Recientemente tuvimos dos noticias reveladoras sobre la relevancia del análisis económico frente al reto del cambio climático. Primero se anunciaron los ganadores del premio Nobel de Economía a Paul Romer y William Nordhaus por sus contribuciones sobre el desempeño macroeconómico en el largo plazo. En el caso de Romer, el premio se le ha otorgado por formalizar el paradigma de la innovación tecnológica como motor del crecimiento sostenido y la importancia de la política económica para generar los incentivos adecuados para innovar. En cuanto a Nordhaus, se le reconoce por integrar el cambio climático, sus determinantes y consecuencias, al análisis de la actividad económica en el largo plazo.
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Esta clase de análisis, del que Nordhaus es pionero, se conoce como modelos de evaluación integrada (IAMs en inglés). Estos modelos combinan la producción de bienes y servicios de los que la sociedad se beneficia, con un análisis de los daños ambientales que se derivan de esta actividad; en particular, el análisis incorpora las emisiones de gases de efecto invernadero, GEI, y su contribución al aumento de la temperatura del planeta a medida que se acumulan en la atmósfera.
Una de las principales razones para realizar un análisis basado en IAMs es calcular el costo social del carbono (CSC). Esto es, cuánto es el costo económico de largo plazo para la sociedad, de incurrir hoy en emisiones adicionales de GEI, calculado en equivalentes de CO2.
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En este sentido, el aporte de Nordhaus ha sido fundamental para poner sobre la mesa números concretos del costo económico de los daños asociados a las emisiones de GEI. Estos números han sido insumos básicos para informar el debate sobre nivel máximo de aumento de temperatura que como sociedad debemos estar dispuestos a aceptar y fijar metas sobre la reducción de emisiones que minimicen el riesgo de una catástrofe global, elementos cruciales del acuerdo de París de 2015.
¿Por qué calcular el CSC es importante? Porque, dado que el cambio climático no es un fenómeno inmediato, los agentes que realizan las actividades que se benefician de las emisiones de GEI, por ejemplo nosotros cuando utilizamos energía producida con combustibles fósiles, no son necesariamente los mismos que asumen buena parte del costo de estas emisiones, por ejemplo los futuros habitantes de las ciudades costeras que tendrán que enfrentarse a niveles del mar más altos. El CSC es entonces una herramienta de política que permite identificar cuánto deberían pagar los agentes por unidad de GEI emitida, de tal forma que sus decisiones adecuadamente incorporen el costo que sus acciones imponen sobre el resto de la sociedad.
El CSC se puede calcular bajo diversos escenarios potenciales y por tanto no está exento de controversias y plantea serios debates de carácter ético. Estos problemas en el cálculo están típicamente asociados, a que, los beneficios y los costos no se distribuyen igual entre la sociedad. Por ejemplo, el resultado de un análisis basado en IAMs, depende de cómo cuantifiquemos el bienestar de las generaciones futuras. El problema acá es que el beneficio de emitir hoy (producir bienes y servicios) lo disfruta la generación actual, mientras que el costo lo asumen, principalmente, las generaciones futuras (las temperaturas más altas se verán reflejadas en el futuro). Otro problema asociado al cálculo es que, mientras los beneficios de emitir GEI son mayoritariamente locales, pues cada país se beneficia de su propia producción, los costos son globales, pues los GEI simplemente se mezclan “uniformemente” en la atmósfera. Cuando el cálculo del CSC le da poca importancia al bienestar de las generaciones futuras o a los costos que las emisiones de GEI imponen al resto de los países, el valor calculado del CSC será más bajo.
Teniendo en cuenta estas consideraciones, el mensaje de buena parte de las contribuciones asociadas al trabajo pionero de Nordhaus, es que como sociedad tenemos un compromiso ineludible por reducir las emisiones de GEI. Teniendo en cuenta los potenciales riesgos asociados al aumento de temperatura, existe un cierto consenso sobre que el CSC es de no menos de 50 USD por ton de CO2 (o su equivalente en otros GEI). Muy por encima del impuesto al carbono en Colombia (alrededor de 5 USD).
La segunda noticia fue el reporte especial publicado por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC en inglés), el organismo de las Naciones Unidas dedicado a la producción científica sobre el impacto ambiental y económico del cambio climático. El reporte, en el que participaron 91 científicos, argumenta que la meta de aumento de temperatura, con respecto al nivel preindustrial, debe ser 1,5oC. El reporte presenta amplia evidencia sobre los daños que se pueden evitar por esta diferencia de medio grado con respecto a los 2oC que fueron el punto focal de las metas fijadas en París. Por ejemplo, con un aumento de 1,5 oC se espera que en 2100 el nivel del mar sea 10cm más bajo que si el aumento es de 2 oC, y que en lugar de una casi completa desaparición de las barreras de coral, hasta el 30% sobreviva.
Esta meta de aumento inferior 1,5 oC parece difícil de alcanzar, y va requerir de imponer costos a las emisiones de GEI en línea con valores razonables del CSC (W. Norhaus) y de proporcionar los incentivos necesarios para que se generen innovaciones tecnológicas (P. Romer) que reduzcan la intensidad de carbono del aparato productivo y que permitan la captura del carbono ya acumulado en la atmósfera.
Así, el reto de enfrentar el cambio climático no sólo es ineludible, sino que la nueva evidencia apunta a que es más urgente de lo anticipado en París, requiriendo de efectiva e inmediata cooperación internacional, que en la coyuntura política de hoy (America First, Brasil Primeiro, …) se antoja alarmante.
Mauricio Rodríguez,
profesor de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario.
