El Gobierno de Perú decidió ampliar el estado de emergencia decretado para enfrentar al crimen organizado, vinculado con la minería ilegal, en dos provincias de la región norteña de La Libertad y dos de la amazónica de Loreto, informó este ayer el primer ministro del país, Gustavo Adrianzén.
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“Hemos aprobado los decretos de urgencia que prorrogan el estado de emergencia en la provincia de Trujillo, de la región La Libertad”, anunció Adrianzén antes de señalar que la medida también se prolongará en las provincias de Putumayo y Mariscal Castilla, en Loreto.
“La criminalidad organizada está afectando seriamente la seguridad ciudadana y ese es el motivo por el que, en particular, en estas regiones se va a ampliar la emergencia”, sostuvo.
El viernes pasado, una persona murió y otras dos quedaron heridas tras un enfrentamiento que se produjo entre trabajadores de Poderosa y mineros ilegales que intentaron tomar una bocamina de esa explotación.
Adrianzén agregó que ya ha tenido una reunión con representantes de los servicios de Inteligencia, de los ministerios del Interior y de Defensa, y de la mina Poderosa. “Hemos tomados varias acciones vinculadas a este tema que, por la naturaleza de estas actividades, no puedo revelar, porque no puedo informar a los delincuentes qué es lo que se va a hacer”, comentó.
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Crimen
Señaló, sin embargo, que puede “asegurar que en los próximos días se van a producir detenciones importantes”, además de intervenir en zonas donde las organizaciones “guardarían parte de su armamento”, ya que la intención es “hacer un control territorial zonal”.
El Ministerio de Defensa informó el pasado domingo que desde que se decretó el estado de emergencia en Pataz, en febrero de este año, se han realizado 79 operativos y 30 operaciones de interdicción contra la minería ilegal, que permitieron el rescate de tres víctimas del delito de trata de personas, dos de las cuales eran menores de edad.
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EFE
