La polémica que se ha desatado por la forma en que se debe llevar a cabo el proyecto Metro de Bogotá, no ha cesado. El consorcio chino a cargo del proyecto, presentó 5 propuestas para subterranizar un tramo de la primera línea, sin embargo, el listado ha entrado en una discusión para saber cuáles son viables y qué es lo mejor para la capital Colombiana. No obstante el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, ha reiterado el deseo del Presidente para que esto sea una realidad, contrario a lo manifestado por la mandataria de los bogotanos, quien desea celeridad en esta megaobra.
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Esta situación ha desatado una ola de críticas, pues este lleva y trae entre los dirigentes ha puesto en duda la continuación del proyecto Metro y la viabilidad financiera de futuros proyectos en la capital, que cuentan con el respaldo del Gobierno.
Sobre la disputa, el presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, Juan Martín Caicedo Ferrer, explicó cuáles serían las consecuencias de una eventual suspensión de la megaobra, entre las que destacó que el principal perjudicado, será el ciudadano.
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“En la medida en que la entrada en operación de una primera línea del metro significa una solución a la movilidad de los bogotanos, en esa misma medida -si el proyecto sigue dilatándose indefinidamente- serían aquellos ciudadanos que usualmente se movilizan en transporte público los principales afectados por una decisión de esta naturaleza”, dice.
Además indicó: “En efecto la nación -tal como lo establece la ley de metros- asume el 70% de los costos del proyecto. Es decir que son recursos de los propios ciudadanos los que tendrían afectaciones, si se tiene en cuenta que la obra podría tener sobrecostos, incluso, de hasta $13 billones”, remata el líder gremial.
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Así mismo, Caicedo recordó que un gran porcentaje del recaudo recibido por el Gobierno nacional, proviene de la capital del país (25%), lo que significaría que los bogotanos son quienes, "paradójicamente, verían afectadas las soluciones de la ciudad en materia de movilidad y la correcta ejecución de sus recursos, producto de sus impuestos”, remata.
POR: PAULA GALEANO BALAGUERA
