Les hemos dado las imágenes que quieren” fue la desesperanzada reacción de un político español ante los acontecimientos de Cataluña el pasado fin de semana. Las imágenes de la policía golpeando a manifestantes independentistas en Barcelona otorgaron a los separatistas catalanes una victoria política, por lo que es probable que esas imágenes radicalicen la opinión en Cataluña y ganen simpatía por la causa separatista en el extranjero.
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Afortunadamente, nadie ha muerto todavía. Debería aún ser posible calmar la situación en esta región del país, pero el Gobierno español necesita urgentemente reconsiderar sus contraproducentes tácticas.
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Es cierto, la mayoría de los Estados europeos fueron compuestos por medio de la violencia en el pasado. Pero, en la era moderna, sólo deben mantenerse unidos por medio del consentimiento.
Es posible que el Gobierno central de España pueda renovar ese consentimiento con una oferta de mayor autonomía para Cataluña, pero los acontecimientos de este fin de semana hacen probable que el país finalmente tenga que permitir una votación sobre la independencia catalana.
El presidente, Mariano Rajoy, tiene razón en que un referéndum de independencia es ilegal y contrario a la constitución española, y tendrá una base sólida si rechaza cualquier declaración catalana de independencia, basada en el plebiscito no oficial y caótico. Pero al arrestar a los funcionarios y golpear a los manifestantes en Cataluña, el Gobierno arriesgó una catastrófica pérdida de legitimidad, con graves consecuencias a largo plazo.
Aceptar que a los catalanes, en las circunstancias adecuadas, se les debería permitir votar en relación con su independencia, no es aceptar la idea de que la causa separatista ocupa la postura moralista.
Cataluña no es Timor Oriental antes de 2002 o Estonia antes de 1989. En los aproximadamente 40 años transcurridos desde la restauración de la democracia en España, Cataluña se ha convertido en una de las regiones de Europa más prósperas y envidiadas, y su pueblo ha disfrutado de los derechos y beneficios de una democracia moderna, así como de una considerable autonomía fuera del Estado español.
A nivel emocional, siento cierta afinidad con Madrid. La experiencia de vivir el referéndum de independencia escocés de 2014 me enseñó lo doloroso y traumático que puede ser la idea de separar a un país. También me curó de la idea de que el nacionalismo escocés o el catalán es intrínsecamente correcto o romántico.
Sin embargo, la experiencia escocesa también me convenció de que los países democráticos que desean mantenerse unidos y deben estar dispuestos a aceptar la posibilidad de un divorcio.
Esto puede ser una experiencia enervante. Escocia, el cual ha sido parte del Reino Unido desde 1707, sólo votó a favor de permanecer dentro de la unión en una proporción del 55-45%. Canadá se acercó aún más a la separación, cuando sólo el 50.58% votó en contra de la independencia de Quebec en un referéndum en 1995.
Es importante reconocer que la independencia catalana sería un golpe todavía más duro para España que el que sería la independencia escocesa de Gran Bretaña.
Cataluña representa alrededor del 19% del producto interno bruto (PIB) español, mientras que Escocia representa alrededor del 8% de la economía del Reino Unido. Cataluña también ha sido parte de España durante más de tres siglos.
Pero al negarle a a esta región un voto, el Gobierno español se arriesga a dar crédito a los argumentos de los separatistas de que la España moderna no se ha librado verdaderamente de su pasado autoritario.
Permitir un referéndum de independencia no tiene que significar que se facilitará una separación. Una conclusión obtenida del voto escocés es que desintegrar un país debería requerir más que una simple mayoría. Exigir una supermayoría para un cambio constitucional es una práctica común a nivel mundial.
El Gobierno español podría ofrecer la posibilidad de tener un referéndum de independencia con un límite para lograr el éxito de, por decir algo, un 60% de los votos emitidos.
Una campaña de referéndum y los debates resultantes también evidenciarían las dificultades de la independencia catalana. Una Cataluña independiente casi seguramente tendría que salirse de la Unión Europea (UE) y luego hacer una solicitud para reincorporarse. Tal y como los británicos están descubriendo las consecuencias de abandonar el mercado único europeo son potencialmente nefastas.
Incluso la amenaza de que el equipo de fútbol de Barcelona pudiera ser excluido de la liga española importaría mucho a un sinnúmero de votantes.
Los acontecimientos en Cataluña también deberían darle mucho que pensar al resto de Europa. La UE se enorgullece de que está moviendo a Europa hacia un futuro ‘posnacional’, en el cual los países agrupan su soberanía y se sobreponen a los antiguos conflictos.
Sin embargo, este revuelo es la evidencia más reciente de que las identidades nacionales siguen importando en Europa.
El voto del Brexit y el resurgimiento de los partidos nacionalistas en Francia, Holanda, Polonia e incluso en Alemania sugieren que la UE necesita reflexionar más a fondo acerca de continuar impulsando una agenda federalista en el camino para lograr ‘más Europa’.
Las estructuras institucionales de la UE también están inadecuadamente equipadas para permitirle desempeñar un papel mediador entre Madrid y Barcelona.
España es el Estado miembro activo y, por lo tanto, cuenta con la capacidad de insistir en que su punto de vista sobre el conflicto prevalezca en Bruselas.
Pero aunque la UE no ejerce un papel legal o diplomático formal en esta disputa, los otros Estados europeos deberían poder desempeñar el papel de ‘amigos sinceros’ del Gobierno español. Tras bastidores, ellos deberían instar a Madrid a evitar el uso de la fuerza en Cataluña. Madrid debería intentar ofrecerle a Cataluña una mayor autonomía. Pero, a la larga, es probable que España tenga que conceder un referéndum de independencia, si es eso lo que exige el gobierno electo de Cataluña.
