Ante un juez 56 de garantías de Bogotá se legalizó la captura de tres exfuncionarios de la Gobernación del Meta como responsables del desvío de 18.265 millones en el proyecto de la Refinería del Meta, considerado como el símbolo del exgobernador Alan Jara, entre el 2012 y el 2015. Mañana la imputación de cargos y medidas de aseguramiento a las 7 de la mañana.
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“Se gestó una empresa criminal para apropiarse de dineros del Estado. Los aquí presente pudieron evitar, cumpliendo con su deber, la desaparición de estos recursos”, dijo la fiscal delegada del caso en audiencia.
De este gabinete fueron capturados por el CTI de la Fiscalía Luz Stella Casafranco Vanegas, jefe en ese periodo de la administración Jara Ursola de la Oficina de Asuntos Contractuales, en calidad de encargada; Hernando Martínez Aguilera, exsecretario de Planeación; y Ricardo Rodríguez Henao, exgerente de la firma ‘Llanopetrol’. Además se entregó ante un despacho de la Fiscalía en Villavicencio el exsecretario de hacienda, Jairo Iván Frías Carreño, quien tendrá una audiencia aparte.
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Todos deben responder por peculado por apropiación en favor de terceros, celebración indebida de contratos y contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales. A esta hora se adelanta la audiencia de imputación de cargos en los juzgados de Paloquemao a puertas cerradas por ser la primera fase de la investigación y no delatar los nombres de las demás personas que serán capturadas.
De acuerdo con la investigación, un año después de que Jara se posesionara en su tercer mandato este despacho impulsó la realización de un acuerdo interadministrativo para la implementación de la Refinería del Meta.
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El 2 de mayo de 2013, la administración ordenó la realización del estudio y diseño, “a nivel de prefactibilidad”, con el que se buscaba establecer las probabilidades de montar la Refinería, uno de los planes bandera del gobernador Jara Ursola. El contrato tuvo un valor de 4.000 millones de pesos. Al pie del documento se encontraban las firmas del representante legal de la firma petrolera y por la Gobernación Luz Estela Casafranco y la del entonces secretario de Hacienda, Jairo Iván Frías Careño.
El escogido para el millonario estudio fue la Empresa de Petróleos del Llano, cuyo representante en esa fecha era Ricardo Rodríguez Henao. El trabajo, según lo convenido se inició el 7 de mayo y el compromiso es que se darían a conocer los primeros resultados el 7 de diciembre de ese mismo año, es decir 8 meses después.
Sin embargo, dos meses antes de cumplirse el plazo límite acordado, el represente del contrato, Rodríguez Henao, apareció con una excusa, no solo era la respuesta de que no tenía ni los diseños ni los estudios y que para tenerlos listos se necesitaba más tiempo y más dinero.
Es así, según la Fiscalía, como el 18 de octubre del 2013 se suscribió un acta de adición presupuestal al convenio 404 de 1.000 millones de pesos y una prórroga de seis meses.
Este segundo plazo también se agotó y la Gobernación autoriza una nueva prórroga, de 5 meses, y la adición de más dinero, de otros 600 millones de pesos. Este nuevo convenio se firmó el 3 de enero del 2014.
Al cumplirse el tercer plazo, el 30 de junio de 2014 la empresa ‘Llanopetrol’ presentó un informe de gestión, cuyos resultados no fueron nada alentadores. Decía el documento que solo contaban con el 2,59 por ciento de los recursos que la Gobernación les había encomendado y que no tenían aún los estudios y diseños. Se estableció entonces un nuevo aplazamiento de la entrega, plazo que ya se cumplió y aún no hay respuesta de lo acordado.
Para la Fiscalía, desde el mismo momento en que se firmó el contrato empezaron las irregularidades, porque en el documento hubo una clausula, la tercera, en la que se estableció que “una vez legalizado el presente convenio el departamento del Meta girará el 100 por ciento del valor acordado”.
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A pesar de los incumplimientos la administración de Jara Ursola hizo otras adiciones presupuestales de 1.500 millones de pesos más.
La investigación se derivó tras un informe de la Contraloría, de octubre de 2016, en el que se advertía que el proyecto de la refinería “se elaboró de manera incompleta y deficiente, sin planeación y en contravención del marco normativo que regula estos procesos”.
El organismo de control encontró que para el 11 de mayo de 2012 el proyecto de refinería fue presentado por $5.257 millones y dos años después, para el 28 de julio de 2014, se estableció un incremento de $72.596 millones, que corresponde a 13.8 veces el presupuesto inicial.
Angy Alvarado R
Redacción Justicia
El Tiempo
