Casi una semana después de la destitución de Pedro Castillo como presidente de Perú, el país vive días aciagos, marcados por el caos, la incertidumbre y los señalamientos desde todas las toldas políticas, situación que agudiza la crisis.
(Perú: Presidenta propone adelantar las elecciones por caos político).
Las protestas crecen en varias ciudades del norte y sur andino, mientras la presidenta Dina Boluarte trata de enfrentar el terremoto político causado por su predecesor y quien fue su fórmula presidencial, Pedro Castillo.
El destituido presidente publicó este lunes una carta desde su centro de arresto, al que fue trasladado tras su fallido autogolpe de Estado, en la que escribió que considera estar "secuestrado" y tachó de "usurpadora" a la mandataria Dina Boluarte, que asumió la jefatura de Estado tras su destitución.
"Les hablo en el trance más difícil de mi gobierno, humillado, incomunicado, maltratado y secuestrado, pero así revestido de la confianza y lucha de ustedes, de la majestad del pueblo soberano, pero además infundido por el glorioso espíritu de nuestros ancestros", reza la carta firmada por él y publicada en su cuenta de Twitter.
Horas antes, la fiscal general de Perú, Patricia Benavides, presentó ante el Congreso una denuncia constitucional contra Castillo, y tres de sus ministros, por la presunta comisión de delitos como rebelión, conspiración y otros.
(El enfrentamiento político tras postura de Petro sobre Pedro Castillo).
El documento señala a Castillo como "presunto coautor del delito contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional-Rebelión" y, "alternativamente, por el delito contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional- Conspiración".
Castillo permanece detenido tras ser destituido el pasado miércoles por el Congreso, luego de dictar la disolución del Legislativo y anunciar que conformaría un Ejecutivo de emergencia, gobernaría por decreto, convocaría una asamblea constituyente y llevaría a cabo una reorganización del sistema judicial.
Frente a esta situación, el exmandatario dijo en su carta de este lunes que es "incondicionalmente fiel al mandato popular y constitucional" que asegura ostentar "como presidente" y afirmó que no renunciará a sus "altas y sagradas funciones".
Posteriormente, criticó a Boluarte, elegida como vicepresidenta en la fórmula que encabezó él en las elecciones de 2021 y que juró el cargo de jefa de Estado tras su destitución. Especialmente, cuestionó su propuesta de adelanto de elecciones generales para abril de 2024.
"Lo dicho recientemente por una usurpadora no es más que los mismos mocos y babas de la derecha golpista, por lo que el pueblo no debe caer en su juego sucio de nuevas elecciones", aseguró. Finalmente pidió que paren los "abusos", reclamó la convocatoria de una asamblea constituyente y su "libertad inmediata".
Dina Boluarte, presidenta de Perú.
AFP
Por su parte, seguidores de Castillo piden la renuncia de Boluarte por medio de sendas manifestaciones.
Una de las razones para exigir su salida tiene que ver con que la presidenta presentara oficialmente su propuesta ante el Congreso para realizar las elecciones en abril de 2024.
El anuncio de Boluarte para adelantar las elecciones de abril de 2026 a abril de 2024 no calmó a los manifestantes, que exigen la liberación de Castillo, el cierre del parlamento y nuevos comicios ya.
(Los efectos que la crisis política en Perú deja en su economía).
Los reclamos derivaron en enfrentamientos y la muerte de cuatro personas desde el domingo.
Este lunes dos manifestantes perdieron la vida en protestas en Arequipa y Apurímac cuando reclamaban la renuncia de la presidenta Boluarte, informó la Defensoría del Pueblos.
Uno de los cuatro decesos ocurrió en Arequipa, segunda ciudad de Perú, durante la represión policial para recuperar la pista de aterrizaje del aeropuerto tomada por unos 1.500 manifestantes.
La otra muerte tuvo lugar en una marcha repelida por policías antimotines en Chincheros, en Apurímac, cuna de Boluarte. "Efectivamente son tres en Apurímac y uno en Arequipa", dijo la Defensora del Pueblo, Eliana Revollar, al confirmar un saldo de cuatro muertes desde el domingo.
Luego de otras de disturbios, las autoridades peruanas recuperaron este lunes y "gracias a las Fuerzas Armadas" el control del aeropuerto de Arequipa, la segunda ciudad del país, que había sido tomado por manifestantes que reclaman la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, dijo en el Congreso el ministro de Defensa de Perú, Alberto Otárola.
Frente a estos acontecimientos, los gobiernos de Colombia, México, Argentina y Bolivia expresaron "su profunda preocupación por los recientes sucesos que resultaron en la remoción y detención de José Pedro Castillo Terrones, Presidente de la República del Perú".
Según un comunicado conjunto de estos cuatro países, Castillo "fue víctima de un antidemocrático hostigamiento, violatorio del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, “Pacto de Costa Rica”, aprobada el 22 de noviembre de 1969, para luego ser objeto de un tratamiento judicial de la misma manera violatorio del artículo 25 de la mencionada convención".
Ante esto, los gobiernos hicieron un llamado a "todos los actores involucrados en el proceso para que prioricen la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas" y exhortamos a quienes integran las instituciones de abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio.
Así mismo, los gobiernos de Colombia, Argentina, México y Bolivia solicitaron que se respeten los derechos humanos del presidente Pedro Castillo y que se le garantice la protección judicial en los términos consagrados en el artículo último citado.
PORTAFOLIO
*Con información de agencias
