La licitación para la prestación del servicio de salud al magisterio, un negocio que representa 5,27 billones de pesos en varios contratos, fue suspendida hasta el 5 de mayo.
De acuerdo con el cronograma inicial, ayer era la fecha límite para la presentación de propuestas por parte de los interesados en entrar en la puja, pero el miércoles, tras una reunión del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) –el ente encargado de tomar una decisión al respecto–, la fiduciaria estatal Fiduprevisora, que administra estos recursos, anunció que la nueva fecha para ese trámite será el 5 de mayo, es decir 10 días hábiles después.
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En el documento emanado de la junta se explica que la decisión obedece a la solicitud que hizo la Procuraduría al respecto. De hecho, el propio procurador, Fernando Carrillo, se pronunció recientemente en ese sentido.
“Se busca que el proceso sea replanteado, las observaciones y recomendaciones atendidas y que la contratación se ajuste a los principios y normas que rigen el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, garantizando la transparencia en la selección, así como la idoneidad de quienes resulten adjudicatarios en dicho proceso contractual”, explicó el jefe del Ministerio Público.
La audiencia pública para anunciar el ganador, según la adenda publicada en la web del Fomag, sería el 22 de junio, al día siguiente se firmaría el contrato y la semana siguiente sería de empalme entre los operadores salientes con los entrantes. No obstante, anoche, al ser preguntada acerca de si ese plan podría tener modificaciones, la presidenta de la Fiduprevisora, Sandra Gómez, le dijo a Portafolio: “Estamos atentos a cualquier instrucción que el Ministerio Público nos dé”.
Justamente ayer hubo otro ruido en este proceso. Según la W Radio, la Procuraduría estaría valorando denuncias de supuestas reuniones de “altos funcionarios de la Fiduciaria de la Previsora... con personas interesadas en ganar la millonaria licitación” y se estaría preguntando si hay una injerencia irregular.
También, de acuerdo con el mismo medio de comunicación radial, se estarían indagando denuncias de Fecode, el sindicato de los docentes, en el sentido de que a partir de la licitación se está pensando en un aumento de la burocracia de los entes que custodian los recursos para la atención de los profesores.
Gómez señaló el hecho de que en la denuncia no se diga sobre qué altos funcionarios hay interrogantes en cuanto a sus actuaciones. “Yo he estado por todo el país reuniéndome con los sindicatos y los prestadores para revisar los temas que estaban atrasados, pero no sé a qué se refiere la Procuraduría; me toca esperar a que haya alguna notificación”, puntualizó.
