Debido a la crisis que enfrenta Venezuela por cuenta de la reelección de Nicolás Maduro como presidente de ese país, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, anunció que solicitará a la Corte Penal Internacional (CPI) el arresto de Maduro.
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Para Almagro, el actual presidente de Venezuela habría cometido un 'baño de sangre' contra los manifestantes opositores, después de que alzaran la voz en contra de los resultados de los comicios el pasado domingo.
Entre los argumentos que presentó el funcionario de la OEA, aseguró que teniendo en cuenta la investigación que lleva a cabo la fiscalía de la CPI sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde 2014, es el momento de “presentar cargos contras los responsables, incluyendo a Maduro”.
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Además, acusó a Nicolás Maduro de haber provocado un “baño de sangre”, tal y como lo advirtió en días pasados, pues hasta ahora la cifra de muertos por las manifestaciones ya alcanza las 17 personas.
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“Maduro dijo antes de los comicios, durante un acto electoral, que Venezuela podría caer en un baño de sangre, en una guerra civil si él no ganaba las elecciones. Fue algo que impresionó cuando lo dijo, pero me impresiona mucho más cuando lo está haciendo”, declaró Almagro.
Tras la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de proclamar a Nicolás Maduro como el ganador de las elecciones, la crisis en el país vecino se ha agudizado, generando rechazo en la oposición y en gran parte de la comunidad internacional.
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De hecho, Colombia está en el ojo del huracán por abstenerse a votar por la resolución que pretendía emitir la OEA para que en Venezuela se verificaran los resultados de los comicios a través de la totalidad de las actas. Finalmente, la decisión no se aprobó porque no consiguió el número de votos necesarios.
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El embajador de Colombia en la OEA, Luis Ernesto Vargas, señaló durante la sesión que la decisión de abstenerse en la votación se consultó con la cancillería de Colombia y se debió a dudas sobre la propia OEA.
Esta actuación del Gobierno ha provocado una serie de críticas por parte de expresidentes y políticos colombianos, quienes han acusado al presidente Gustavo Petro de ser “cómplice” de un fraude electoral.
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El Gobierno de Colombia, que ha jugado un papel clave de mediador en la crisis política venezolana, ha urgido públicamente a Venezuela a que se permita un escrutinio "transparente" de los comicios, que incluya "conteo de votos, actas" y veeduría internacional.
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Según fuentes de la cancillería colombiana, el Gobierno de Gustavo Petro está dialogando junto con México y Brasil "para crear las condiciones necesarias y buscar un acuerdo por la convivencia y la paz política".
