A raíz del revuelo que se ha generado por los líos del Presupuesto General de la Nación (PGN) y los recientes anuncios del minhacienda y mintransporte sobre peajes y valorización predial, el sector de infraestructura ha alzado la voz reclamando seguridad jurídica y fortalecimiento de la confianza.
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“La situación que se presenta es grave, pues estamos hablando de la falta de certeza frente a los compromisos financieros del Estado Colombiano que ofreció a los inversionistas tanto privados como públicos en los contratos”, menciona Mario Huertas, presidente de MHC Ingeniería y Construcción de Obras Civiles SAS.
Sobre la posibilidad de cambiar la metodología de vigencias futuras o no subir los peajes en julio como se tenía programado, Huertas asegura que se verían en aprietos para cubrir las obligaciones y costos de los proyectos, lo que implicaría su ralentización o en el peor de los casos de su suspensión.
“Como colaboradores del Estado continuaremos con la ejecución de los proyectos hasta donde la fuente de ingresos lo permita, aclarando que si el Estado no cumple estos compromisos en el corto y mediano plazo en algunos proyectos es posible que no se cuente con las fuentes para continuar su ejecución”, explicó.
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Vías nacionales
Agencia Nacional de Infraestructura
Vale recordar que el ministro de Transporte, William Camargo, aseguró, en entrevista con El Tiempo, que podría sustituirse la única financiación (además de las vigencias futuras) de los peajes por valorización, y que empezaría a regir a partir de mayo.
En este punto, una de las grandes constructoras del país, que prefirió mantenerse en el anonimato, aseguró que los tiempos para implementar un cobro de este tipo en las vías concesionadas están muy ‘apretados’.
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Vías 4G en Colombia
FOTO: Jaiver Nieto / EL TIEMPO
“Para garantizar un sistema eficaz se requieren estudios técnicos y jurídicos muy particulares y extensos, los cuales van a tomar tiempo. No se está teniendo en cuenta una disponibilidad real de los recursos que deberán aportar los propietarios de los predios en caso de implementar el cobro”, dijo.
Para poder hacer este cambio en el modelo de financiero, el Gobierno deberá rehacer los contratos de la mano de las concesiones. Una de ellas, aseguró a este medio, que al ser una idea que no cuenta ‘con estudios técnicos, jurídicos y financieros rigurosos para su implementación’ debe ser socializada con todos los actores, pues “es un tema muy delicado”. Lo que entonces no garantizaría su implementación.
“Hoy en día hay mucha incertidumbre sobre el resultado de procesos de cobro y recaudo por valorización, sobre todo en predios rurales. La subida de peajes en julio es un compromiso anunciado por el gobierno que se debe cumplir a cabalidad”, concluye.
PAULA ANDREA GALEANO BALAGUERA
Periodista de Portafolio
