Más se demoró el ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla, en ventilar la posible enajenación del 8,5% de Ecopetrol, que algunos sectores económicos del país en poner sobre la mesa la opción de vender las otras empresas del sector mineroenergético que posee el Gobierno Nacional.
Para los analistas, si el Ejecutivo accede a la venta de la participación en estas compañías, que son 22, se convertiría en un negocio redondo ya que se calcula que entrarían a las arcas del Estado poco más de $9,7 billones.
Pero este hecho llamaría mucho más la atención, ya que si se suma la citada cifra a los poco más de $10 billones que dejaría la venta del 8,5% de la petrolera colombiana, al Estado le quedaría un monto nada despreciable de casi $20 billones.
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La totalidad de estos recursos representarían casi el triple de la venta de Isagen ($6,1 billones) o cubrirían más del 95% del valor que cuesta hacer el Metro de Bogotá.
Además, el Gobierno Nacional tendría un margen de sobra bastante amplio en cuanto a recursos, ya que se deben tener en cuenta los dineros que se captarían por la Ley de Financiamiento, estimados entre $7,7 y $7,8 billones.
Si el Ejecutivo contempla la idea y pone en práctica la venta de las empresas del sector mineroenergético en las que tiene participación, contando la del 8,5% de Ecopetrol y lo recaudado por la Ley de Financiamiento llegarían a la caja más de $28 billones.
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CON HOLGURA Y RECURSOS DE SOBRA
Para los analistas, la citada suma no solo alivianaría de sobra las cuentas del Estado, sino que de paso dejaría un remanente que el Gobierno puede utilizar con total holgura para aumentar el desarrollo de programas sociales.
Según las cuentas del Ministerio de Hacienda, la Nación requiere para el presente año $259 billones para su funcionamiento, inversión y pago de deuda. Hasta la fecha hay fijos $245 billones, y con los recursos captados por la Ley de Financiamiento, se llegaría a los $252 billones.
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El faltante de $7 billones (para llegar a los $259 billones) se cubriría con la venta del 8,5% de Ecopetrol, operación que dejaría $10 billones. La diferencia ($3 billones) más los $9,7 billones que dejaría la enajenación de las empresas del estado mineroenergéticas le representarían a las arcas del país más de $11 billones, libres para nuevas inversiones sociales.
ELECTRIFICADORAS, TAJADA IMPORTANTE
A su haber, el Gobierno Nacional posee 22 empresas que hacen parte del aparato productivo del sector mineroenergético.
Se cuentan entre generadoras, transmisoras y distribuidoras de energía, así como petroleras y transportadoras de crudo y plantas de fosfato. Al consultar con analistas del mercado sobre la viabilidad en la venta de estos activos del Estado, indicaron que la mayoría de esas empresas están listas para ofrecerse, y que le dejarían a la Nación importantes recursos. Así mismo, no dudaron en afirmar que la gran tajada de recursos vendrían de la enajenación de las generadoras, transmisoras y distribuidoras de energía, ya que no solo allí se concentra más del 70% de la participación estatal, sino que además la sola venta de ISA le reportaría a la Nación grandes dividendos, además que sería fácil el proceso, ya que está listada en bolsa.
Pero subrayaron que si se llega a adelantar la enajenación de ISA, primero y por estrategia se tiene que desligar a XM, que es el administrador del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y operador del Mercado de Energía Mayorista (MEM).
La fuente incluso dejó claro que el Ejecutivo podría darse el lujo de no vender toda su participación, y aún así recibiría una importante “tajada” por la venta de una parte de su participación.
Agregó que incluso varias de las empresas del sector eléctrico en las que el estado tiene participación ya tienen estudios finalizados con miras a una posible venta como fueron los casos de Gecelca y Urra que contrataron en el 2006 y respectivamente una banca de inversión para tal fin, y que no se ejecutó por coyuntura.
En el mismo proceso estuvieron las electrificadoras de Nariño, Caquetá, Meta y Huila, señaló el analista consultado.
Con respecto a la venta del solo paquete de las electrificadoras, incluido ISA, los expertos calculan que la operación le dejarían al Estado más de $6 billones.
“Si las ventas de estos activos mineroenergéticos representan para el país una mejora en su competitividad, porque las inversiones que se realizarían son en construcción e infraestructura y que contribuirían a dinamizar la economía, sin duda resultaría una operación interesante para el Gobierno”, afirmó Camilo Silva, director de la firma Valora Analitik.
El consultor precisó que dos sectores de la economía a donde se deberían llevar grandes inversiones si se llega a ejecutar la venta de los activos mineroenergéticos son el turismo y agropecuario. “En el primero, modernización de la infraestructura y para el segundo, su industrialización”, dijo.
ACTIVOS DE TRANSPORTE DE ECOPETROL
La venta de Ecopetrol, que haría parte de la venta de activos del sector mineroenergético que posee el Estado, es rentable siempre y cuando se desligue de la operación a los activos de transporte que hacen parte del conglomerado de la petrolera.
Así lo afirmó el ingeniero Julio César Vera, presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (Acipet), al precisar que la enajenación tanto de las transportadoras de hidrocarburos Cenit, como la del Oleducto Central (Ocensa), debe ser independiente.
“Poner en venta a Cenit y Ocensa sería una operación interesante ya que no solo le generarían unos recursos adicionales al Gobierno Nacional, sino que además le permitiría a Ecopetrol fortalecer su caja para ampliar su operación”, explicó el presidente de Acipet.
A la hora de hallar nuevos recursos, el Ejecutivo tiene de donde echar mano para conseguirlos.
LA VENTA DEL 8,5% DE ECOPETROL SIGUE SOBRE LA MESA
Luego del anuncio del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, de la posibilidad de vender el 8,5% que hace falta para completar el 20% de la enajenación de Ecopetrol, el tema sigue generando polémica.
Mientras el funcionario afirmó que existe la autorización para adelantar la operación, pero que previamente se debe discutir la posible venta con el presidente Iván Duque, pero que esos recursos están aprobados.
Los contradictores, como el sindicato de la USO, y congresistas advierten que la venta de este porcentaje accionario de la petrolera no es necesario, y que incluso hay otros activos del Estado que se pueden vender, no la petrolera.
Alfonso López Suárez
Redacción Portafolio
