A $5,5 billones ascienden las pretensiones contempladas en 4.065 acciones de tutela, que están en curso, y que fueron interpuestas por reclusos del país.
De acuerdo con la Contraloría General de la República, estos procesos fueron abiertos argumentando violación de los derechos fundamentales, puesto que el 88% de las prisiones no cumple con las condiciones de saneamiento y bienestar básico.
Según el mismo ente de control, al cierre del 2018 se fallaron procesos que sumaron $500.000 millones a favor de los tutelantes.
(Acabar con el hacinamiento carcelario cuesta $12 billones).
Sin embargo, el Inpec, que es la entidad encargada de responder por estos casos, solo habría destinado $100.000 millones de su presupuesto para ese fin.
Razón por la cual, esta entidad se estaría enfrentando a un déficit fiscal que podría empeorar con el tiempo, en la medida en que más tutelas se lleguen a fallar a favor de los reclusos y que la infraestructura carcelaria del país no mejore significativamente en el corto plazo, para evitar nuevos procesos jurídicos.
LAS CAUSAS
El hacinamiento carcelario en el país actualmente es del 53,3%, de acuerdo con las estadísticas del Inpec.
Sin embargo, aunque esta cifra ya habla de una sobrepoblación de 42.832 personas en detención intramural a nivel nacional, lo cierto es que en algunas cárceles la tasa de hacinamiento sobrepasa el 300%.
El caso más grave, de acuerdo con la Contraloría, es el del Centro Penitenciario de Mediana Seguridad de Riohacha, en la que habitan 487 personas a pesar de que la capacidad real de esta prisión es de 100 reclusos.
El hacinamiento en este lugar es del 387% y, según la Contraloría, han identificado problemas de salud pública y fallas en el abastecimiento de servicios básicos, como el agua.
“Los internos conviven bajo una temperatura cercana a los 38 grados centígrados y ocupan unos 60 centímetros por persona, por lo que permanecen en inactividad la mayor parte del tiempo. Familiares de los reclusos aseguran que deben turnarse para sentarse. Todos conviven en cinco patios y duermen en hamacas, las cuales son colgadas de modo que queden de varios niveles para aprovechar el espacio. También en el suelo, duermen encorvados en colchonetas”, describe la entidad en un documento.
Y otro caso es el de la cárcel de La Dorada, en la que a pesar de tener un nivel de hacinamiento del 1,12%, es la que más procesos legales enfrenta, principalmente por no proveer acceso al agua potable. Al cierre del 2018 se registraron 1.200 tutelas y habeas corpus.
“Hemos identificado que por tratarse de construcciones indeseables, muchas veces no están contempladas en los POT, o se construyen en zonas rurales donde difícilmente llegan las redes de servicios públicos, y de esa falta de planeación se derivan muchos de estos problemas”, señaló Sebastián Montoya, contralor delegado defensa, seguridad y justicia.
LOS PROYECTOS
Entre enero de 2017 y mayo de 2018 se abrieron 2.362 cupos carcelarios, de los cuales solo 1.548 fueron nuevos. Los demás correspondieron a “espacios rehabilitados, refraccionados o acondicionados en prisiones preexistentes. Lo que no necesariamente incluye espacios para la resocialización”, explica la Contraloría en el citado informe. Y, de hecho, en el mismo periodo de tiempo, se suprimieron 722 cupos.
Además, esta entidad señaló que luego de la emergencia carcelaria decretada en 2013, solo se entregó uno de los seis nuevos pabellones que fueron contratados en ese momento, lo que dio paso a que se comprometieran recursos de cuatro vigencias fiscales a esos proyectos en 2016 y se dejara de invertir en el mantenimiento de toda la infraestructura carcelaria entre 2015, 2016 y 2017.
No obstante, la Contraloría señala que gran parte de la responsabilidad, en cuanto al déficit de cupos, recae en las alcaldías y gobernaciones, que tienen el deber de responder por los personas sindicadas, es decir, aquellas que aún no han sido condenados por un delito, pero que son recluidas.
Ya que, si solamente las personas condenadas residieran en las 135 prisiones del país, el hacinamiento sería del 1,9%.
(Libera Colombia, la marca de los presos que coge vuelo en el país).
Así mismo, la entidad señala que por la falta de espacio, hay 8.000 personas recluidas en unidades policiales.
La meta planteada en el PND es la de construir 8.660 nuevos cupos en el cuatrenio, y se espera que de contratos del 2014 este año se entreguen 1.700 cupos.
En la cárcel de Girón (Santander) este año se deberían entregar 752 cupos, por un contrato de $83.400 millones. Y en el centro penitenciario de Ipiales (Nariño), se esperan 608 cupos, con una inversión de $73.536 millones.
No obstante, según la Contraloría, estos dos proyectos, cuyo responsable es el Consorcio CYG-Disico- Proing, debieron haber sido finalizados en el 2016.
Por otro lado, el contrato de ampliación de la cárcel de Girardot con la firma Global Construction, que contempló una inversión de $797.500 millones, entró en liquidación. La razón es que solo se entregaron 100 de los 344 cupos dispuestos inicialmente, por lo que se abrirá una nueva licitación este año.
Adriana Carolina Leal Acosta
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