El acceso a servicios públicos domiciliarios es uno de los medidores de la calidad de vida de las poblaciones.
En Colombia se han logrado grandes avances. La cobertura de energía en las ciudades y las cabeceras municipales se acerca al 99,7%, en tanto que en el sector rural ronda el 95%, según datos oficiales.
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La Encuesta de Calidad de Vida realizada por el Dane en el 2016 también reveló que el 89,6% de los hogares colombianos contaba en ese momento con servicio de acueducto.
Sin embargo, el dato refleja una fuerte brecha entre el campo y la ciudad: el 97,5% de las cabeceras posee el servicio, en tanto que en los centros poblados y zonas rurales dispersos ese indicador apenas llega al 60,1%. En cuanto al gas natural, el Dane reportó que en 2016 la cobertura a nivel nacional mejoró a 64,7%, en las cabeceras 78,7% y en centros poblados y rurales dispersos fue de 11,9%.
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Pero la cobertura no es el único desafío. Se tiene que pensar también en darle sostenibilidad técnica y financiera al sector para alejar el fantasma de los apagones y mejorar el servicio en varias regiones donde los cortes minan la productividad.
Otro ítem tiene que ver con alcanzar mayores grados de eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos.
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Los candidatos con mayor opción a llegar a la Presidencia cuentan cuáles son sus propuestas al respecto.
Nuestra propuesta ataca 4 dramas del sector: limitación de recursos, pobre ejecución, falta de sostenibilidad e insuficiente vigilancia.
Aumentaremos los recursos públicos destinados al sector. La infraestructura energética del Caribe y la de agua potable y saneamiento básico del Pacífico serán prioritarias.
Potenciaremos la inversión privada, empezando por la revisión profunda de las comisiones de regulación. Expandiremos el alcance de las APP y de esquemas diferenciales reconociendo las particularidades del territorio. Simplificaremos el uso de participaciones y regalías, eliminando las descertificaciones y los Ocad.
Luego de entregar las obras, nos aseguraremos de la sostenibilidad en la operación y promoveremos prestadores regionales.
Reforzaremos la independencia y capacidad de la Superintendencia de Servicios.
ARCHIVO PARTICULAR.
Proponemos la expansión de cobertura de servicios públicos y sociales en zonas remotas y marginales, aprovechando nuevas tecnologías, para lograr alcantarillado en más del 70% de los hogares rurales, 100% de energía eléctrica y de agua potable en los municipios de mayor vulnerabilidad. Implantaremos una estrategia para el mejoramiento de 600.000 viviendas (baños, cocinas y suelos dignos, con servicio de gas y refuerzos estructurales).
En esta iniciativa también se habilitarán sistemas de “crédito cuota estable” para que familias vulnerables adquieran crédito de vivienda sin cuota inicial, pagando como cuota lo que hoy cancelan de arriendo y convirtiéndose en propietarios en un tiempo razonable; y crearemos bonos de innovación social para multiplicar el impacto de las organizaciones comprometidas y efectivas con las comunidades más vulnerables.
EFE
Impulsaremos la prestación universal de servicios públicos de calidad, a precios razonables, y sobre ello habrá una auditoría efectiva.
Es necesario involucrar a los usuarios y las ligas de consumidores en las decisiones de las Comisiones de Regulación, así como en la gestión y definición de las políticas del sector.
Diseñaremos estrategias diferenciadas para aumentar cobertura y mejorar la calidad de los servicios en el sector rural.
Profundizaremos las políticas para promover eficiencia y uso racional de agua y energía.
Las zonas no interconectadas requieren soluciones no tradicionales, con transferencia tecnológica e impulso de proyectos de energías renovables. El uso de buenas prácticas y una mayor inversión de la Nación a través del fondo de apoyo financiero para la energización de las zonas rurales interconectadas (FAER), permitirá avanzar en esta materia.
JUAN PABLO RUEDA / CEET
Mejoraremos calidad y reduciremos costos de los servicios públicos domiciliarios. Se modificará el régimen de agua potable y saneamiento básico para permitir la conformación y prestación por parte de empresas públicas y comunitarias, buscando reducir la brechas entre lo urbano y lo rural y articulando la gestión ambiental.
Adoptaremos el mínimo vital gratuito a la par que promoveremos el consumo responsable y el ahorro del agua. Cerraremos progresivamente los rellenos sanitarios a cielo abierto y garantizaremos la inclusión de la población recicladora al servicio de aseo.
Aprovecharemos la energía solar en sistemas independientes y pondremos en marcha tecnologías basadas en energías limpias, sobre todo solar y eólica, con reducido impacto ambiental, todas descentralizadas y estimulando la gestión comunitaria de las mismas.
VANEXA ROMERO/ CEET
Conectaremos a más de 2 millones de personas a sistemas de acueducto y alcantarillado.
Además, se reducirá la brecha entre el sector rural y el urbano, así como entre regiones (el Caribe y el Pacífico están un 20 % por debajo de la cobertura del centro del país).
Haré una inversión, sin precedentes, de $2,4 billones para acueducto y tratamiento de residuos. Se promoverá un fuerte marco regulatorio que permita medir el desempeño de las empresas prestadoras de servicios e impulse esquemas de modernización empresarial, con capacidad técnica, para garantizar el mejoramiento sustancial en la prestación de estos.
También se dará solución al problema de las basuras a través de su aprovechamiento para procesos industriales y agrícolas, así como el tratamiento del 70 % los residuos orgánicos generados en el país en los próximos 10 años.
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