En la mañana de este lunes y tres días después de haber ‘apagado’ la aplicación para todo el país, Uber expidió un comunicado anunciando su intención de someter la controversia a arbitraje internacional argumentando que con la decisión de Colombia de suspenderla se violaban ciertas normas del TLC con Estados Unidos, además de pérdidas para la compañía de unos 250 millones de dólares.
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Portafolio.co habló con George Gordon, director general de la compañía para América Latina, quien todavía confía en que el gobierno Nacional expida un decreto para que ellos puedan seguir operando, mientras se regula su operación desde el congreso de la República.
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Anunciaron llevar al país a un arbitraje internacional, ¿creen que fallaran a favor de ustedes?
Lo primero que quiero decir es que es una intención. Y quiero dejar muy claro que queremos regresar a Colombia porque sabemos que vale la pena. Estamos seguros que sí se puede.
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¿Cuáles son esas posibilidades para regresar?
La preferida de nosotros es que el Gobierno tome alguna acción al respecto con un decreto que nos deje seguir operando mientras se discute una ley y mientras se considera la apelación a la orden de la SIC, que tarda algunos meses. Sabemos que está en las manos del Gobierno y lo puede hacer.
¿Qué piensan hacer si eso no ocurre?
Los consumidores y taxistas también han radicado unas tutelas y hay unas acciones populares que podrían revertir la decisión de la SIC. O la del arbitraje internacional, que es otra opción.
¿Están casi seguros que fallarían a favor de ustedes por lo que exponen en el
comunicado sobre la neutralidad de la red y la violación de algunas normas del TLC con Estados Unidos?
Es un poco difícil para mí especular sobre probabilidades. Lo que puedo decir es que nosotros salimos porque nos obligaron a dejar de funcionar. Es un fallo arbitrario solo contra Uber, ya que los únicos en esta situación somos nosotros. Los otros jugadores de la industria siguen operando normalmente. El trato muy claramente hacia Uber es discriminatorio y eso es lo que causa la necesidad y la urgencia de una solución para Uber. No podemos dejar que la competencia siga adelante y nosotros no. Ahí es donde vemos el problema principal de todo este asunto y la necesidad de comenzar una regulación hacia adelante.
Lo de la discriminación que tanto enfatiza usted, ¿se puede alegar de manera legal?
Ese es el punto clave. Una orden que se saca solo contra una empresa en lugar de una industria es arbitrario y discriminatorio, nunca hemos visto en otro país. En otras partes, al contrario quieren regular y lo hemos logrado juntos.
En toda mi carrera nunca he visto una decisión de estas en ningún país, es algo único. Estamos evaluando todas las opciones legales tanto en Colombia como por fuera, también hay posibilidades a través de las tutelas de parte de los usuarios y de los conductores.
Estamos viendo todas las opciones pero la más fácil es que el gobierno actúe al respecto y corrija esta situación arbitraria contra una sola empresa.
¿Cree que el Gobierno va a actuar ahora cuando tuvo más de un mes, desde la decisión de la SIC, y no lo hizo?
Sí, lo puede hacer en derecho. Esto no es de Uber, se trata de los colombianos. Si el Gobierno tiene voluntad de escuchar a la gente que está pidiendo una solución para Uber ya, pueden hacerlo, y nosotros estamos dispuestos a trabajar en la regulación que reconoce este tipo de servicios.
¿Hasta dónde están dispuestos ustedes a llegar en regulación, teniendo como ejemplo lo que se ha hecho en otros países?
Hay varios casos. Están muy enfocados en el usuario y el conductor, en lo que ellos necesitan y requieren. Por ejemplo, seguridad, desde un inicio hemos tenido una cobertura de seguros para todos los viajes, para proteger al usuario y al conductor, con responsabilidad civil.
Revisamos que los conductores sean idóneos, sin problemas ni antecedentes penales.
También pagando impuestos. En México se reconoció con una regulación los servicios con Uber. Se estableció un fondo de movilidad con la cual en cada viaje se quita un porcentaje y va a este fondo de movilidad, que el gobierno puede usar en varios proyectos de movilidad como el metro o incluso en apoyar los sistemas tradicionales de transporte como el taxi. Hay muchas oportunidades y varios ejemplos.
¿Hasta cuándo le van a dar plazo al Gobierno para no llevar el caso a arbitraje internacional, ya tienen fecha?
No tenemos fecha, es una intención. Seguimos buscando una conversación abierta con el Gobierno para hablar de opciones. Las tutelas y acciones populares están abiertas también. Creemos que es mejor un decreto del Gobierno y no por acciones legales.
Hace poco el Gobierno se reunió con todas las aplicaciones de movilidad, ¿volvieron a reunirse después con ustedes solos?
Fue solo esa reunión y no pasó nada después. No ha avanzado en términos de soluciones.
Ustedes calculan pérdidas incluso por más de 250 millones de dólares por dejar de operar en Colombia, ¿Qué variables tuvieron en cuenta, cuánto tiempo?
No tengo el detalle del cálculo pero se toman elementos como las pérdidas por no estar operando.
¿Creen que podrían volver a operar en Colombia este año?
Nos encantaría. Queremos regresar. Hubo aceptación de nuestro servicio, la gente lo vio como una forma segura y confiable de moverse. Vamos a estar buscando la forma de regresar.
¿Son conscientes que las otras aplicaciones de movilidad van a tomar el mercado que ustedes están dejando?
No puedo hablar de los planes de otros jugadores de la industria. Lo que puedo decir es que Uber brindó una oferta única, distinta y muy enfocada al tema de seguridad. El hecho de que esta orden arbitraria va contra una sola empresa crea este tipo de daño: el de favorecer a otros jugadores. Por eso se requiere de una solución del Gobierno ya. No se puede dejar que siga ese trato discriminatorio.
¿Lo consideran deliberado?
Imposible especular en el por qué, salió solo en contra de Uber y no contra ninguna otra empresa. Eso es un trato discriminatorio. No se ha visto en ningún otro país.
Pedro Miguel Vargas N.
Editor Portafolio.co
