Las deliberaciones en torno al segundo debate del Plan Nacional de Desarrollo, que debe quedar aprobado antes del 7 de mayo, tendrán a la salud como una de las protagonistas.
Varios artículos de este proyecto de ley quedaron avalados en el primer debate, según confirmó el Ministerio de Salud, que detalló que propuestas como el acuerdo de punto final, el giro directo, la centralización del No PBS, y la destinación y distribución de los recursos del Sistema General de Participaciones para cofinanciar programas de salud pública –entre otros– recibieron el sí por parte del Congreso de la República.
Al mismo tiempo, artículos transversales como el saneamiento fiscal y financiero de hospitales y la transformación digital pública que busca avanzar en la historia clínica electrónica interoperable, contaron con la aprobación del legislativo.
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En total fueron 20 los artículos aprobados, que se traducen en nuevas políticas que se aplicarían en los próximos 4 años, planteadas con la idea de beneficiar en salud a los ciudadanos, garantizar la sostenibilidad del sistema y dar nuevas herramientas al Estado y los departamentos para administrar este sector.
“Tras 45 días de discusión abierta sobre cada uno de los artículos, el Congreso ha permitido que la propuesta del Minsalud siga avanzando, después de enriquecerla y discutirla a profundidad”, dijo la viceministra de Protección Social, Diana Isabel Cárdenas Gamboa al término de la sesión, en la que destacó que hubo un debate amplio con los congresistas.
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DENUNCIAN 'MICOS'
No obstante, varios congresistas de las comisiones económicas conjuntas han expresado su descontento con algunos cambios que ha tenido el articulado a lo largo de su trámite legislativo.
Uno de ellos es Juan Luis Castro, senador del partido Alianza Verde, quien explicó que el Plan de Desarrollo trae propuestas muy importantes para mejorar el sistema de salud colombiano, y “es vital que el país invierta en la salud pública, si queremos que el sistema sobreviva”.
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Por esto, el parlamentario señaló que tiene reservas sobre diferentes aspectos, incluso de algunos que señaló la Viceministra.
“En principio, es importante señalar que este PND no es ambicioso porque no cambia la realidad del sistema, no hay inversiones grandes en el tema de salud pública, y lo relacionado con salud mental sigue quedándose corto. Además, en cuanto a la calidad, los ajustes a la Superintendencia de Salud mejorarán las cosas, siempre y cuando ellos estén encima de los hospitales, lo cual no parece posible”, agregó.
Y es que según cuentas del congresistas, la entidad vigilante tiene unos 190 empleados, cada uno de los cuales vigila procesos por unos 50 mil millones de pesos. De otro lado, según Castro, el PND abriría la puerta para que las inhabilidades que se quieren instaurar para la compra de EPS ya no sea para cualquier persona condenada o sancionada por diferentes delitos, sino solo por el hecho de haber sido condenado por malos manejo de recursos públicos. “Esto permitirá que si una persona fue condenada, por ejemplo, por malos manejos de recursos privados y se los robó, de todas formas puede comprar una EPS”, indicó.
PIDEN AJUSTES
En el mismo sentido de que una persona o dos entidades privada realicen una compra/venta de una EPS, el PND legislaría que estas negociaciones se realicen bajo la órbita del derecho privado, es decir, que queden por fuera de la supervisión de los organismos de control.
De otro lado, hay un artículo que busca que la Adres le gire de forma directa los recursos a las IPS (y terminen la intermediación por las EPS), el senador afirmó que la sintaxis de este punto, que inicialmente se ponía como obligatorio, ahora sería opcional.
Finalmente, Castro indicó que el capítulo del plan que le daría vida a la ley de punto final es “la política más importante que tiene este Gobierno, ya que su fin es pagar todas las deudas del sistema general de salud. No obstante, hay una discordancia sobre los recursos, ya que el Ministerio de Hacienda dice que se destinarían $5 billones, pero las EPS e IPS dicen que las necesidades ascenderían hasta $14 billones”.
Concluyó que “se deben tener fechas y pagos exactos, o, si no, en cinco años estaremos igual a como estamos hoy”.
