El gobierno de Panamá "cooperará vigorosamente" con la justicia si se le presenta alguna solicitud para investigar las publicaciones de este domingo por una serie de diarios acerca de fortunas escondidas por distintas personalidades del mundo.
"El gobierno de Panamá cooperará vigorosamente ante cualquier solicitud o asistencia que sea necesaria en caso de que se desarrolle algún proceso judicial", dijo el Ejecutivo panameño en un comunicado.
Así reaccionó el país después de que el domingo diversos periódicos del mundo publicaran la investigación "Papeles de Panamá", tras una filtración de documentos del gabinete panameño de abogados Mossack Fonseca, especializado en crear empresas en paraísos fiscales.
La investigación afecta a decenas de personalidades del mundo, que van desde los presidentes de Argentina, Mauricio Macri, y de Rusia, Vladimir Putin; el expresidente de la UEFA Michel Platini; el astro argentino Lionel Messi o el director de cine español, ganador de un Óscar, Pedro Almodóvar, entre otros muchos.
La administración del presidente Juan Carlos Varela "reafirma que en sus 21 meses de gobierno ha demostrado un absoluto compromiso por la transparencia en los servicios legales y financieros" de Panamá y "lidera una política de cero tolerancia ante cualquier aspecto de su sistema legal o financiero que no se maneje con altos niveles de transparencia", dice la nota.
Desde enero de 2016 entraron en vigencia en Panamá nuevas normas que limitan el uso de acciones al portador de las sociedades panameñas. "Con esas nuevas normas las sociedades que hayan emitido acciones al portador deberán entregarlas en custodia a agentes autorizados y regulados por entes financieros", dice el gobierno panameño.
Además, creó un ente público para prevenir el lavado en 16 actividades económicas como zonas francas, casinos, bienes raíces, construcción, transporte de valores, casas de cambio, bolsa de diamantes y notarías. Sin embargo, otros países y organismos internacionales también han colocado a Panamá en sus listas de países con deficiencias en el combate al lavado de activos.
OCDE duda de cooperación panameña
El escándalo estalla en momentos en los que Panamá y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) muestran sus diferencias en torno al intercambio de información fiscal para evitar el blanqueo de capitales.
El gobierno panameño está dispuesto a intercambiar información fiscal, pero con un modelo propio, bilateral y con garantías de confidencialidad con cada país y no de manera inmediata, como solicita la OCDE, que acusa al país centroamericano de no estar comprometido con el intercambio automático de información financiera.
El objetivo de Panamá es proteger su sistema bancario, cuyos activos alcanzaron el año pasado 118.478 millones de dólares, una cifra histórica para este sector que aporta más de 7% al Producto Interior Bruto (PIB) del país.
Ese crecimiento se reflejó principalmente en el segmento hipotecario residencial, los préstamos de consumo personal y las tarjetas de crédito. El Centro Bancario de Panamá es uno de los pilares de la economía del país y está compuesto de un centenar de bancos que dan empleo a más de 25.000 personas.
La preocupación de la nación centroamericana es que las exigencias de la OCDE afecten su competitividad como centro financiero.
Panamá "no es un paraíso fiscal"
Por el contrario, el 18 de febrero, el presidente Varela anunció que Panamá había salido de la lista gris de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo del Grupo de Acción Financiera (GAFI), tras las reformas realizadas por su gobierno.
El GAFI, que agrupa a 32 países y dos organismos regionales, es un grupo intergubernamental que busca coordinar la lucha contra la legitimación de capitales y el financiamiento del terrorismo.
El grupo confirmó que Panamá ya cuenta con el marco legal, regulatorio e institucional apropiado para la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Con un canal interoceánico por el que pasa 5% del comercio marítimo mundial (y cuyo aporte al PIB es del 2,2%), además de zonas francas, puertos, turismo y un sistema logístico y bancario robusto, Panamá alcanzó un crecimiento económico de 5,8% en 2015, uno de los mayores de la región.
Sin embargo, es considerado por algunos gobiernos como un paraíso fiscal, lo que es desmentido por las autoridades locales. "Panamá es un país muy serio y no es un paraíso fiscal", dijo hace meses en una entrevista con la AFP la vicepresidenta y canciller, Isabel De Saint Malo.
ALGUNOS INVOLUCRADOS
La investigación sobre paraísos fiscales conocida este domingo bajo la denominación 'Panama Papers' salpica a importantes personalidades de distintos campos, incluido el deporte, donde se citan los nombres de Lionel Messi, Michel Platini o de dirigentes de la FIFA, entre otros.
La Federación Internacional de Fútbol (FIFA), sacudida en el año 2015 por los escándalos de corrupción, ve ahora como uno de los integrantes de su Comité de Ética, el uruguayo Juan Pedro Damiani, es señalado por posibles relaciones laborales con hasta tres acusados en esos escándalos.
El gabinete de abogados de Damiani, que es ademas el presidente del Peñarol, trabajó con siete empresas 'offshore' relacionadas con el también uruguayo Eugenio Figueredo, exvicepresidente de la FIFA y expresidente de Conmebol que fue uno de los siete primeros detenidos en Zúrich en la operación que destapó el conocido como 'FIFAGate', en mayo del pasado año. "No se muestran conductas ilegales por parte de Damiani o su gabinete, pero generan nuevas preguntas para Damiani y la FIFA", dice el informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
Un portavoz del Comité de Ética dijo a la ICIJ que Damiani informó a la organización en marzo sobre sus actividades relacionadas con Figueredo. "Estoy muy tranquilo", aseguró Damiani al diario El Observador de su país tras conocerse la información, subrayando que fue "el primero que denunció lo que nadie había denunciado" en la lucha contra la corrupción en el fútbol.
El abogado uruguayo habría también servido de intermediario ante una sociedad con sede en Nevada (Estados Unidos) y ligada a los empresarios argentinos Hugo y Mariano Jinkis.
El yate de Valcke
Esos últimos, dirigentes de una empresa de marketing deportivo, también fueron perseguidos por la justicia estadounidense por el presunto pago de sobornos millonarios para la obtención de derechos televisivos.
El francés Jérôme Valcke, exsecretario general de la FIFA, despedido en enero después de haber sido acusado en un caso de reventa de entradas del Mundial-2014, aparece también en los documentos como propietario de una empresa con sede en las Islas Vírgenes Británicas y creada en julio de 2013, aparentemente para comprar un yate registrado en las Islas Caimán.
Entre los futbolistas incluidos en los Panama Papers destaca sin duda el nombre del astro argentino Lionel Messi, que ya se había visto inmerso en España en un caso de fraude fiscal. Según La Sexta y El Confidencial, medios españoles que colaboraron con la investigación, Messi reaccionó a esas acusaciones de fraude fiscal en España con la compra de una sociedad en Panamá para utilizarla como pantalla y ocultar bienes.
La firma de Messi aparecería en un documento en el que se exculpa al gabinete Mossack Fonseca "de cualquier problema que pudiera causar su sociedad en Panamá". El entorno de Messi tiene previsto emitir un comunicado el lunes para desmintir la información, publicó La Sexta en su página web.
Platini remite a Suiza
Otros futbolistas o exfutbolistas salpicados por la investigación de los 'Papeles de Panamá' son el chileno Iván Zamorano, el argentino Gabriel Heinze o el croata Darko Kovacevic, destaca La Sexta.
El exfutbolista Michel Platini, por su parte, habría recurrido a los servicios de Mossack Fonseca en 2007, año en el que fue designado presidente de la UEFA, para administrar una sociedad en Panamá.
Platini emitió un comunicado el domingo para recordar que rinde cuentas ante "la administración fiscal suiza, país en el que es residente fiscal desde 2007". El mítico exjugador de la Juventus está actualmente a la espera del veredicto de su recurso ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) sobre los seis años de suspensión de toda actividad relacionada con el fútbol, con la que fue castigado por el controvertido cobro de 1,8 millones de euros de manos de Sepp Blatter, entonces presidente de la FIFA, en el año 2011.
