En Colombia el hacinamiento carcelario, que alcanza niveles de 80% en algunas zonas del país y que en promedio es de 52%, es una problemática histórica, permanente y que está lejos de solucionarse.
La razón principal, de acuerdo con el Ministerio de Justicia, es que abrir todos los cupos que se requieren para responder a la demanda que arroja el sistema penal y construir nuevas cárceles, costaría alrededor de $12 billones y tardaría al menos cinco años.
Sin embargo, el presupuesto que tienen tanto el Inpec como el Uspec, entidades encargadas de la operación y la gestión logística de esos centros de detención, incluyendo la infraestructura, es de $2 billones anuales.
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Con ese dinero se cubren absolutamente todos los gastos, desde la alimentación hasta los programas de capacitación, de 121.971 reclusos que residen en los 135 centros de detención existentes. Sin embargo, la capacidad real que tiene el sistema penitenciario es de 80.236 cupos, por lo que la sobrepoblación es de 41.735 personas.
En ese escenario, salta la pregunta de cómo financiar la construcción de nueva infraestructura, teniendo en cuenta que el presupuesto nacional es fijo y que el hecho de destinar más recursos a las cárceles, implica, necesariamente, disminuir la inversión en otros sectores, lo que resulta ser una medida políticamente impopular.
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No obstante, es importante señalar que, actualmente las personas condenadas a estar detrás de las rejas suman 82.049, y que el resto de la población son ciudadanos sindicados, es decir, que aún no han sido declarados culpables en un juicio.
Esa diferencia tiene relevancia porque, técnicamente, la nación tiene que proveer la infraestructura para los condenados, y las alcaldías y gobernaciones, por la de los sindicados, pero hoy ambos grupos comparten los espacios.
Ante esto, Juan Francisco Espinosa, ministro de Justicia encargado, señala que en el Plan Nacional de Desarrollo se aprobó que las autoridades nacionales y territoriales se pudieran unir para hacer infraestructura carcelaria.
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“Eso quiere decir que se pueden diseñar esquemas en los que el aporte del territorial sea el terreno, con sitios que tengan suficiencia de servicios públicos y que tengan concordancia con el POT del municipio, y la nación construye”, explicó Espinosa.
El funcionario destacó además que este año se abrirán 1.704 nuevos cupos, con obras de ampliación adelantadas en las cárceles de Girón, Ipiales y Girardot, que son producto de contratos hechos en 2014.
También, señaló que se encuentran ejecutando un plan de contingencia para habilitar más espacios en el corto plazo, con infraestructura modular.
Una de las ideas que ha estado en discusión hace mucho tiempo, es la de posibilitar que se construyan cárceles mediante el modelo de Asociación Público- Privada (APP), aprovechando el músculo financiero de las empresas.
Y aunque el Ministerio de Justicia se encuentra evaluando la viabilidad de ese modelo, de acuerdo con Espinosa, la ley de APP no está diseñada para hacer este tipo de infraestructura.
“En una concesión vial, por ejemplo, hay un aporte que pone inicialmente el Estado y otro que pone el privado, pero hay una fuente directa de ingresos que se llama peaje. En las cárceles no existe eso. No podemos decir que le pagamos la inversión al privado porque así se estaría contratando una obra. Por eso estamos en un proceso de flexibilización (de la norma) tendiente a buscar alternativas. Lo cierto es que no queremos terminar pagando más, porque si pagamos algo regularmente, puede que sea más caro que una obra pública”, dijo Espinosa.
En ese sentido, Santiago Tobón, investigador post-doctoral de la Universidad de Chicago e Innovations for Poverty Action, señaló que, de acuerdo con numerosos estudios adelantados en EE.UU., donde funciona ese modelo, se ha concluido que las cárceles privadas o en concesión no generan ahorros “o si los generan suelen ser mínimos”.
Y agregó que, aunque la calidad de la reclusión es similar entre las cárceles en concesión y las públicas, “los programas de resocialización son mejores en cárceles totalmente públicas”.
RESOCIALIZACIÓN
Las prisiones en el país fueron creadas bajo la filosofía de la resocialización, esperando que la persona que comete un delito, pueda volverse a integrar a la comunidad.
Sin embargo, el hacinamiento y la falta de infraestructura idónea que permita que los reclusos estudien o se involucren en actividades productivas, terminan promoviendo que los presos que cometieron delitos menores, puedan emprender fácilmente una carrera criminal.
De hecho, según Tobón, los internos que se exponen a alto hacinamiento y pocas posibilidades de resocialización, tienen una probabilidad de reincidencia 33% mayor a los demás.
Por esa razón, Espinosa destaca que es imperativo revisar la política criminal actual, ya que “el país asumió una posición de populismo punitivo, en el que pide frecuentemente que todo dé cárcel, cuando no siempre esa es la mejor fórmula. Un ejemplo es el altísimo porcentaje de mujeres condenadas por porte de drogas, que se llevan a prisión, sin que eso afecte a la industria criminal”, concluyó.
Adriana Carolina Leal Acosta
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