En aras de promover un debate constructivo, desde la ANIF solicitaron al viceministro Edwin Palma y al presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, que respondieran a esta pregunta desde sus diferentes puntos de vista.
Por: Edwin Palma Egea, viceministro de Relaciones Laborales
Edwin Palma Egea, viceministro de Relaciones Laborales.
En el siglo XIX, una de las primeras campañas globales fue la de los “Tres Ocho”. En decenas de naciones, la sociedad civil se unió para lograr la jornada máxima de trabajo y una jornada máxima menor para la niñez trabajadora. Una de las consecuencias de esa campaña fue la aparición del 1º de mayo, el Día Internacional del trabajador y la trabajadora.
En aquella época, los propietarios argumentaban que el contrato de trabajo tenía que ser de naturaleza civil, por tratar este sobre una mercancía que se intercambiaba por un dinero acordado en el ejercicio de la autonomía contractual entre dos partes legalmente iguales, un asunto privado donde el Estado no debía intervenir.
Sus argumentos económicos sostenían que la inflexibilidad contractual o la jornada máxima impedían atender las fluctuaciones de la demanda o reducían beneficios, y defendían el trabajo infantil porque era una ayuda a la economía familiar y formaban al muchacho o muchacha en un oficio y en la disciplina necesaria. Ciertos argumentarios de hoy que sacralizan el trabajo como mercado, la flexibilización laboral o la propiedad privada, suenan a esas viejas canciones.
Varios cataclismos tuvieron que ocurrir para llegar al reconocimiento del contrato laboral, la jornada máxima y el salario mínimo, así como para prohibir el trabajo a la niñez y permitir la creación de estados de bienestar o el Estado Social de Derecho, pilar de la constitución. Recuerdo esto porque, como dirían los españoles, de esos polvos estos lodos.
No olvidemos que la dialéctica ve la historia como un espiral en la que los hechos van y vienen, pero nunca vuelven al mismo sitio. Por eso estos argumentos del siglo XIX se parecen a los usados hoy para oponerse a la protección de los derechos laborales individuales y colectivos de la Constitución de 1991.
Nosotros en el Gobierno lo que vemos son impactos positivos con la reforma laboral, estos son algunos:
• Reduce el desequilibrio entre los derechos de los empresarios y los de los trabajadores y contribuirá a mejorar la calidad de vida, los ingresos y las condiciones de trabajo de al menos 11 millones de personas y sus familias.
• Abre la oportunidad para formalizar hasta 2.5 millones de trabajadores, el 20 % de los trabajadores y trabajadoras informales del país, trabajadores del campo, de las aplicaciones de envíos a domicilio, los aprendices y las personas empleadas en el servicio doméstico.
• Incorpora a la ley reiteradas sentencias de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y órganos de control de la OIT sobre el contrato de trabajo, límites a la tercerización, jornada máxima, salario digno, contratos sindicales, pactos colectivos, negociación colectiva, normalización de la huelga y protección a los trabajadores y trabajadoras que requieren atención especial.
• Aclara, estabiliza y potencia el derecho laboral, que hoy se encuentra sujeto a innumerables interpretaciones, vacíos u omisiones legislativas, o por la existencia de normas sobre los mismos temas, pero con distinto contenido, que han terminado por convertir la jurisprudencia en la fuente principal de interpretación y no las normas jurídicas.
• Busca dar más libertad a las ciudadanas y ciudadanos respetando la reducción de la jornada laboral que empieza este año, pero devolviendo los días de la familia y las dos horas de formación, recreación y deporte. Distribuye mejor las cargas de la vida laboral extendiendo la licencia de paternidad a 12 semanas.
• Disminuye la incertidumbre de los contratos inestables y sin beneficios que terminan convirtiéndose en eternos y no permiten a las personas tener la posibilidad de decidir un proyecto de vida.
• Busca dar más libertad, disminuyendo los obstáculos para sindicalizarse y poder negociar las condiciones de trabajo en todos los niveles, mejorándolas. Esta es una ley de mínimos.
• Busca disminuir la desigualdad, la explotación y la subordinación y las prácticas de acoso laboral en el mundo del trabajo a través de las medidas de formalización, de paso a contratación a término indefinido, de debido proceso para transformar la cultura de las relaciones laborales haciéndolas menos verticales.
• Es un mecanismo de crecimiento de la productividad mejorando la calidad de vida vía ingresos, libertades, tiempo libre y protección social. Es un mecanismo anticíclico para mejorar la capacidad de consumo y aumentar la entrada de capitales a la economía en riesgo de estancarse.
Hannah Arendt propuso en “La Condición Humana” un horizonte de las personas
como ciudadanas que han roto las cadenas de la necesidad, del temor y la repetición alienada de la producción en serie y logran entrar en la esfera de la política, el lugar de la vida pública de todos que está al centro de la idea de nación que la constitución nos sigue proponiendo.
Hoy la pregunta que como sociedad debemos hacernos es qué podemos hacer para mejorar la vida de millones de personas que trabajan y sufren de pobreza y de falta de libertad de expresión o asociación en sus sitios de trabajo.
Esa es la pregunta que nos hacen principios constitucionales como la igualdad, la solidaridad, la participación y la vida digna. El proyecto de reforma laboral apunta en esa dirección. Las puertas del diálogo se vuelven a abrir el 20 de julio. ¡Conversemos!
Por: Bruce Mac Master, presidente de la ANDI
Bruce Mac Master, presidente de la Andi.
Colombia tiene la tarea de adelantar una reforma laboral que se adapte a las nuevas dinámicas del mercado, a la vez que propenda por mejorar los ingresos de los trabajadores, se aumente la protección social, se elimine la precarización y, sobre todo, promueva la creación de nuevos puestos de trabajo y la disminución de la informalidad.
Esa discusión, que no ha sido fácil de dar durante décadas y que por tal motivo fue aplazada en muchas oportunidades, la estamos dando hoy en día. Como representantes del sector productivo hemos participado activamente en estas conversaciones en distintos escenarios, y lo hicimos una vez más durante cuatro meses en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, en la cual, junto a las centrales obreras y al Ministerio del Trabajo, desde octubre de 2022 aportamos en la construcción de un documento que sería llevado al Congreso de la República para que allí se diera el debate democrático ampliado, de modo que lográramos el mejor acuerdo para Colombia.
Tras analizar detenidamente el documento que finalmente, en su momento, se radicó, prendimos las alertas para decir que esta iniciativa podría tener consecuencias graves que van en contravía del objetivo de proteger a los trabajadores y que, además, podía impactar negativamente la ya alta cifra de desempleo en el país, que en abril fue del 10,7%.
No podemos olvidar que en Colombia más de la mitad de los trabajadores se encuentran en la informalidad y que, por tal motivo, no gozan de derechos laborales, no cotizan para salud ni pensión, no tienen vacaciones ni garantías. El proyecto de ley dejaba de lado a esta población y era posible que se incrementara el porcentaje de trabajadores informales con la iniciativa, como mostró, por ejemplo, el estudio publicado por el Banco de la República a comienzos de mayo, que habló de más de 450.000 personas saliendo del trabajo formal en los próximos años a causa del aumento de los costos laborales que proponía la reforma.
Estuvimos frente a una reforma contradictoria con los objetivos que deberíamos buscar desde el punto de vista laboral, social y de una variable muy importante: la superación de la pobreza. Esta reforma terminaba yendo en contra de todos los objetivos de superación de la pobreza.
El Dane reportó que en el 2022 el índice de pobreza multidimensional llegó al 12,9%. Esto significa que 13 de cada 100 personas experimentan privación de al menos 5 de los 15 indicadores que componen esta medición, que no solo evalúa los ingresos monetarios de las familias, sino aspectos básicos como el acceso al agua, el analfabetismo, el trabajo informal, el desempleo de larga duración, entre otros.
Llama la atención que, de acuerdo con el reporte, la región Caribe es la que presenta la tasa de pobreza multidimensional más alta del país, con 21,4%. Esto, sin duda, se relaciona con el hecho de que esa misma región en el 2022 tuvo la tasa de desempleo más alta del país, con un promedio del 10,85% durante el año. Además, los índices de informalidad más altos se concentran en esta zona del país, en ciudades como Riohacha, Sincelejo y Valledupar, donde la cifra supera el 60%.
Es vital que se generen las condiciones necesarias que impulsen la actividad productiva, de modo que se promueva también la generación de puestos de trabajo formales en todas las zonas del país. Es un hecho que el vehículo más efectivo que tiene la sociedad para progresar y para reducir la pobreza es este.
Un aspecto adicional sobre el que llamamos la atención, en su momento, es que el proyecto de ley impactaba negativamente el emprendimiento. Se le exigía a las empresas medianas y pequeñas que tenían que ofrecer las mismas prebendas y condiciones a sus empleados que una empresa grande, cuando quieran ser contratadas por esa empresa grande.
Eso es imposible en la práctica, pues las condiciones financieras de una empresa pequeña no son las mismas que las de una empresa grande. Lo anterior, consideramos, iba a terminar generando la creación de grandes conglomerados y la desaparición de los emprendimientos. Con ello, la disminución de empleo formal y una mayor dificultad para que se creen puestos de trabajo.
Reiteramos que estamos frente a una gran oportunidad para que Colombia avance en la elaboración de una nueva regulación que responda a la realidad del mercado laboral, que es cada vez más digital y en el que han entrado a jugar nuevas tecnologías cada vez más presentes en nuestra cotidianidad, como la inteligencia artificial.
Tenemos un reto enorme y debemos abordarlo con un mismo objetivo, el de encontrar un punto de equilibrio que nos permita ser un país atractivo para la inversión, que proteja mejor a sus trabajadores, en el que existan más estímulos para la formalidad y en el que se puedan acoger nuevas formas de trabajar de cara al futuro.
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