Uno de los temas que deberá afrontar el próximo gobierno es la necesidad de una reforma pensional en tanto el actual sistema es altamente inequitativo, tiene una baja cobertura y es financieramente inviable. En este sentido, el informe final de la Comisión de Estudio de Eficiencia del Gasto Público y la Inversión indicó que es necesaria una reforma al sistema general de protección a la vejez con el fin de superar estos problemas. Las propuestas de los candidatos presidenciales parecen recoger por partes las recomendaciones de la comisión.
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El candidato por el Centro Democrático Iván Duque, toma como base de su propuesta una de las recomendaciones más importantes de la Comisión, la cual tiene que ver con la eliminación de la competencia entre Colpensiones y los fondos privados. Esta propuesta no parece novedosa en cuanto es compartida prácticamente por todos demás los candidatos; sin embargo, la ruta a seguir para el logro de dicho objetivo no es lo suficientemente clara en todos los casos. Duque expone que en su gobierno se trabajaría por tener un sistema pensional bajo un patrón homogéneo, donde los subsidios sean transferidos a los trabajadores cuya pensión es más baja.
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Germán Vargas Lleras argumenta que es necesario eliminar la competencia entre el régimen privado y el público, a través de un mecanismo en el que ambos regímenes se complementen. Sin embargo, ninguno de los dos candidatos plantea explícitamente cuál sería el mecanismo usado para el logro de tal fin.
Por su parte, el candidato Gustavo Petro propone un sistema de dos pilares. Un primer pilar universal, en el cual los ingresos vendrían de dos fuentes: por una parte, de las cotizaciones individuales y, por otra parte, del sector público; y el reparto se haría de manera simple, es decir, a medida que lleguen cotizaciones se pagarían las pensiones. El segundo pilar, podría ser público o privado y sería para las personas de mayores ingresos.
Humberto de la Calle propone establecer un régimen de prima media tipo Colpensiones para los trabajadores que ganan hasta un salario mínimo. Para aquellos con ingresos superiores al salario mínimo, se mantendría el régimen de ahorro individual solidario de la misma forma como viene funcionando.
Finalmente, Sergio Fajardo centra su propuesta en aumentar la cotización al sistema de pensiones a través de la lucha contra la informalidad y la corrupción. La efectividad de esta propuesta se basaría en lograr reversar las cifras que tenemos hoy, las cuales muestran que solo el 30% de las personas que trabajan cotizan al sistema y que una buena parte de los recursos del sistema se pierden por cuenta de los fraudes y la corrupción.
Con respecto al aumento de la cobertura del sistema, Duque propone la creación de un fondo de ingreso mínimo garantizado, basado en un aporte de tres millones de pesos para personas que nazcan en familias con niveles 1, 2 y 3 del Sisbén, que generaría con un crecimiento real anual del 4%, a lo largo de la vida el ahorro necesario para obtener al momento de la edad de jubilación un ingreso mensual para quienes estén por debajo de la línea de pobreza. Sin embargo, no precisa de dónde saldrían los recursos ni tampoco quién los administraría, como tampoco explica cómo se garantizaría el rendimiento previsto ni aclara que el funcionamiento de este esquema dependería de unas condiciones macroeconómicas particulares. Así mismo, este esquema no soluciona la urgencia actual de darle cubrimiento a cerca del 76% de la población mayor de 65 años la cual no se encuentra cubierta por el sistema pensional.
Los demás candidatos coinciden en fortalecer los programas ya existentes como Beneficios Económicos Periódicos y Colombia Mayor el cual actualmente atiende a cerca del 41% de la población compuesta por mujeres mayores de 54 años y hombres mayores de 59 años con un beneficio de entre 40 y 75 mil pesos mensuales. Sin embargo, las posibilidades de ampliación del programa dependen de la revisión de la edad de acceso al programa, del monto del subsidio, de la población objetivo y de la existencia de programas complementarios de tal forma que se garantice en mayor medida la eliminación de la vulnerabilidad de los beneficiarios, teniendo presente que para el 2050 se prevé que la población mayor de 60 años se triplique.
Finalmente, la Comisión también advierte la necesidad de cambios en los parámetros del sistema con el fin de lograr estabilizarlo financieramente. De la Calle no descarta incrementar la tasa de contribución, Fajardo no compromete una posición sobre la edad de jubilación, Duque asegura que no se requiere bajo su propuesta aumentar la edad de pensión entre el 2018 y el 2022, Vargas Lleras por su parte sí reconoce la necesidad de introducir ajustes a la edad de pensión y, por último, Petro no menciona explícitamente ninguno de estos elementos en su propuesta.
En consecuencia, las propuestas de los candidatos parecen estar guiadas más por la no afectación de su popularidad, en tanto no hablan explícitamente de la necesidad de ajustes en el tiempo de cotización, la edad de pensión, la tasa de reemplazo y la pensión de sobrevivencia, factores que determinan en gran medida la posibilidad de eliminar los subsidios que hoy favorecen a las pensiones más altas y corregir así la regresividad del sistema.
En conclusión, ninguna de las propuestas parece contemplar una estrategia de reforma pensional integral en la que se incluya un plan de choque, por ejemplo, a través del ajuste de ciertos parámetros del sistema con el fin de afrontar la inviabilidad financiera actual, y que además involucre unos planes de mediano y largo plazo relacionados con temas transversales como, por ejemplo, la informalidad laboral; pero que también considere aspectos como la generación de incentivos para atraer a los trabajadores informales al sistema y la particularización de programas de acuerdo a aspectos como: la capacidad de ahorro de los trabajadores, su vulnerabilidad frente a choques económicos y su dificultad de mantener una historia de generación de ingresos continua, y su necesidad de cubrir necesidades de corto plazo (vivienda, educación, etc.), entre otros, los cuales han sido propuestos como soluciones desde la academia.
Karoll Gómez Portilla
Directora Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional.
