe garantizar la transparencia y la legalidad en todos los procesos en el sector: “acudimos al Consejo de Estado para poder actuar con total contundencia frente a hechos irregulares que afectan el emprendimiento y la legalidad”, puntualizó.
En marzo de 2019, el Consejo de Estado señaló que la nulidad declarada por el mismo Alto Tribunal (Sección Primera) en 2016, generó que las sanciones previstas en el Decreto 3366 de 2003 desaparecieran.
Así mismo, resaltó en su concepto que la resolución 10800 de 2003, que codificaba las conductas del Decreto 3366 de 2003, había perdido su fuerza ejecutoria y por ello no podría ser aplicada contra los ciudadanos.
Por último, precisó el Consejo de Estado que, además de violar el principio de legalidad, (…) “pretender reconocer efectos a la Resolución 10800 para deducir de ella infracciones administrativas que materialmente son idénticas a las del decreto 3366, haría nugatoria la decisión judicial adoptada por la sección primera del Consejo de Estado y abriría las puertas a maniobras fraudulentas de la Administración, en detrimento de los derechos de los ciudadanos.” (…)
En ese sentido, el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte, conscientes de la necesidad de restablecer la legalidad que se perdió por muchos años en este sector, procederán a revisar aproximadamente 60.000 expedientes, que representan más de $171.000 millones en multas a los ciudadanos.
En ese sentido, la Superintendencia de Transporte está conformando grupos especiales para realizar la revisión de esos expedientes afectados, incluyendo las investigaciones en curso, los casos que se encuentran en cobro coactivo y la atención de acciones judiciales iniciadas contra la Entidad.
