La Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra la directora del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Yaneth Rocio Mantilla Barón, y contra otros siete funcionarios, por presuntas irregularidades en la licitación para la construcción del TransMilenio por la carrera séptima, de Bogotá.
Así mismo, el Ministerio Público solicitó suspender el proceso de contratación, ya que no es claro que haya concordancia entre los estudios y diseños de la troncal de TransMilenio por la séptima, y las obras a ejecutar del plan parcial El Pedregal.
Para la entidad, esto podría generar una eventual parálisis en la construcción del proyecto, que tiene un valor de más de 2 billones de pesos.
El proceso disciplinario también vincula al subdirector General de Infraestructura del IDU, Edgar Francisco Uribe Ramos; la subdirectora General Jurídica, Martha Liliana González Martínez; el Director Técnico de Procesos Selectivos, Ferney Baquero Figueredo; el Director Técnico de Proyectos, Jose Salomón Strusberg Rueda; el asesor de la Dirección General, José Javier Suarez Bernal, y a los directores Técnico de Construcciones, Luis Alberto D´Pablo Ramírez, y General de Infraestructura, Alejandro Morales Montaña.
En la apertura de la investigación se resalta que la armonización entre los estudios y las obras a ejecutar es de vital importancia y "responde a un factor técnico que debió ser definido de manera previa a la apertura del proceso de selección, toda vez, que incide desde la estructuración de la oferta por parte de los interesados hasta la correcta planeación del contrato y repercutiendo en la ejecución del bilateral, pues, podría conllevar demoras en la construcción de la troncal de Transmilenio por la carrera 7°, obras adicionales y un posible detrimento al patrimonio público”.
De acuerdo a la información recibida por el órgano de control en una denuncia, el IDU respondió a Aldea Proyectos S.A.S, promotor del plan parcial El Pedregal, que las obras a ejecutar ya se encuentran armonizadas con los diseños aprobados en noviembre de 2016, que tienen origen en el convenio 1359 de 2015. Sin embargo, para la Procuraduría, “no se evidencia que los estudios y diseños aprobados por el IDU el 15 de noviembre de 2016 se hubieran modificado” y concertado con el constructor.
