En la Colombia Humana no se expropiarán empresas, ni negocios, ni viviendas ni tierra productiva, pero será objetivo prioritario que progresivamente ingresen a la producción de alimentos y a la agricultura campesina alrededor de tres millones de hectáreas que hoy están destinadas a ganadería extensiva o no tienen uso alguno.
Hay que detener el aumento de la frontera agrícola, impulsando el desarrollo productivo de las zonas planas y de sabana con vocación agrícola, para frenar la deforestación, uno de los principales problemas ambientales que enfrenta el país.
Una tarea de nuestro gobierno consistirá en reducir las desigualdades en las condiciones
de vida de las poblaciones rurales, respecto a las urbanas. Aplicaremos los instrumentos previstos en la Constitución y la Ley para poner en práctica la función social de la propiedad y la democratización del acceso a la tierra. De esta forma se harán respetar los derechos de los pueblos indígenas a sus territorios, los territorios colectivos de las comunidades afrocolombianas de valles interandinos y del caribe, se distribuirá tierra entre las víctimas del conflicto y los campesinos para garantizar la oferta interna de alimentos, que llegarán a las ciudades a través de canales de comercialización más equitativos y se armonizará la producción agrícola y pecuaria con la protección ambiental.
Uno de los principales instrumentos para aumentar la oferta de tierras productivas y democratizar el acceso a la tierra será el impuesto predial rural, con tarifas crecientes en
función del área de los terrenos, de las condiciones de producción y de la relación entre la aptitud y el uso del suelo. Además de establecer tarifas mínimas en las normas nacionales, de acuerdo con esos criterios, se dará prioridad urgente a la actualización prioritaria del catastro en las zonas de mayor concentración de la tierra.
Los recursos provenientes de la actualización catastral y el aumento de las tarifas se destinarán a la producción de bienes públicos de apoyo a la economía campesina local y regional y al desarrollo de programas sociales municipales que mejoren las condiciones de vida de la población rural dedicada a labores agrícolas y pecuarias.
Se impulsarán los distintos instrumentos del Fondo de Tierras y se formará,
donde sea necesario, se actualizará y modernizará el catastro multipropósito como primer paso para asegurar la identificación de las propiedades rurales y, consecuentemente, el reconocimiento de la posesión, es decir, la relación directa y material con la tierra. Así, se avanzará luego en el otorgamiento de títulos que protejan contra la desposesión violenta y contra la imposición de relaciones feudales aún presentes en las zonas rurales. El catastro multipropósito también será la base del ordenamiento social, ambiental y productivo de la ruralidad y la protección y el apoyo financiero y con oferta de bienes públicos de la pequeña agricultura. Con ese fin se implementarán las zonas de reserva campesinas, la adjudicación familiar y otras formas de organización territorial que propongan las organizaciones campesinas con una perspectiva regional, así como las empresas asociativas y alianzas fuertemente regulados con el sector agroindustrial.
Para que la economía campesina sea sostenible, es necesaria la construcción o el mejoramiento de vías secundarias y terciarias que permitan reducir los costos de intermediación de los productos, así como la construcción de infraestructura productiva para potenciar la productividad de las comunidades rurales y la generación de valor
agregado a la producción agropecuaria. Las vías que serán priorizadas serán definidas en el Plan de Desarrollo conjuntamente con las organizaciones campesinas, estableciendo criterios de equidad regional en función de los recursos que se asignen.
Se revitalizarán los mercados campesinos en todo el país, para que allí sea posible la
comercialización directa de los productos del campo a la mesa, y se facilitará el acceso al crédito a las familias campesinas y a proyectos cooperativos o de economía solidaria. Se regulará el mercado de insumos agropecuarios, fomentando el uso de prácticas y productos limpios y el manejo integrado de plagas, igualmente se protegerán las semillas
como patrimonio cultural y base fundamental de la soberanía alimentaria. Para logar todo esto, fortaleceremos y estimularemos la asociatividad entre pequeños productores. Además, con las organizaciones campesinas y los pueblos indígenas y afrodescendientes, pondremos en marcha la estrategia nacional custodios de semillas.
