Un total de 130 países llegaron a un histórico acuerdo de reforma fiscal para las multinacionales que incluye un impuesto mínimo sobre los beneficios de al menos el 15%.
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“Tras años de negociaciones, este paquete garantizará que las grandes empresas multinacionales paguen su parte justa de impuestos en todo el mundo”, declaró Mathias Cormann, el secretario general de la Ocde.
Un pequeño grupo de países, como Irlanda y Hungría, reacios a la propuesta, no firmaron la declaración. China, cuya posición era muy esperada, y los países considerados paraísos fiscales sí se sumaron.
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Todos los países firmantes representan el 90% del PIB mundial. “Las multinacionales ya no podrán enfrentar a un país contra otro en un esfuerzo por reducir los impuestos y proteger sus beneficios a expensas de los ingresos públicos”, reaccionó el presidente Joe Biden en un comunicado, al decir que “ya no podrán evitar el pago de su parte justa ocultando los beneficios generados en cualquier país, en jurisdicciones de menor imposición”.
Aunque el acuerdo ejerce presión sobre el modelo de los paraísos fiscales más agresivos, debería beneficiar principalmente a los países ricos, según Oxfam.
La declaración, que se basa en el acuerdo del G7, prevé también un reparto “más justo” de beneficios entre los países donde las empresas tienen su sede y aquellos en los que tienen sus actividades, incluso sin presencia física. Esta parte está dirigida en particular a los gigantes digitales.
Sin embargo, las industrias extractivas, como la minería, y los servicios financieros regulados quedarán excluidos de esta medida, pero no del impuesto mínimo, dice el texto.
Los participantes en las negociaciones se dieron plazo hasta octubre para “finalizar los trabajos técnicos” y preparar “un plan para su aplicación en 2023”. Hasta entonces, los países que no se hayan adherido al acuerdo pueden hacerlo.
Se espera que los ministros de Economía del G20, que se reunirán la próxima semana en Venecia, aprueben el avance.
Según la Ocde, con un 15%, el impuesto mínimo mundial generaría unos US$150.000 millones de ingresos fiscales adicionales al año en todo el mundo.
En resumen, el acuerdo tiene dos partes. La primera aboga porque las empresas paguen en aquellos mercados donde tienen actividades, y afectará a las que tienen negocios de más de US$23.700 millones) y una rentabilidad arriba de 10%.
Los países que podrán recibir una parte del impuesto son aquellos en los que las multinacionales facturan más de US$1,18 millones, o US$296.000 para las economías pequeñas.
La segunda parte es la que crea la tasa de al menos 15% sobre las ganancias, que impactará en empresas con negocios de al menos US$890 millones.
