El Gobierno aseguró que a finales de este año lanzaría la subasta para concesiones para permisos temporales sobre las áreas marítimas designadas para desarrollar proyectos de energía eólica costa afuera (Offshore).
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Para lograr esto, se publicó a inicios de año la hoja de ruta para este energético.
Adicionalmente, ahora se encuentra a comentarios una resolución del Ministerio de Minas y Energía y Dirección General Marítima (Dimar), que estipula que se debe contar con una participación accionaria de la Nación.
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De hecho, la inclusión de la participación de una compañía estatal ha generado preocupación entre los empresarios e incluso podría afectar la intención de los inversionistas.
“Antes de la formalización de la concesión marítima que trata el presente artículo, el adjudicatario deberá presentar un acuerdo de participación accionaria con la empresa estatal colombiana con la que se le adjudicó el permiso de ocupación temporal, verificado por el Ministerio de Minas y Energía”, asegura el proyecto presentado.
De acuerdo con Nicolás Vasquez, banquero de inversión en energías renovables, esto no necesariamente sería preocupante para un inversionista; aunque sí plantearía una serie de dudas con respecto al desarrollo de los proyectos.
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Cabe recordar que de acuerdo con la hoja de ruta publicada, el país tiene una capacidad de generación con esta tecnología de 50 gigavatios.
Adicionalmente, según información de la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) hay 11 proyectos de esta tecnología que se han presentado para registro. De acuerdo con la entidad, la capacidad sumada que se ha reportado en los proyectos es de 5.035 megavatios.
El listado muestra que todos se encuentran en fase 1 y están ubicados en Atlántico, Bolívar, La Guajira y Magdalena.
Vasquez apuntó que este esquema de que el Estado sea accionista de los proyectos no es desconocido a nivel mundial y se aplica, sin embargo, en Colombia sí sería una novedad.
Dentro de las dudas que plantea este esquema en el desarrollo de los parques eólicos costa afuera está quién tendrá proceso de licenciamiento ambiental y sería el poseedor de la licencia. Esto podría generar algunas dificultades en la financiación, puesto que, según explicó Vasquez, haría que los bancos tengan más dudas con respecto a los efectos ante un incumplimiento en los pagos.
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Otro de los puntos sobre los que también debe haber una revisión a fondo qué implica desde las aprobaciones del Ministerio de Hacienda, puesto que la empresa al ser estatal pasa por aprobaciones de crédito público.
Ahora bien, Manuel Gómez, asociado senior de Cuatrecasas, expuso que “no se sabe qué empresa estatal sería y no hay mayor contexto al respecto”.
De igual manera, señaló que podría generarse dudas sobre la constitucionalidad de esta medida puesto que generar esta obligación podría llevar a que haya una contrariedad al esquema de prestación de servicios públicos y los principios de libre entrada y competencia.
“Estaría generando una obligación de entregar una participación para brindar un servicio público y esto iría contra las normas de competencia”, señaló Gómez.
Destacaron igual que hace falta revisar la norma definitiva y los pliegos cuando sean publicados. Por el momento estas son dudas generadas sobre la propuesta del Gobierno, aunque aún está en comentarios para los interesadas.
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