El Tribunal Supremo del Reino Unido declaró ilegal la suspensión del Parlamento durante cinco semanas, en un veredicto unánime, en contra del primer ministro británico, el conservador Boris Johnson.
Esta decisión histórica es "nula" y queda "sin efecto", razón por la cual el Parlamento podrá seguir sesionando.
(Esta semana Johnson se juega su liderazgo).
Los once jueces de la máxima instancia judicial de este país tenían que examinar dos recursos diferentes: el de la Corte de Apelación de Escocia, que consideró ilegal la medida adoptada por el jefe de Gobierno, y la del Tribunal Superior de Londres, que determinó que la cuestión era competencia política.
El panel de magistrados valoró que el asesoramiento de Johnson a la reina Isabel II, jefa de Estado, para proceder al cierre parlamentario no se ajustó a la legalidad pues perseguía "frustrar o impedir" que el Parlamento desempeñara sus "funciones constitucionales".
"Este Tribunal concluye que la decisión de aconsejar a Su Majestad que suspendiera el Parlamento fue ilegal porque tenía el efecto de frustrar o impedir la capacidad de llevar a cabo sus funciones constitucionales sin una justificación razonable", afirmó Hale.
Las dos cámaras de Westminster quedaron clausuradas al término de las sesiones del pasado 9 de septiembre hasta el 14 de octubre, cuando estaba previsto que la reina Isabel II inaugurase un nuevo curso parlamentario al leer la nueva agenda del Gobierno de Johnson.
El presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, pidió este martes que las sesiones del Parlamento sean reanudadas "sin retraso". Agregó que consultará a los líderes de las formaciones políticas los pasos a seguir "con la mayor urgencia posible".
(¿Es legal la suspensión de parlamento británico decretada por Johnson?).
"Doy la bienvenida al fallo del Tribunal Supremo de que la suspensión del Parlamento fue ilegal. Los jueces han rechazado la afirmación del Gobierno de que cerrar el Parlamento durante cinco semanas era simplemente una práctica normal a fin de permitir un nuevo discurso de la Reina (programa del Ejecutivo)", añadió.
El líder del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, por su parte, le pidió a Johnson que "reconsidere su posición" al frente del Gobierno, después de que el Tribunal Supremo declarara "ilegal" su suspensión del Parlamento.
En una intervención especial durante el congreso laborista en Brighton (sur inglés), Corbyn adelantó que pedirá al presidente de la Cámara de los Comunes que disponga cuanto antes la reanudación de las sesiones parlamentarias.
La cercanía con la fecha pactada para la ejecución del "brexit", el 31 de octubre, generó una oleada de críticas contra Johnson, que justificó la medida con el argumento de que precisaba de ese tiempo para poder elaborar la nueva agenda legislativa de su Ejecutivo.
Al leer su dictamen, la presidenta del Supremo subrayó que esta suspensión prolongada de la democracia parlamentaria se produjo en unas circunstancias bastante excepcionales: el cambio fundamental que iba a producirse en la Constitución del Reino Unido el 31 de octubre, fecha prevista para la salida de la Unión Europea (UE).
"El Parlamento, y en particular la Cámara de los Comunes como representantes electos de los ciudadanos, tienen el derecho a tener voz en cómo se produce ese cambio. El efecto sobre los fundamentos de nuestra democracia fue extremo", remarcó con dureza la jueza.
Durante este proceso judicial, los demandantes reprocharon a Johnson que obrara siguiendo una estrategia con la que impedir al Parlamento bloquear sus planes sobre una retirada sin acuerdo de la UE.
En el proceso presentado por la activista anti "brexit" Gina Miller, secundado por el ex primer ministro conservador John Major, se alegó que la duración excepcional del periodo de suspensión era, en este caso, una "clara prueba de que el motivo del primer ministro era silenciar al Parlamento" al verlo como un "obstáculo" para avanzar hacia sus objetivos políticos.
Frente a esta querella (presentada ante el Tribunal Superior y recurrida ante el Supremo por Miller), la defensa de Johnson mantuvo que la suspensión de las cámaras es una prerrogativa y que la clausura de las cámaras era una decisión "inherente y fundamentalmente política por naturaleza" sobre las que no debería interferir la Justicia.
En cuanto al segundo caso, en Escocia, un grupo de 75 parlamentarios, encabezados por la diputada del Partido Nacionalista Escocés (SNP) Joanna Cherry, alegó que la suspensión parlamentaria respondió a "motivos espúreos" destinados a evitar el escrutinio de las cámaras.
