El pasado 20 de diciembre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) estableció que el domingo 11 de marzo de 2018 se llevarán a cabo las consultas populares, internas o interpartidistas, para la escogencia de candidatos a la Presidencia de la República, o para la toma de decisiones entre partidos, movimientos políticos o grupos significativos de ciudadanos que se inclinen por este mecanismo.
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Vencido el plazo definido por las máximas autoridades electorales, manifestaron ante el CNE su voluntad de llevar a cabo dos consultas interpartidistas para la escogencia de candidatos a la Presidencia, de un lado, el Centro Democrático, La Patria de pie, Por una Colombia Honesta y Fuerte; y del otro, Colombia Humana, Fuerza Ciudadana, MAIS y la UP.
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Ante este escenario, la Registraduría Nacional, responsable de realizar las mencionadas consultas, y previo concepto favorable del Minhacienda, declaró la urgencia manifiesta con el fin de “contratar los bienes y servicios necesarios para disponer del recurso humano, financiero, técnico, material y de logística requeridos para llevar a cabo, a nivel nacional, las consultas interpartidistas para la escogencia de candidatos a la Presidencia de la República, convocadas para el 11 de marzo de 2018”, entre otras razones expuestas en la parte motiva de la Resolución 1161 de 2018, expedida por la entidad.
Si bien las consultas coinciden con las elecciones de Congreso, la Registraduría solicitó recursos adicionales para cumplir con las votaciones de estos mecanismos interpartidistas. Revisado este punto con Minhacienda, se aprobaron recursos por $26.450.000.000 para atenderlos.
No obstante haberse solventado el faltante de recursos, la Registraduría informó que no contaba con el plazo necesario para llevar a cabo “los procesos de selección abreviada, que normalmente deben adelantarse para escoger a los contratistas cuando se requiera contratar bienes y servicios para la defensa y seguridad nacional”, de conformidad con las normas vigentes (Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015), y con el Manual de Contratación de la entidad, “toda vez que esta modalidad de selección implica llevar a cabo una serie de etapas que como mínimo se tomaría un plazo de 30 días y 20 días adicionales como mínimo para su ejecución”.
Así las cosas, la Registraduría justificó su decisión de acudir a la contratación directa con el fin de asegurar un proceso electoral con plenas garantías, no solo a partir del marco normativo vigente, sino de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado.
Para la entidad, “la realización del proceso electoral guarda estrecha relación con el concepto de seguridad nacional, el cual se encuentra relacionado con la garantía de la convivencia pacífica de la población y con la vigencia efectiva del orden constitucional.
Por consiguiente, los bienes y servicios requeridos para el desarrollo de las consultas interpartidistas (…) implican la defensa del sistema democrático, la protección del derecho constitucional a la participación democrática y por consiguiente al orden institucional”.
