La aprobación del Plan Nacional de Desarrollo (PND) le dejó un sabor dulce a Fedesarrollo, que considera que esta hoja de ruta será clave para mejorar el crecimiento económico del país a mediano plazo.
(Perspectivas económicas de Fedesarrollo).
Sin embargo, algunos puntos le dejaron un sinsabor al centro de estudios económicos más importante del país. Su director, Luis Fernando Mejía, habló con Portafolio y dijo que el principal lunar del plan es la inclusión de aranceles a textiles y confecciones, a los que calificó de inconvenientes e “incluso podrían ser inconstitucionales”.
¿Qué es lo que más resalta del PND aprobado?
El PND tiene elementos para destacar, como su enfoque en lo social y en que le da continuidad a lo que ha sido uno de los principales logros socioeconómicos del país en esta década, la reducción de la pobreza.
Además, está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo cual le da una visión de largo plazo, e incluso comprende lo que he llamado la cuantificación y solución de pasivos. Es decir, allí hay aspectos para resolver algunos pasivos a nivel nacional y territorial, entre ellos el programa de saneamiento para empresas sociales del Estado y de contingencias de empresas como Hidroituango y Electricaribe.
¿Qué no le gusta?
Cuando se radicó su primera versión, dije que me parecía un error estratégico incluir temas tributarios, porque esto abriría una caja de pandora de otras solicitudes, tal y como sucedió. Por premuras del debate, no hubo un análisis serio del costo - beneficio de cada uno de los puntos, y en esto quedé con la sensación de que no se estudió el efecto integrado de las deducciones y exenciones nuevas.
¿Los nuevos aranceles a textiles y confecciones son inconstitucionales?
Son inconvenientes y podrían ser inconstitucionales, porque esta es una competencia del Ejecutivo, particularmente del Presidente. Además, el Gobierno cuenta con instrumentos de defensa comercial ante sospechas de contrabando o dumping comercial, y es fundamental tener una visión de que las instancias deben funcionar.
Nos parece muy inconveniente que eso se incluya en un PND, porque, además, suponga que los proteccionistas que están de acuerdo con la medida encuentran que esta no fue suficientemente fuerte, entonces habría que presentar otra ley para modificar los aranceles incluidos.
(‘La migración de Venezuela le dejará un dividendo a Colombia’).
Por último, el plan tiene una gran cantidad de artículos; en el texto quedaron más de 330, es decir, 30% más de los que quedaron en los planes del expresidente Juan Manual Santos y mucho más de los que tuvieron los de Álvaro Uribe.
En últimas eso lo que implica es que limitó la capacidad de discusión sobre la conveniencia o no de los artículos, porque el énfasis quedó en temas más polémicos, pero los otros infortunadamente no se pudieron discutir. Hay que debatir cómo el PND debería limitarse a artículos que realmente instrumenten los elementos claves de esa hoja de ruta del Gobierno.
En el plan se avaló bajar el IVA a la gasolina y el salvavidas a Electricaribe, ¿está de acuerdo con esto?
Acerca del IVA de la gasolina, comparto la idea de disminuirlo y de mantener el precio al consumidor final, de tal modo que se reduzcan los subsidios que se pagan por ese combustible, que son sustanciales.
En cuanto a Electricaribe, lo que hace el Gobierno es usar todas las herramientas que tiene para darle viabilidad a esa empresa y allí, más allá de los créditos garantizados, la otra alternativa es la sobretasa que no es grande individualmente, aunque en el agregado puede ser un costo importante.
En las bases del plan quedó un tema de ‘fracking’. ¿Qué tan vinculantes son estas bases?
El artículo 2 del plan dice que las bases hacen parte de la ley y eso le da fuerza jurídica a los elementos del PND. Pero, aún más importante es que este documento debe contener la justificación de la política pública que después se pretende materializar en la reforma normativa.
Eso es clave, porque en la revisión de constitucionalidad de la Corte, se ha dicho que debe haber una conexidad entre las bases y el articulado, y las primeras son las que les da esa viabilidad a todos los artículos.
Finalmente se eliminaron los traslados exprés de régimen pensional, ¿qué piensa al respecto?
Esa amnistía de traslados que se propuso era muy inconveniente, porque profundizaba uno de los graves problemas del sistema, que es la inequidad y regresividad del régimen de prima media. Celebro que no se aprobara, porque para solucionar el problema pensional, sobre todo la muy baja cobertura, no tiene sentido entregarles un peso más a los ya afortunados.
Algunas facultades extra para el Presidente se aprobaron, ¿esto les preocupa?
No, porque el Congreso le pidió al Gobierno precisar las facultades generales que había solicitado y ahora hay unas bastante más específicas, pero antes de hacer una evaluación del impacto real, por ejemplo en una eventual reorganización estatal, nos hace falta más información.
¿Este PND servirá para mejorar la economía y el frente fiscal del país?
El Gobierno tiene una visión de lograr un crecimiento de 4,1% a mediano plazo, y eso implica un aumento importante de la inversión privada, que debería estar creciendo 5,7%. Esa es una apuesta importante y algunos de los temas del plan y de la ley de financiamiento apuntan en esa dirección. No obstante, nuestras cuentas siguen siendo un poco más conservadoras.
Por ahora, falta ver si realmente la ley de financiamiento va a lograr tener un incentivo importante de la inversión privada, que será el elemento financiador de la economía. Por su parte, el frente fiscal aún no nos cierra, pero pronto veremos cómo lo proyectará el Gobierno en el Marco Fiscal de Mediano Plazo.
VIVIENDA RURAL
Se aprobó darle al Minvivienda la política de vivienda rural, ¿esto estuvo bien?
Esa fue una buena decisión. Antes había una fragmentación extraña de la política de vivienda entre los ministerio de Vivienda y Agricultura, pero por otro lado, estaba unificada la política de saneamiento y agua potable en cabeza del Minvivienda.
Entonces, había ciertos problemas de descoordinación, en la medida que una política integral en el sector rural requiere soluciones de abastecimiento de agua potable, por lo cual creo que en materia de capacidad y eficiencias de procesos, esta es una buena decisión, que incluso ya se había discutido en el Gobierno anterior.
