En una búsqueda de mayor cohesión social, Chile presentó el último borrador del proyecto de la nueva Constitución, el cual se votará el próximo septiembre y se convertiría en la mayor victoria política del Gobierno de Gabriel Boric.
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El nuevo texto, que busca que el Estado tenga un “rol más activo” en la economía austral, se presenta en un momento donde convergen un creciente rechazo hacia la propuesta, un aumento de la desaprobación de la gestión de Boric, una inflación marcando cifras récord y un recorte en los pronósticos de crecimiento para este año.
Por ejemplo, según la firma Cadem, la desaprobación del presidente Boric llegó a 62% en junio, al tiempo que el rechazo a la propuesta se mantiene en 51%.
La Convención Constitucional, el órgano encargado de la redacción de la propuesta de Carta Magna, estableció este borrador en 10 pilares, de los cuales, el llamado ‘economía responsable’, hace uno de ellos.
En este pilar, uno de los más debatidos por su importancia, “establece los principios, objetivos y regulaciones” bajo los cuales el Estado “participará en la economía del país”, además también aborda los aspectos de recaudación fiscal.
“El Estado asumirá un rol más activo, además de regular, fiscalizar, fomentar y desarrollar actividades económicas”, cita la guía práctica de la Convención.
Bettina Horst, economista chilena y exfuncionaria del Banco Central de Chile, dice que en términos generales, el borrador de la nueva Constitución, “debilita las bases del progreso de estas últimas tres décadas” al entregarle al Estado “un mayor rol en la economía en desmedro del sector privado”.
Horts resalta que bajo la nueva propuesta el Estado tendrá una facultad de “emprendedor” porque ahora las empresas públicas serían creadas bajo una ley de quórum simple y su régimen jurídico lo determinará dicha ley y no la actual que reglamenta a las empresas privadas.
Otro punto económico que trata la nueva propuesta de Carta Magna es la conservación de la independencia del Banco Central de Chile, un punto álgido en las conversaciones.
El Banco Central se define como “un órgano autónomo de carácter técnico, encargado de formular y conducir la política monetaria” y su labor será contribuir al “bienestar de la población, la estabilidad de los precios y el normal funcionamiento de los pagos externos e internos”.
El docente investigador de la Flacso Chile, Eduardo Menz, considera que la conservación de la autonomía de la política monetaria es “un punto positivo”.
Para Menz, el nuevo texto ofrece dos desafíos interesantes, siendo el primero de ellos el reto para los sectores productivos de mayor cooperación ambiental y, el segundo, la profundización de los derechos sociales.
“Por ejemplo: el derecho a la vivienda, a la salud o a la seguridad social. El desafío es cómo el Estado da tutela a esos derechos. Es decir, genera su provisión, su financiamiento, pero en equilibrio con la progresividad y sostenibilidad fiscal”, resaltó Menz.
Por otro lado, para Horst, el texto propuesto abre la puerta a una mayor conflictividad entre trabajadores y empleados, ya que “no coloca límites al derecho de huelga”, lo que podría “generar sucesivas huelgas más allá de la negociación en materias propias que afecten la relación empleador - empleado”.
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El nuevo proyecto de Carta Magna también establece que el Estado tendrá “el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de las minas”.
Además, según el texto que se enviará a votación, el Estado fomentará los mercados locales, deberá prevenir y sancionar “los abusos” 2 del mercado. Las comunas, por los municipios, podrán crear empresas o participar en ellas y se instalarán autonomías indígenas, quienes podrán decidir sobre proyectos.
ROBERTO CASAS LUGO
