Desde hace más de un año el Congreso ha estado discutiendo la ley de licores promovida por los ministerios de Hacienda y Comercio. A falta de un debate para que se apruebe un nuevo esquema tributario, el lobby de los importadores de vinos se ha intensificado para no perder el que, por más de 15 años, ha sido un negocio que les ha dejado enormes ganancias por cuenta del modelo impositivo que los cobija.
Han sido alrededor de tres lustros los que han tenido los vendedores de vinos para fomentar la cultura del consumo de este licor en el país; no obstante, contrario a lo que se esperaría de un mercado naciente, en Colombia se están pagando los precios más altos por la bebida y los impuestos que estas tributan son mínimos.
El proyecto que hace trámite en el Legislativo busca que la metodología para definir el impuesto a pagar se mida con base a dos aspectos. El primero, los grados de alcohol, y el segundo, el precio por botella, actualmente solo se tiene en cuenta el porcentaje de alcohol.
La industria licorera, importadores y comercializadores ya le han dado su visto bueno a la iniciativa; sin embargo, los del negocio del vino han pedido al Gobierno diseñar un mecanismo diferente para su industria, puesto que consideran que con el que se aplicará una vez se dé el aval en el Congreso, su carga tributaria crecerá exponencialmente, con lo cual se desincentivará el consumo en el país.
Y es que aunque las comparaciones son odiosas, un champagne Veuve Clicquout cuesta en Colombia unos US$70, en Chile roza los US$59, en México no alcanza los US$30, en España apenas supera los US$35 y en Canadá está cerca de los US$47. A pesar del elevado precio en comparación con otros países, este licor de 12 grados de alcohol paga en Colombia $3.000, lo mismo que un vino moscatel de $10.000 para la venta al público.
En el país existen tres tipos de importadores: los de representación, que manejan el 86% del mercado; los grupos integrados, que controlan el 6%, y los directos (donde se destacan las grandes superficies) que manejan el 8% restante.
Un vino de alrededor de $48.000 deja una rentabilidad del 60%. El costo de importación es de $9.725, paga un impuesto de $4.221 y la logística para llevarlo a tiendas a disposición del público es de unos $5.250. Es decir, el margen de utilidad del importador y vendedor final es de $29.184, el 41% de quien lo trae al país y 19% para quien lo comercializa.
Con la reforma que se está buscando implementar, ese mismo vino dejaría como ganancia ya no el 60%, sino el 25%, lo cual sigue siendo saludable para el negocio, pero pagaría como impuesto $16.587, es decir, 3,9 veces más de lo que paga en la actualidad.
Aunque aparentemente resulta atractiva la iniciativa, quienes ingresan al país los vinos aseguran que la mayoría de las ventas del licor se realizan los viernes, cuando las grandes superficies ofrecen a sus clientes un 20% de descuento en esta bebida, costo que no asume el almacén, sino que le es trasladado al importador. En ese caso, la utilidad de la botella de vino de $48.000 ya no sería del 25% que quedaría con la reforma, pasaría al 19%; el negocio mantiene su rentabilidad, aunque en una menor proporción y con un mayor tributo. En el transcurso del próximo mes la plenaria del Senado debatirá el proyecto y de ser aprobado pasará a conciliación, y posteriormente a sanción presidencial, con lo cual los impuestos de este grupo de licores se incrementarán en casi cuatro veces, lo que, algunos sugieren, puede afectar su mercado.
CONTRABANDO DE LICORES
A pesar de que los importadores de vinos aseguran que con la reforma no solo se podría ver afectado el consumo, sino que también se incrementaría el contrabando, hay quienes sostienen que esta no es una probabilidad real.
Esto debido a que las condiciones para importar estos licores requieren condiciones de temperatura especiales que hacen que la entrada ilegal del vino no sea tan sencilla como la de otros tipos de licor como lo son el vodka o el wisky, que son ingresados de forma ilegal por el caribe colombiano.
