Bien sea porque los títulos mineros fueron entregados bajo legislaciones anteriores o porque no han actualizado sus planes de manejo ambiental, hoy no es claro cómo operan 74 por ciento de las concesiones para explotar algún material en Cundinamarca, advierte la Contraloría departamental.
La afirmación la hizo luego de finalizar un balance sobre la industria minera en el territorio que componen 116 municipios, de los cuales 110 presentan algún tipo de actividad extractiva.
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Cuando se les consultó a la Agencia Nacional Minera (AGM), a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y a las tres corporaciones autónomas regionales (CAR) que tienen legislación en Cundinamarca, se encontró que de las 875 concesiones que requieren licencia ambiental, no hay información sobre 646, lo que, según el contralor departamental Ricardo López, muestra una falta de coordinación entre las entidades que deben hacer seguimiento a los instrumentos para ejercer esta actividad.
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“Si queremos ejercer un control sobre los recursos del departamento, debíamos partir de una base de datos que no existía, y eso fue lo que consolidamos”, señaló el contralor López en la presentación del informe, que es pionero en articular las cifras sobre este sector en el territorio.
Andrea García, subdirectora de Costos Ambientales de la entidad, explicó que esta situación puede deberse a que los títulos mineros fueron entregados en años diferentes. “Algunos fueron concedidos antes de la Ley 99 de 1993 y del Código de Minas del 2001, por eso no todos tienen licencia ambiental, porque la normatividad no lo exigía y puede que se encuentren en etapa de transición”, indicó.
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“Los que hicieron la transición y pasaron a la nueva norma deben tener licencia ambiental, los restantes deben tener planes de manejo ambiental. En las zonas que no son compatibles con la minería, lo que se implementa son planes de restauración ambiental”, precisó la funcionaria, pero agregó que allí es donde se evidencia la falla, pues no se ha hecho seguimiento por parte de las autoridades sobre el estado de permisos ambientales de esos 646 títulos mineros.
EL PANORAMA
En la actualidad, en Cundinamarca hay 964 títulos mineros otorgados, lo que corresponde a actividades legales. Solo en Cachipay, Cota, Funza, Fúquene, Tenjo y Venecia no se ha concesionado ninguno, mientras que en los demás municipios hay algunas de estas actividades de explotación.
Las concesiones abarcan un área de 170.364 hectáreas, es decir, el 7,5 por ciento del total del territorio cundinamarqués, y el 68 por ciento se concentran, principalmente, en las provincias de Ubaté, Sabana Centro, Guavio, Soacha y Alto Magdalena, que agrupan 39 municipios.
Los materiales de arrastre y construcción (36 por ciento), el carbón (25 por ciento) y arcilla (16 por ciento) son los que representan la mayor explotación de la industria legal en el departamento.
Ahora bien, que se entreguen los títulos no quiere decir que se estén realizando extracciones en todos. Según la clasificación recogida por la Contraloría de Cundinamarca, 831 concesiones se encuentran en explotación (86 por ciento).
Otros 40 están en etapa de exploración, momento en el que aún no se requiere la licencia ambiental. Otros 40 están en fase de construcción y montaje. Hay dos títulos en restauración ambiental, dos en suspensión de actividades y 49 sobre los que la Agencia Nacional Minera no le reportó a la Controlaría, según esta entidad.
SU DURACIÓN
Otro dato que preocupa al ente de control es que el 57 por cierto de las concesiones que se han llevado a cabo en el departamento han sido entregadas a los privados por periodos de entre 26 y 30 años para que las exploten.
“Es decir, los recursos de los cundinamarqueses están quedando por largos lapsos en el sector privado, sin que aún se haya calculado cuánto les están dejando exactamente a las comunidades y cuál es el impacto ambiental que queda en los territorios”, reseñó el contralor.
Otro 11 por ciento de los títulos fueron concedidos por periodos de entre 16 y 20 años, y otro 6 por ciento, entre 31 y 35 años. Esto sin contar con que las normas colombianas permiten solicitar prórrogas sobre la concesión de los títulos.
“Ahora estamos trabajando en la matriz de costos ambientales, que es compleja de realizar, pero que revisa el costo-beneficio para los municipios de esta actividad”, indicó López, y aseguró que muchos de los municipios aún no conocen cómo apropiar los recursos por regalías que les llegan cuando en sus territorios se desarrollan actividades mineras.
LA MOVIDA CON LAS CONSULTAS POPULARES
Una de las acciones que han implementado los municipios de Cundinamarca para restringir las actividades mineras y extractivas en sus territorios ha sido acogerse al mecanismo de consulta popular, definida en el artículo 8 de la Ley 134 de 1994.
Por medio de la figura, que convoca votaciones en las poblaciones, dos territorios le cerraron la puerta a este renglón económico. El primero de ellos fue Cabrera, cuyos habitantes acudieron a las urnas el 26 de febrero del 2017, y en donde el 97 por ciento de quienes sufragaron lo hicieron en contra de que se desarrollen proyectos mineros e hidroeléctricos.
En julio del año pasado sucedió lo mismo en Arbeláez, en donde el 99 por ciento de los pobladores también se negó a que se realizara explotación de hidrocarburos y minería a gran escala.
En Carmen de Carupa, en el norte del departamento, se impulsó también la consulta popular el año pasado, pero fue negada porque la pregunta que pretendían someter a votación se consideró inconstitucional. En Pasca, en el sur de Cundinamarca, pasó lo mismo. El Consejo de Estado suspendió su realización, debido a que la pregunta no era detallada ni precisa.
Ahora, Fusagasugá, Medina, Sibaté y Cogua son cuatro de las poblaciones que están impulsando el mismo mecanismo para legitimar la vocación agropecuaria o ecoturística bajo la que se reconocen.
En Fusagasugá, por ejemplo, se radicó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el primero de agosto del año pasado la solicitud para su realización, con el fin de frenar actividades de minería a gran escala.
En Medina se inscribió el comité promotor ante la Registraduría para promover la consulta popular. Mientras tanto, en Sibaté, el Concejo municipal aprobó la realización de este mecanismo, en noviembre del 2017. Ahora está pendiente que el municipio inscriba la pregunta que desea realizar ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mientras que en Cogua ese mismo tribunal declaró constitucional la consulta que se impulsa en el municipio desde el año pasado.
MICHAEL CRUZ ROA
miccru@eltiempo.com
@M_CruzRoa
