Luego de un mes de la radicación del proyecto estatutario a la educación en la Cámara de Representantes, aún se debate cuál es el impacto que esto generará en el sistema académico colombiano. El documento que consta de 36 artículos y seis capítulos busca garantizar el acceso a la educación, impulsar la formación técnica y tecnológica y aumentar los recursos para las IES públicas. Sin embargo, diversos expertos señalan que dicho proyecto no es suficiente para transformar el sistema educativo del país, pues se necesita una reforma estructural que abarque desde la básica primaria y secundaria hasta la educación profesional, haciendo partícipes a todos los actores del sector.
De acuerdo con cifras del Sistema de Matrículas Estudiantil, en Colombia, cada año se gradúa un promedio de 480.000 jóvenes de bachillerato, de los cuales cerca de 290.000 no logran acceder a la educación superior. Brecha que es mucho más evidente en los territorios apartados, donde la falta de infraestructura y oferta académica básica afecta el ingreso de estos al mundo profesional, pues la tasa de cobertura neta en educación media llega solo al 48,7%.
Si bien la nueva reforma reconoce la educación como “un derecho fundamental” y tiene un enfoque de diversidad e inclusión hacia grupos étnicos y comunidades vulnerables, expertos en el sector como Diego Mazo, rector de Ceipa, señalan que modificar solo la Ley 30, no es suficiente para garantizar el acceso a la oferta académica profesional, pues la falta de cobertura en educación media de calidad es uno de los principales factores que acentúa aún más la brecha de acceso al sistema académico.
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“Para lograr una transformación verdadera es necesario reformar la Ley 115 del 94 que abarca todo el sistema educativo en general, no se puede garantizar el acceso a las IES cuando ni siquiera se asegura el ingreso a la secundaria. Se debe partir desde ahí para entender cómo todos estos sistemas se van a integrar y cómo pueden generar oportunidades de formación en una sociedad basada en el conocimiento”, puntualiza Mazo.
Educación
Otro de los puntos que preocupa a la mayoría de rectores de instituciones universitarias es la falta de flexibilidad y actualización del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, ya que si bien en el artículo 9 de la nueva reforma se contemplan hacer ajustes en la manera en el que se mide la calidad académica, no explica cómo se va a transformar el sistema de acreditación que se maneja.
“El sistema de aseguramiento actual se basa en la recolección de información e indicadores de procedimiento que no aseguran que la educación sea de alta calidad. Es necesario migrar a un sistema de accountability, avanzar en nuevos mecanismos de medición de variables y reglamentación que sean más flexibles y coherentes con las necesidades del mundo profesional, como medir la tasa de ocupación, salarios e impacto de los egresados del programa o los resultados de las pruebas Saber Pro”, afirma Mazo.
(Ejes de reforma a la educación no recogen necesidades del sector).
En cuanto a la financiación que se contempla en los artículos 86 y 87 de la reforma, el experto señala que son dos discusiones diferentes, por lo que se debería separar la estructura de la educación superior del sistema de financiamiento. Ya que para garantizar la cobertura de está es necesario crear diferentes alternativas y permitirles a las personas puedan escoger la oferta académica que más se ajuste a sus necesidades. Pues si bien aumentarán los aportes del Presupuesto General de la Nación asignados a universidades estatales u oficiales, esto no es suficiente para que las IES públicas atiendan la demanda de estudiantes que buscan cursar un pregrado.
“Si lo que se busca es garantizar el acceso a la educación superior, se deben crear alternativas para que los jóvenes puedan estudiar en la institución que deseen independientemente de si es pública o privada. Para ello se pueden crear sistemas mixtos, programas como el de la Generación E o matrícula cero entre otros”, agrega Diego Mazo.
En conclusión, la reforma a la Ley 30 es solo un paso para mejorar la educación superior en Colombia, ya que la reconoce como un derecho fundamental y busca garantizar el acceso a esta, impulsando la formación profesional, y aumentando los recursos para las instituciones. Sin embargo, es evidente que este proyecto no es suficiente para transformar completamente el sistema educativo del país, ya que se necesita de una reforma estructural más amplia que aborde todos los niveles del sistema académico para lograr una transformación completa y garantizar un acceso equitativo y de calidad a la educación profesional.
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