El desbordado aumento de quejas y reclamos, que pasó de 10.563 de enero a julio de 2018 a 14.412 en el mismo periodo de 2019, es decir, 3.849 quejas más; la baja cobertura de red en los tres niveles de complejidad, así como deficiencias en el modelo de atención en salud, deficiencias en el suministro de medicamentos, entre otros hallazgos llevaron a la Superintendencia Intendencia Nacional de Salud a tomar posición de la EPS Cruz Blanca.
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De acuerdo con la entidad, la decisión se tomó con el objetivo de salvaguardar la prestación de los servicios de salud y por tal motivo también removió del cargo de gerente de la EPS a Ana Leonor Arroyave y designó como Agente Especial al doctor Felipe Negret Mosquera.
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“El Agente Especial designado por la Supersalud, en caso de detectar alguna irregularidad o inconsistencia en la información contable relacionada con la gestión de la exrepresentante legal, deberá iniciar las acciones legales respectivas, ante las autoridades competentes”, señaló la Supersalud al respecto.
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De igual forma, la entidad anotó que con la medida adoptada por la Supersalud, a través de la resolución 8129 de 2019, se busca determinar si la EPS, que tiene medida de vigilancia desde el 2012, puede garantizar las condiciones para desarrollar su objeto social, teniendo en cuenta que existe una situación financiera crítica que pone en peligro la protección de los servicios dirigidos a sus 336.000 afiliados en Antioquia, Valle, Cundinamarca y Bogotá.
De acuerdo con el acto administrativo, entre los hallazgos que obligaron a la toma de posesión se encuentran que: la EPS Cruz Blanca permanece en el primer lugar de Ranking de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias, entre las 15 EPS del régimen contributivo; no cuenta con activos suficientes para cubrir los pasivos y no presenta evidencias que permitan verificar la garantía en la prestación de los servicios para sus afiliados.
Además, los pasivos de $354.255 millones superan los activos de $153.235 millones. También se evidencia incumplimiento de las condiciones financieras y de solvencia, disminución de 258.250 usuarios entre diciembre de 2015 a junio de 2019, afectando directamente los ingresos por UPC.
Y de igual forma existen diferencias entre los reportes que consolidan los saldos de la cartera por recobros, con los de la cartera "pendiente de radicar". Persisten debilidades de control interno en los mecanismos de verificación de las reservas técnicas.
