El Observatorio de Infraestructura del Valle (OIV) alerta sobre la vulnerabilidad del Puerto de Buenaventura en su conectividad con el país, al tiempo que hace un llamado para que se concrete el corredor Mulaló-Loboguerrero que conectará con el centro del país, y generará costos y eficiencias en el movimiento de la carga.
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Este organismo que lideran la Andi Seccional Valle del Cauca, la Cámara Colombiana de Infraestructura seccional occidente y ProPacífico, advierte varias situación en la zona.
Menciona que el agrietamiento de la vía Cali-Dagua-Loboguerrero el pasado 27 de octubre, el cual mantuvo inhabilitado el corredor por más de un mes, sumado a los constantes derrumbes en el corredor Mediacanoa-Loboguerrero han mantenido al puerto en situación de vulnerabilidad.
Otro problema que se presenta en la vía tiene que ver con los bloqueos que protagonizan habitantes de la zona y comunidades indígenas.
Todo lo anterior, con nocivas consecuencias sociales y económicas en cuanto el impacto que esto tiene sobre la competitividad y la cadena logística de la región y el país, comenta OIV.
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“Esto resalta la importancia de contar con el corredor Mulaló-Loboguerrero, el cual ha estado en etapa de pre-construcción durante siete años y es el único proyecto 4G que aún no ha iniciado etapa de construcción”, subraya.
Para el Observatorio, contar con el corredor Mulaló-Loboguerrero “permitiría una reducción de 52 km en recorrido y un 20% de los tiempos en tránsito, frente al corredor Cali - Mediacanoa - Loboguerrero, representando ahorros significativos para toda la cadena logística y el transporte por el orden de $640.000 millones”.
Lo anterior, agrega, si se tiene en cuenta que por la ruta usual se deben usar 12 galones de ACPM más de lo que usaría si estuviera funcionando la Vía Mulaló - Loboguerrero. Y argumenta que se trata de “una obra que conecta no solo las zonas industriales del Valle del Cauca, sino que además es la última milla de la Conexión Pacifico – Orinoquia”.
Recordó que la Contraloría considera como la mejor opción viabilizar el acuerdo con el concesionario para restablecer el equilibrio económico del contrato y poder iniciar la fase de construcción.
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Esto, “toda vez que el Estado estaría obligado a pagar una cifra por el orden de los $640.000 por terminar y liquidar el contrato de manera anticipada, considerablemente mayor que los cerca de $415.000 millones que cuesta la actualización de precios del contrato, considerando la diferencia de precios con el 2015, fecha en la que fue firmado el contrato que estuvo paralizado 7 años por temas de licenciamiento ambiental”.
“Nos unimos al llamado para que se materialice el acuerdo entre el Gobierno Nacional y el concesionario de manera que se pueda viabilizar el inicio de la fase de construcción de este importante proyecto”, señaló el Observatorio.
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