Desde que Donald Trump asumió el cargo se ha hablado de someterlo a juicio político. Ahora las revelaciones del informe de 448 páginas de Robert Mueller han intensificado los llamados de algunos demócratas a convertir eso en acciones.
El informe no acusó al Presidente de delitos relacionados con la conspiración con Rusia u obstrucción de la justicia, pero la evidencia aportada por el abogado especial ha alimentado las denuncias hechas por sus críticos de que no es apto para el cargo.
(El ‘impeachment’ a Trump vuelve a entrar en el debate).
Los demócratas están divididos sobre si ejecutar el juicio político. La dirección del partido, encabezada por Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, prefiere enfocarse en las elecciones de 2020 para destituir al Presidente. Otros, como Elizabeth Warren, la senadora que intenta ganar la nominación del partido a las elecciones, han instado a los demócratas a comenzar los procedimientos pese a los riesgos.
Cualquier intento de destituir a Trump sería un tema amargo y partidista, porque el Presidente ha solidificado la base republicana a su alrededor. Las encuestas han demostrado que alrededor de un tercio de los votantes apoya el juicio político, mientras que el 48% se opone.
El juicio político es el proceso que establece la Constitución para destituir al presidente, vicepresidente y otros funcionarios civiles, como los jueces, de sus cargos. La prueba es, en última instancia, política.
El Artículo II de la Constitución establece que una persona puede ser acusada de “traición, cohecho u otros delitos y faltas graves”. El Artículo I le otorga a la Cámara el poder de iniciar un proceso de juicio político y le da al Senado la tarea de juzgar el caso.
La frase “otros delitos y faltas graves” ha llevado a debatir sobre qué es exactamente una ofensa procesable. El papel del Congreso hace que este asunto superficialmente legal sea un proceso partidista. “Una ofensa procesable es lo que una mayoría de la Cámara de Representantes considera que sea en un momento dado en la historia”, dijo el congresista Gerald Ford en 1970, antes de convertirse en presidente de EE. UU.
(Argumentos a favor y en contra del ‘impeachment’).
Ningún presidente ha sido destituido de su cargo mediante juicio político. Dos han sido acusados y otro, Richard Nixon, renunció antes de que pudiera ser enjuiciado, cuando se hizo evidente que tenía poco apoyo en el Congreso.
La mayoría demócrata en la Cámara de Representantes ofrece la posibilidad de destituir a Trump, incluso aunque algunos demócratas consideran esa medida una distracción inútil de temas como la atención sanitaria y recortes fiscales.
Los demócratas han usado su control de los diversos comités de la Cámara para organizar investigaciones sobre la administración Trump y sus asuntos personales. Sin embargo, no han abierto una investigación.
El comité judicial, encabezado por Jerrold Nadler, un demócrata de Nueva York, sería responsable de semejante investigación. Podría celebrar audiencias, como lo hizo en el caso Watergate, antes de votar sobre si recomendar el juicio político para una votación plenaria en la Cámara, donde se requiere una mayoría simple para trasladar el caso al Senado.
El Senado, por su parte, todavía tiene una mayoría republicana. Cualquier campaña exitosa para destituir a Trump deberá convencer a los senadores republicanos para que voten en contra de un presidente de su propio partido. El voto para la destitución requiere dos tercios del senado.
La situación aún podría cambiar. Alrededor de Trump aún hay una serie de investigaciones realizadas por organismos federales, estatales y del Congreso y los hechos que descubran podrían cambiar el cálculo político para los demócratas y los republicanos.
Las revelaciones de estas investigaciones podrían convertir la amenaza de juicio político en realidad.
Trump podría sobrevivir, con sus partidarios estimulados por la guerra política.
O podría convertirse en el primer presidente estadounidense en ser destituido de su cargo mediante juicio político.
Kadhim Shubber,
Fan Fei y Niki Blasina
