Cinco años después de que se desatara el escándalo de corrupción que culminó con la desaparición de InterBolsa, entonces el mayor conglomerado bursátil del país, que manejaba cerca de una tercera parte de las operaciones con títulos valores, la mayoría de los procesos penales contra los responsables siguen sin cerrarse. Además, las empresas que hacían parte del holding fueron liquidadas ya, aunque no todas las víctimas alcanzaron a ser reparadas.
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Justamente mañana se cumple el quinto aniversario de este escándalo que comenzó el 2 de noviembre del 2012 –cuando se destapó la crisis de liquidez de InterBolsa– con el impago de un crédito por $20.000 millones al BBVA, originado por las operaciones temerarias de sus directivos con las llamadas operaciones repo sobre las acciones de Fabricato.
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Mientras que la arista penal de este proceso sigue abierta, la administrativa está prácticamente cerrada, por lo menos dentro del territorio nacional, pues existe una denuncia de Víctor Maldonado y su círculo familiar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la supuesta falta de garantías para defender sus derechos.
Con ello no solo busca mantenerse por fuera de la cárcel (quedó libre a comienzos de este año por vencimiento de términos), sino recuperar los bienes que le fueron incautados. Para los próximos días se espera que ese tribunal internacional decida si admite o no llevar este caso.
El 29 de agosto pasado, el superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar, anunció el fin de la liquidación del Fondo Premium, última firma del entramado empresarial ligada con InterBolsa que se mantenía viva. Desde ese momento, los activos que faltaban por repartir, valorados en 206.465 millones de pesos, pasaron a una fiducia.
Según Reyes, fue el proceso de su tipo más exitoso ocurrido en Colombia hasta ahora, ya que se lograron recuperar bienes por $385.000 millones (de ellos el 86% eran de Maldonado), suficientes para cubrir las acreencias de más de mil víctimas de captación ilegal y un remanente para saldar una cuenta con la Dian por más de $30.000 millones. En abril del 2016, también la Supersociedades, terminó la liquidación de InterBolsa S.A., la holding del grupo, en la que se recuperaron $58.000 millones equivalentes al 65% de lo invertido por particulares en los llamados títulos TEC de Luxemburgo.
De la Sociedad Comisionista InterBolsa, liquidada por Fogafín, había 492 víctimas reclamando $254.000 millones y solo se recuperaron 65.000 millones de pesos representados en acciones de Fabricato y de la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC). “Este es el caso más exitoso que tenemos hasta ahora en esta materia teniendo en cuenta la complejidad, el monto de los recursos comprometidos, las instancias procesales, las acciones de tutela interpuesta y el embargo de activos. No tiene precedentes en el país”, aseguró Reyes Villamizar.
LA INSTANCIA PENAL
En la actualidad, las cabezas del descalabro financiero están cumpliendo con las condenas que hasta la fecha han recibido. Rodrigo Jaramillo Correa, presidente del Grupo InterBolsa, tiene casa por cárcel, dentro de una condena de siete años por los delitos de manipulación fraudulenta de especies y administración desleal, cargos que aceptó en noviembre del 2013. La medida de aseguramiento la cumple desde el 27 de diciembre de ese año, en Medellín. La decisión fue adoptada por el juzgado 64 penal de control de garantías. Cuando cumpla las tres quintas partes de la sentencia, podrá solicitar su libertad, esto sería hacia marzo del próximo año.
No obstante, las acusaciones por estafa agravada, operaciones no autorizadas y concierto para delinquir terminaron a favor del exdirectivo, tras el vencimiento de los términos.
Tomás Jaramillo, hijo del presidente de la holding y otro de los cerebros del manejo fraudulento de las acciones de la textilera, fue condenado a pagar en la cárcel La Picota de Bogotá una sentencia de cinco años y nueve meses, por los delitos de manipulación fraudulenta, estafa agravada y concierto para delinquir. Juan Carlos Ortiz, recibió la misma condena, mientras que Alessandro Corridori fue dejado en libertad por vencimiento de términos y emprendió una carrera de demandas contra el Estado por su vinculación al proceso. Este era el mayor accionista de Fabricato; la Fiscalía lo investigó por el delito de manipulación de acciones en la Bolsa de Valores de Colombia.
