Una sentencia del Consejo de Estado, que tumbó un decreto expedido por la anterior Administración, le permitiría a más de 38.000 policías acceder a la pensión unos años antes.
El fallo, que sería acatado por la Policía Nacional, respaldó la tesis de los demandantes, quienes aseguraron que la norma tumbada les exigía más condiciones a los policías del nivel ejecutivo para acceder a la pensión, pero solo les aplicaba a aquellos que entraron a la institución antes del 31 de diciembre del 2004.
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“Esta Subsección declarará la nulidad del artículo 2 del Decreto 1858 del 2012, no sin antes advertir que los efectos otorgados a esta sentencia serán de carácter ex tunc, es decir, desde entonces, y se retrotraen al momento en que nació el acto, y como consecuencia de ello, las cosas se vuelven al estado en que se encontraban antes de la expedición del mismo”, reza la sentencia.
De esta forma, el alto tribunal eliminó el decreto que, en su momento, aumentó hasta 20 y 25 años las exigencias de tiempo para gozar de la asignación de retiro de los policías del nivel ejecutivo, cuando antes habían sido fijadas en 15 y 20 años.
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Para Jesús Ladino, presidente de la Asociación Colombiana de Suboficiales en Retiro de la Policía Nacional (Acsurponal), esta es una buena noticia, pues, para él, “era una necesidad urgente” que se nivelara el tiempo de servicio para la asignación de retiro de los agentes de nivel ejecutivo con el tiempo de servicio que deben cumplir los suboficiales para el mismo propósito. Estaba en mora la justicia para equiparar eso, por el derecho a la igualdad”, comentó.
ALTO COSTO FISCAL
Esta medida, que no tendría recursos judiciales por parte de la Policía Nacional le permitiría aproximadamente a 15.000 funcionarios retirarse de inmediato, del total de casi 40.000 que hoy cumplen con las condiciones y entraron a la institución antes de finales del 2004. Entre estos se encuentran comisarios, subcomisarios, intendentes jefes, intendentes, subintendentes y patrulleros, que conforman el nivel ejecutivo.
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Así las cosas, la sentencia se adelantó a un proyecto de ley, cuya autora fue la representante a la Cámara, Nidia Marcela Osorio, que también buscaba –entre otras cosas– igualar el tiempo mínimo y máximo de retiro del nivel ejecutivo de la Policía, que finalmente tiene el mismo propósito del fallo del Consejo de Estado.
Sobre el proyecto legislativo aprobado por el Congreso, el expresidente Juan Manuel Santos lo objetó cuando llegó a sus manos para la respectiva sanción, argumentando que la situación de seguridad del país es crítica y se necesita ese pie de fuerza.
“El país atraviesa una situación de seguridad nacional y convivencia ciudadana que requiere de un pie de fuerza efectivo y disponible para atender los diferentes problemas de orden público”, aseguró Santos hace unos meses, en el pliego de objeciones al proyecto aprobado, que también firmaron los exministros de Defensa y de Hacienda, Luis Carlos Villegas y Mauricio Cárdenas, respectivamente.
Por su parte, la cartera de este último fue enfática en señalar que el costo fiscal de estos cambios sería alto para el país, sobre todo porque podría superar los $600.000 millones anuales.
Por un lado, el retiro de este personal le costaría a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía $422.563 millones, en tanto que se tendrían que destinar otros $181.000 millones, que es lo que costaría incorporar y capacitar el nuevo personal.
La última palabra de este proyecto de ley la tendrá la Corte Constitucional, porque el Congreso rechazó las objeciones, y se prevé que su decisión vaya en el mismo sentido del Consejo de Estado, dando vía libre a que buena parte del nivel ejecutivo de la Policía tenga los mismos derechos.
CLAVES DE LA DECISIÓN
El Consejo de Estado le dio vía libre a tumbar un artículo del Decreto 1858 del 2012, con el que se fijó de 20 a 25 años el tiempo de servicio requerido para acceder a la asignación de retiro del personal del nivel ejecutivo de la Policía, que hubiera sido incorporado antes del 31 de diciembre del 2004.
Para el alto tribunal, el acto del Ejecutivo discriminó de alguna forma a los policías que entraron antes de esa fecha, ya que son los únicos a los que les aplicaban los cambios.
De hecho, según la sentencia, al aumentar el tiempo de servicio para la pensión, “se desconoció la norma legal que exige que, para acceder al derecho de asignación de retiro, a la entrada en vigencia del régimen pensional de los policías del 2004, a los uniformados del nivel ejecutivo no se les pudiera exigir un tiempo mayor al exigido hasta entonces, cuando el retiro fuera voluntario, ni un tiempo inferior a 15 años, cuando el retiro se produjera por otra causa”.
En el fallo, se consideró que el Gobierno se excedió en sus funciones “al desconocer y traspasar dichos límites materiales previstos para la fijación del régimen de asignación de retiro de la Fuerza Pública”.
Así, agregó el Consejo de Estado, con esta decisión se protegen los derechos laborales de cientos de integrantes de la Policía quienes por la norma anulada “han visto menoscabado su acceso a una prestación social muy importante que reconoce sus años de esfuerzo por servir a la patria y proteger a la ciudadanía”.
