Tras una reunión liderada por 17 países de América y el Caribe en Lima (Perú) para tratar la actual crisis política y social en Venezuela, los países latinoamericanos reafirmaron su opinión de que el país vecino ya no es una democracia y que los actos que emanen de su Asamblea Constituyente son ilegítimos.
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Así lo expresaron los cancilleres al terminar la reunión que mantuvieron a lo largo de todo el día del martes y que incluyó el reconocimiento de la Asamblea Nacional como único órgano legítimamente elegido en Venezuela, el rechazo a la violencia y una condena a la violación de los derechos humanos cometidos en el país.
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La declaración fue presentada por el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Ricardo Luna, quien afirmó que "lo ocurrido en Venezuela en los últimos días es un quiebre decisivo en la situación política y que lo que tenemos ahora es que es una dictadura".
La Declaración de Lima, en su "pleno respaldo y solidaridad" con la Asamblea Nacional "democráticamente electa", señaló que todos los actos jurídicos que conforme a la Constitución venezolana vigente requieran autorización de la misma, sólo serán reconocidos cuando dicha Asamblea los haya aprobado.
También expresó su apoyo y solidaridad con la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, y los integrantes del Ministerio Público de Venezuela que fueron destituidos por la Constituyente y exigió la aplicación de las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.
Los cancilleres también condenaron "la violación sistemática de los derechos humanos y las libertades fundamentales, a la violencia, la represión, y la persecución política, la existencia de presos políticos y la falta de elecciones libres bajo observación internacional independiente".
El documento también resaltó que en Venezuela no se cumplen los requisitos y obligaciones de los miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y respaldaron la decisión de continuar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana al país.
De igual manera, mostraron su apoyo a Mercosur por su decisión de suspender a Venezuela en la aplicación del Protocolo de Ushuaia. Junto con esto, los cancilleres solicitaron suspender cualquier transferencia de armas al vecino país mientras continúe esta situación.
También pidieron a la presidencia pro témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y a la Unión Europea (UE) suspender la cumbre prevista entre ambas organizaciones para octubre de 2017 hasta que se solucione esta crisis.
En su último punto, la Declaración de Lima subrayó su apoyo de manera urgente a todo esfuerzo de negociación creíble que cuente con el consenso de las partes enfrentadas en Venezuela y que esté "orientado a alcanzar pacíficamente el restablecimiento de la democracia en el país".
En Venezuela se registra desde el 1 de abril una serie de manifestaciones a favor y en contra del Gobierno, que dejan 121 muertos, situación que se agudizó desde la instalación de la Asamblea Constituyente el pasado viernes, que no es reconocida por la oposición y varios Gobiernos y organismos internacionales. A esa crisis se sumó la sublevación el pasado domingo de unos veinte hombres vestidos de militares y portando armas largas que dejó tres muertos y ocho detenidos.
