En una carta enviada este viernes, 79 congresistas de Estados Unidos le piden al secretado de Estado Mike Pompeo que presione al presidente colombiano Iván Duque para que cumpla e implemente los acuerdos de paz que se alcanzaron con las Farc en el 2016 y detenga los ataques contra líderes sociales y de derechos humanos.
La misiva está firmada en su mayoría por legisladores demócratas, partido que hoy controla la Cámara de Representantes.
(Respuesta de NYT a carta del Gobierno Colombiano).
"El proceso de paz, que fue apoyado por los Estados Unidos, ofrece una oportunidad única para poner fin a casi 60 años de conflicto armado, durante los cuales más de 261.000 colombianos perdieron la vida, 8 millones de personas sufrieron de desplazamiento interno y decenas de miles de personas fueron desaparecidas", dicen en la carta los congresistas antes de indicar que esa oportunidad está siendo minada por decisiones del gobierno de Iván Duque.
"La implementación del acuerdo -dicen los firmantes- está siendo obstaculizada por la burocracia y decisiones por parte de la administración de Duque de reducir la financiación y reescribir elementos del acuerdo con respecto a la justicia transicional y la restitución de tierras a víctimas de desplazamiento. El gobierno ha sido lento en expandir la presencia civil del estado a áreas afectadas por el conflicto. Los programas para reintegrar excombatientes a la vida económica están avanzando, pero de forma muy lenta".
(Duque se compromete con la paz ante el papa Francisco).
Piden, a su vez, "que las iniciativas del gobierno colombiano para debilitar o anular los compromisos asumidos en el acuerdo deben ser opuestos de forma enfática", y le recomiendan al secretario que exprese el apoyo inquebrantable de Estados Unidos a los tres mecanismos del sistema de justicia transicional – la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
En la carta, los legisladores critican la supuesta presión de Estados Unidos para que se modificaran elementos de la JEP después que la Corte Constitucional colombiana ratificara su ley estatutaria y dice que se trata de maniobras contrarias al estado de derecho y menciona declaraciones recientes de la Organización de Naciones Unidas, ONU, en las cuales cuestionan la reapertura de los acuerdos de paz pues genera incertidumbre.
Para los legisladores, la consolidación de la paz requiere de una inversión financiera que sean sostenibles en el tiempo. Insisten también en que el mejor mecanismo para combatir la producción de droga es la política de apoyar a los campesinos para que erradiquen narcocultivos, que esta contemplada en el acuerdo de paz. Esta se planteó, a la vez, como una estrategia para llevar estado a las zonas más apartadas del país y recuperar espacios que antes controlaban las Farc.
"Desafortunadamente el gobierno colombiano no ha desmantelado otros grupos armados ilegales, incluyendo a grupos sucesores del paramilitarismo, ni tampoco investigado sus nexos con elementos corruptos de la fuerza pública, políticos locales e intereses económicos", dice la carta.
"Como resultado, grupos armados ilegales están expandiendo su presencia a áreas donde anteriormente existía presencia de las Farc-EP, y algunos ex- combatientes han perdido la fe en el acuerdo de paz y se han rearmado", sostienen los congresistas en otro aparte de la misiva donde piden la implementación total de los capítulos sobre desarrollo rural y cultivos ilícitos.
Eso, afirman, "reduciría la susceptibilidad de vastos territorios a la actividad de grupos armados y la producción ilícita de drogas".
En la carta también le dicen a Pompeo que la lenta implementación del pacto está afectando de forma significativa y adversa a las personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales que encabezan la recuperación en zonas asoladas por la guerra. Y citan cifras según las cuales han sido asesinado 431 activistas entre la firma del acuerdo y diciembre del año pasado.
"Los acuerdos incluyeron mecanismos diseñados especialmente para proteger a esos/as líderes -recuerdan-. La falta de implementación del gobierno de las medidas de protección es un factor clave detrás del aumento de asesinatos, amenazas, y ataques. Por lo tanto, le pedimos que presione enérgicamente al gobierno colombiano a implementar las medidas acordadas en el acuerdo de paz para proteger a las personas defensoras".
Esto incluiría convocar y dar los suficientes poderes a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para desarrollar y avanzar planes para desmantelar grupos armados ilegales y proteger a las personas defensoras de derechos humanos, ayudar a las comunidades en riesgo a desarrollar y lanzar planes de protección, garantizar que la Unidad Especial de la Fiscalía General efectivamente se dedique al desmantelamiento de grupos sucesores del paramilitarismo y grupos de crimen organizado, y coordinar individualmente las medidas de protección contra los defensores.
Piden, además, que se le insista a Colombia en que debe cumplir con lo acordado en el capítulo étnico del acuerdo para garantizar la protección y respeto de los derechos de comunidades afrocolombianas e indígenas, con una atención especial a la preservación de los territorios colectivos.
"Señor Secretario, le instamos a garantizar la diplomacia de forma coordinada de todo el gobierno con un solo mensaje central y consistente: instando al gobierno colombiano a implementar de forma integral el acuerdo de paz de 2016", afirman los legisladores, al indicar que los intereses a largo plazo de EE.UU. pasan por una Colombia estable y respetuosa.
El tono de la cara es muy similar a un editorial del New York Times de este viernes en el que indican la paz en Colombia se esta desintegrando.
Sergio Gómez Maseri
Correponsal de EL TIEMPO
