Un proyecto de ley clave para el crecimiento y la competitividad mineroenergética del país, y que a todas luces resolvería el tema de la institucionalidad y los conflictos en cuanto a su operación, sigue ‘durmiendo el sueño de los justos’.
La razón es que después de más de cuatro meses de haberse radicado en la secretaría de la Cámara de Representantes, la iniciativa que pretende modificar y agilizar el procesamiento de licencias ambientales (que promueve la bancada de Cambio Radical), sigue lejos de surtir su primer debate en la Comisión Quinta de la citada corporación legislativa.
Voceros de Cambio Radical afirmaron que se presentó el articulado ante el Legislativo, debido a que el actual licenciamiento ambiental posee un conjunto insuperable de trámites y permisos que hacen complejo el avance y desarrollo de proyectos mineros, petroleros y de energía.
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Precisaron que las reglas para la expedición de licencias ambientales no son claras, ya que a su haber existen 39 trámites ambientales con distintos requisitos establecidos por cada una de las 44 autoridades regionales.
Y subrayaron que hoy la expedición de una licencia ambiental puede demorar más de 14 meses, sin tener en cuenta el tiempo de preparación de la solicitud, así como la respuesta a la autoridad y el estudio técnico solicitado.
“El proceso para expedir una licencia ambiental, que hoy rige hoy en el país, hace parte de ese conjunto inexpugnable de trámites y permisos que actúan como una alambrada hostil para el desarrollo de cualquier iniciativa en este país”, señaló el exvicepresidente y líder de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, en una columna publicada en el diario El Tiempo, el pasado 13 de octubre.
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CAMBIOS EN EL TRÁMITE DE LA LICENCIA
De acuerdo al contenido del proyecto, se pretende concentrar todo el trámite en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), como dependencia exclusiva y única encargada del licenciamiento integral de los proyectos que sean desarrollados por entidades del orden nacional.
Así mismo, el articulado de la iniciativa resalta que los procesos de sustracción de reserva forestal competerían a la Anla, y que el trámite de la licencia ambiental pueda iniciarse simultáneamente con el de la consulta previa, y que sea prerrequisito la segunda de la primera.
Además, se eliminaría el Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA), quedando en cabeza del solicitante la selección del mejor trazado o ubicación del proyecto, así como la demostración de aspectos que respaldan técnica y socialmente esta decisión y el menor impacto ambiental.
Así, nada más en este último trámite, el proceso ahorraría costos, así como ocho meses de estudios.
De igual manera se presentaría una reducción en los tiempos de espera para los usuarios de las licencias evitando que, por el paso del tiempo, se vean afectados los proyectos y los ecosistemas del área de influencia del proyecto minero energético, o de infraestructura.
En conjunto, la iniciativa de ley busca generar un eficiente proceso de licenciamiento y otorgamiento de permisos garantizando la protección del medio ambiente.
GREMIOS PIDEN OPTIMIZAR LOS TIEMPOS
En la justificación y conveniencia del proyecto de ley, el contenido resalta que “el país necesita eficiencia en los procesos de licenciamiento ambiental, seguridad jurídica para los concesionarios y garantía de preservación de los recursos naturales, en un entorno de desarrollo sostenible”.
Y a renglón seguido indica que “la duplicación de trámites y autoridades, hoy hace que, en la práctica, la expedición de una licencia ambiental se demore más de dos años en algunos casos, y algunos trámites ambientales puedan tomar mucho más tiempo”,
Con respecto al tema, Francisco José Lloreda Mera, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP) ha insistido en varios escenarios que el su sector no avanza ante el cuello de botella que representa el trámite de una licencia ambiental.
El dirigente gremial reiteró que se deben optimizar los tiempos en el proceso, teniendo en cuenta que además de la misma licencia existen trámites adicionales, por lo tanto este se podría reducir a la mitad, dependiendo de la clase de licencia.
Incluso, para Orlando Cabrales Segovia, presidente de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas), es necesario una reducción en los tiempos para el trámite de la licencia, y así los hizo saber en carta dirigida al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), incluso con observaciones a la nueva metodología para la aprobación de los estudios ambientales creados por esta cartera.
“A la fecha los tiempos de aprobación no son muy claros, lo que impactaría directamente el plan de trabajo y el presupuesto de los proyectos estructurados con anterioridad”, señala Cabrales.
Más adelante, la misiva advierte que se puede prever un incremento en los costos, ya que la nueva metodología de estudios ambientales incluye: el DAA, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y el Plan de Manejo Ambiental (PMA).
“De lo observado, durante los trámites de licenciamiento, se ha podido encontrar que en algunas ocasiones las instituciones como la Anla, el MADS o las CAR, no tienen la capacidad para responder a la gran demanda actual de solicitud de pronunciamientos sobre el DAA, lo cual podría generar un mayor impacto en los tiempos de respuesta y con ello en el inicio de los proyectos”, reza la misiva.
Ante este hecho, el MADS amplió el proceso de transición a la nueva metodología. Pero los gremios esperan una reforma de fondo que acorte los tiempos en el trámite de un licenciamiento ambiental.
Alfonso López Suárez
Redacción Portafolio
