La advertencia que Estados Unidos emitió ayer a los jueces y funcionarios de la Corte Penal Internacional (CPI) de que los sancionaría en caso de que vayan en contra de los militares que lucharon en Afganistán, es tan solo una más en la lista que rige la nueva política del país, en la que la amenaza se ha convertido en la nueva normalidad.
Tan solo ayer, además de su ataque contra el tribunal internacional, amenazó a los miembros de la ONU con que deben hacer más en la situación de Venezuela, al Gobierno de Siria con una “gran respuesta militar” si realizan un ataque químico, nuevamente el libro de Bob Woodward que le critica y anunció el cierre de la misión de Palestina en Estados Unidos.
(Lea: Revive el misterio del ‘Estado en las sombras’)
Y, por supuesto, estas se unen a las amenazas a la misma justicia del país por la injerencia rusa, o las comerciales, un proceso en el que el pasado viernes aseguró que tiene preparada una nueva batería de aranceles contra las importaciones de China de US$200.000 millones y unos US$267.000 millones adicionales si lo ve necesario. La Unión Europea y México y Canadá, también están en su foco.
(Lea: ¿Por qué Trump sigue creyendo en Trump?)
“El factor que más va a definir a esta administración es la ruptura de los consensos globales y una vuelta al unilateralismo. En economía esto se refleja en el desprecio de los tratados comerciales y el inicio de guerras tarifarias. De igual forma, en política exterior, plantea actuaciones que rompen con la tradición desde prácticamente finales de la Segunda Guerra Mundial. Trump promueve políticas unilateralistas, muchas veces contrarias al criterio de sus aliados y opuestas al marco jurídico internacional. Empieza a dilucidarse una forma de negociar que arranca con un gran despliegue de fuerza y, por lo general, la amenaza del uso de la fuerza. Una vez se han marcado las posiciones básicas Trump abre la negociación. Este ha sido el caso en Corea del Norte e Irán”, explica Manuel Muñíz, decano de la escuela de relaciones internacionales del IE Business School.
EL ÚLTIMO CASO
El caso de ayer, contra el CPI, no supone la primera vez que el Gobierno ha tratado de entorpecer un proceso judicial. “Vamos a impedir a esos jueces y fiscales la entrada a Estados Unidos. Vamos a aplicar sanciones contra sus bienes en el sistema financiero estadounidense y vamos a entablar querellas contra ellos en nuestro sistema judicial”, aseguró el consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton.
EE. UU. asegura que la investigación es “infundada e injustificable”.
Rubén López Pérez
