Durante el año 2016, a pesar de las importaciones provenientes de Estados Unidos pactadas en el tratado de libre comercio y de las aprobadas por el MADR, que llegaron del Mercosur, el precio del arroz paddy, gracias al incentivo al almacenamiento se mantuvo estable durante la época de la cosecha, lográndose una comercialización de casi dos millones de toneladas del producto sin grandes sobresaltos.
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A pesar de las casi 800.000 mil toneladas de arroz paddy seco de inventario con las que empezó el país en el 2017, el precio del grano verde se mantuvo estable durante los tres primeros meses, sin embargo cuando ya la cosecha del primer semestre estaba llegando a su fin, se inició en abril de forma inesperada y sin razón alguna, un descenso sucesivo del precio especialmente en las zonas Centro y Llanos, que se ha mantenido durante mayo y junio.
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La caída de dichos precios de compra durante lo corrido del 2017, llegó al 15,6% en ciudades como Ibagué y 13,7% en Villavicencio, frente a lo registrado en la cosecha del año anterior, situación que a todas luces no es justa para el trabajo de miles de agricultores, que llevan a cabo una actividad comercial, que como cualquier otra, se hace con el objetivo de obtener un ingreso para el sostenimiento de sus familias y las de sus trabajadores.
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Estos agricultores, que hacen parte de un sector productivo básico de la seguridad alimentaria del país, no han ahorrado además esfuerzo alguno por mejorar sus niveles de competitividad, dando muestras de mayor productividad y menores costos, haciendo parte de un programa tecnológico impulsado por Fedearroz.
Lo grave de la situación, es que los precios han llegado a tal punto, que no les están representando a los productores un ingreso justo, en relación con las inversiones que han hecho para, entre otros objetivos, mantener las áreas que permitan que el país siga siendo autosuficiente en materia arrocera.
El descenso de los precios en la forma en que se viene produciendo, es un grave precedente además, para la cosecha grande que en pocas semanas se inicia, recordando que su producción será muy cercana a lo obtenido en el 2016, y que por lo tanto, es fundamental que se garantice un precio razonable, de tal manera que no se ponga en riesgo la estabilidad económica de los productores y del sector.
No sobra recordar la importancia de esta cadena para la generación de empleo y desarrollo social, y para el mantenimiento de las políticas de sustitución de importaciones impulsadas por el Gobierno nacional.
Por esta razón, se espera que opere la sensatez de tal manera que bajo el liderazgo del Ministerio de Agricultura, se pongan en práctica herramientas como el incentivo al almacenamiento, entre otras, para garantizar la sostenibilidad de esta actividad.
No actuar en este sentido, es generar un clima que desincentiva esta actividad, propiciando desde ahora una disminución en el área a sembrar para el 2018, perdiéndose por lo tanto el gran esfuerzo realizado por el Gobierno, el gremio y los productores para sustituir importaciones y así mantener el empleo en el campo, que requiere en esta etapa de posconflicto, con la colaboración de los actores de las cadenas productivas .
El Consejo Nacional del Arroz, organismo que cuenta con la participación de todos los actores de la cadena, bajo la tutela del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, juega un importante papel para definir cuanto antes reglas claras que garanticen un ingreso justo a nuestros productores y su permanencia en el escenario agrícola.
Lo importante es actuar a tiempo para evitar el descalabro de la actividad arrocera, porque una ruina de sus protagonistas primarios, solo traería profunda crisis económica en muchas regiones de Colombia y dependencia de importaciones costosas para suplir la demanda interna.
Rafael Hernando Lozano,
gerente general de Fedearroz.
