La reforma pensional está cada vez más cerca de convertirse totalmente en realidad, aunque para lograrlo deberá librar su última batalla en la Corte Constitucional, donde ya se han radicado varias demandas en su contra, mientras que no se descarta que otros colectivos hagan lo mismo para evitar su entrada en vigencia.
Con el fin de conocer la posibilidad de que esta ley se caiga en la rama judicial, Portafolio conversó con Alejandro Linares, exmagistrado de la Corte Constitucional y socio de Gómez Pinzón Abogados, quien aseguró que todavía hay mucha tela por cortar y que dependiendo de los alegatos de cada demanda, se sabrá si esta norma se hunde en su totalidad o debe regresar al Congreso para subsanar los errores denunciados.
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¿Qué tan sólida llega la pensional a la Corte?
Primero que todo hay que señalar que esas normas aprobadas por el Congreso deben ser objeto de una demanda de inconstitucionalidad por parte de los ciudadanos en ejercicio de su derecho político de interponer acciones en defensa de la constitucionalidad de las leyes. Así que no hay nada nuevo con los requerimientos que se están haciendo.
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En ese sentido, ya hay varias demandas radicadas ante la Corte, algunas contra toda la reforma y otras contra algunos aspectos parciales. Las que van contra toda la reforma son por vicios de trámite, como se alega en el caso del Artículo 93, que tiene que ver con una pensión especial para afrodescendientes, indígenas y campesinos, y se dice que no tiene aval fiscal. También las comisiones que se crearon para las AFP o la posibilidad de que éstas puedan prestar servicios de fiducia o de corretaje de bolsa.
Hay quienes denuncian una expropiación…
Yo pienso que habría que mirar demanda por demanda, habría que mirar argumento por argumento, pero en general la reforma pensional tiene aspectos positivos y aspectos negativos. Dentro de los aspectos positivos, pues yo señalaría el pilar solidario, que es un pilar muy importante, así como el paso del manejo de los nuevos ahorros de los colombianos en cabeza del Banco de la República.
Alejandro Linares, socio de Gómez Pinzón Abogados.
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Eso no necesariamente es bueno o malo, sencillamente es un cambio de administrador y veremos cuál es el apetito de riesgo del nuevo administrador.
Seguramente será un administrador con aversión al riesgo y por ende, pues la rentabilidad seguramente no será tan alta en ese fondo público. Pero yo creo que los colombianos siguen conservando su ahorro. Yo hasta ahora no he visto una expropiación, en la medida en que son ahorros que se van a utilizar en el futuro.
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¿Es posible que se hunda totalmente?
No, habría que mirar qué decide la Corte Constitucional en sus nueve magistrados. Seguramente, si encuentran un vicio de forma, podrían devolverla al Congreso, como se hizo en el caso de algunas disposiciones del Plan Nacional de Desarrollo. Hay otro tipo de vicios que no son subsanables, como la falta de aval fiscal, sobre todo el Artículo 93. Esa, seguramente, podría, digamos, ser declarada inexequible.
Todo depende del tipo de demanda que se presente. La Corte al final evalúa si los efectos de sus decisiones son efectos inmediatos o, sencillamente, son efectos que se difieren en el tiempo, o, eventualmente, si se devuelve toda o algunos apartes de la ley al Congreso para subsanar los vicios de trámite en caso de que los hubiera.
¿Cuál sería el peor escenario?
Yo pensaría que hay que mirar en detalle todas las demandas en contra de la reforma pensional. Entiendo que esta semana (la anterior) se repartieron los expedientes a los distintos magistrados y habría que ver el contenido específico de las demandas y ver si los magistrados admiten o no admiten esas demandas de inconstitucionalidad contra la nueva ley de pensiones. Pero, digamos, es muy temprano para saber cuál va a ser la decisión de la Corte sin conocer los argumentos de las distintas demandas.
¿Qué otros retos enfrenta el país?
Lo más importante hoy en día es el plan de reactivación económica que ha propuesto el Gobierno. Hay una caída importante en la inversión privada, en las ventas de vivienda. Yo pensaría que el Ministro de Hacienda ha entendido el problema y lo más importante en este momento es la reactivación económica y ver cómo vuelve a crecer la inversión privada en Colombia.
Atado a ese tema, pues también hay un tema de incertidumbre que yo esperaría que el Gobierno Nacional contribuya a mitigar, esa incertidumbre, dando señales claras sobre los distintos aspectos que tienen que ver con la seguridad jurídica.
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¿Considera que hay ruido normativo?
El Gobierno ha hecho algunos anuncios, pero al final del día y es algo que le digo a los empresarios y en general a los clientes, hay que esperar a revisar en detalle lo que presenta el Gobierno ante el Congreso, especialmente con la ley de financiamiento y hay que ver otras iniciativas, por ejemplo las reformas a la ley de servicios públicos, hay que estar atentos, pero no necesariamente eso genera inseguridad jurídica. Genera incertidumbre y eso es algo sobre lo que se debe trabajar.
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¿Puede meterse el Gobierno con las vigencias futuras?
Acá hay una paradoja interesante y es que una cosa son los anuncios del Gobierno, por ejemplo lo que dijo el presidente ante el Consejo de Seguridad de la ONU sobre las vigencias futuras, y otra muy distinta es la realidad porque hasta ahora no se ha desconocido ninguna de las vigencias futuras que tiene en particular con los concesionarios de infraestructura.
Cosa diferente es que a futuro, respetando los contratos actuales, se piense que puede utilizar más eficientemente los recursos de largo plazo, que se puede hacer con responsabilidad. Acá hay que mirar cuál es el efecto de un cambio en el tema de las vigencias futuras respecto de las asociaciones público privadas, pero como le digo, a futuro porque hasta el momento no se ha tocado nada.
