La reforma laboral anunciada por el Gobierno para ser presentada nuevamente en la segunda legislatura de este año, debe contener la garantía de derechos para los trabajadores, como la estabilidad laboral; la reducción significativa de todo acto de tercerización o intermediación laboral; la recuperación del pago del recargo nocturno, los dominicales y festivos; la regulación del trabajo doméstico, rural y plataformas digitales, en especial los repartidores, y las plenas libertades sindicales de los derechos de asociación, negociación y huelga.
Toda esta normatividad está basada en las reglamentaciones internacionales que ha consagrado la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en convenios, recomendaciones y resoluciones, así como en decisiones de la Comisión de Aplicación de Normas y el Comité de Libertad Sindical, los cuales ya son utilizados en otros países y que garantizan el trabajo decente.
En el caso particular de Colombia, se pretende recuperar parte de los derechos que se han perdido en 33 años de gobiernos neoliberales y plutocráticos.
La reforma laboral presentada por el Gobierno y respaldada por las centrales obreras va encaminada, además de recuperar los derechos señalados, a generar un ambiente propicio en el mundo del trabajo que aumente el empleo y reduzca la informalidad.
En la medida en que los trabajadores mejoren sus ingresos con la recuperación de los recargos nocturnos, dominicales y festivos, y tengan una estabilidad laboral, pueden
desarrollar un proyecto de vida a largo plazo, con lo cual podrán acceder a los créditos y, por consiguiente, demandar más bienes y servicios, lo que implica mayor producción y empleo.
Además, si se logra formalizar a los trabajadores del campo por la vía del contrato agropecuario que consagra esta reforma, se reduciría la informalidad rural que bordea el
86%. Y si las trabajadoras domésticas y los repartidores logran formalizar su relación laboral, se beneficiarían cerca de un millón de trabajadores.
De tal manera que la reforma laboral, sumada a los incentivos de la economía popular y comunitaria del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno del cambio de Gustavo Petro, se constituye en una real situación de generación de empleo y reducción de la informalidad.
Esto contrasta con las admoniciones apocalípticas del presidente de la Andi, Bruce Mac Master, que señala que la única manera de generar empleo y reducir la informalidad es disminuyendo los costos laborales.
Este ya es un proyecto fracasado. Llevamos 33 años de aplicación de reformas en las cuales se reducen significativamente los costos laborales y las tasas de desempleo
siguen en dos dígitos y los índices de informalidad superan el 60%.
Es todo un engaño de la teoría neoliberal. Para lo que sí han servido esas reformas es
para enriquecer y llenar de privilegios a las grandes corporaciones nacionales y
extranjeras y a los “megaricos”. La aprobación de la reforma en el Congreso depende, primero, del esfuerzo del Gobierno para restablecer la coalición que tenga mayorías en el Congreso con los directores de los Partidos de la U, Liberal y Conservador, o con sus bancadas.
Y, segundo, de la movilización masiva y pacífica que debemos liderar las organizaciones sociales, sin descartar incluso un paro, para hacer entender a empresarios y partidos tradicionales lo imperativo de modificar su posición frente al Congreso.
La mayoría del pueblo colombiano votó por el Gobierno del cambio. Fue lo que se escuchó durante los 50 días del estallido social. No se pueden seguir aplazando estas progresivas reformas sociales.
Por: Fabio Arias Giraldo, presidente de la CUT.
Jaime Alberto Cabal Sanclemente, presidente de FENALCO.
El hundimiento de la reforma laboral en la pasada legislatura es la expresión de la voluntad del Congreso, que encontró en las preocupaciones de distintos sectores de la sociedad, como empresarios, trabajadores, jóvenes, informales, academia e instituciones de investigación, razones válidas para no aceptar un proyecto que aumentaba los costos, especialmente para las micro y pequeñas empresas, y ponía en riesgo, al menos, 450.000 empleos.
Una reforma que consulte los intereses nacionales debe partir de la necesidad de generar empleo, disminuir la informalidad y promover el crecimiento económico.
El anuncio de que se presentará de nuevo el proyecto hace que persistan las
inquietudes y por ello desde FENALCO hemos llamado la atención sobre el impacto negativo que la iniciativa puede tener sobre el empleo formal y la productividad del país.
Si se presenta el mismo texto, sin tener en cuenta las recomendaciones de gremios y de organizaciones económicas, ésta seguiría siendo una reforma que profundiza los privilegios de unas minorías, crearía múltiples cargos sindicales protegidos por fuero,
incrementaría sustancialmente los costos para los empresarios y emprendedores y conduciría a la pérdida de empleos formales, sin dar solución al desempleo y la informalidad.
En Colombia una proporción considerable de la fuerza laboral carece de acceso a protección social.
Como lo han advertido numerosos analistas, aumentar los costos de contratación sólo
protegerá a ciertos trabajadores y se generarían barreras difíciles de superar para que desempleados e informales accedan a la formalidad.
Bajo este panorama y teniendo en cuenta la actual situación económica del país y las difíciles expectativas para los meses que vienen, FENALCO reitera la necesidad de que se presente un proyecto concertado, de cara al país, con participación real del sector productivo y de la academia y con fundamento en datos ciertos, de manera que la reforma sea una herramienta que permita generar y no destruir empleos formales.
Insistimos en que es necesario presentar un proyecto completamente nuevo. La reforma laboral que necesita el país debe partir de seis principios fundamentales:
1. Reconocer que las nuevas generaciones esperan o buscan empleos que se ajusten a sus necesidades de horario y disponibilidad.
2. Permitir que haya jornadas de trabajo especiales, acorde con las propuestas cada vez más difundidas de ciudades que trabajan en horarios, por ejemplo, nocturnos. Estas jornadas reducen también las cargas a las que se someten las infraestructuras de servicios, como las vías y el tráfico.
3. Establecer exenciones en parafiscales y aportes al SENA por generación de nuevos empleos.
4. Permitir que las empresas concedan beneficios especiales a los trabajadores, de acuerdo con índices y objetivos acordados entre ambos.
5. Hacer que las negociaciones colectivas no se vean permeadas por intereses políticos, de forma que resulten en acuerdos pacíficos que permitan mejores condiciones para los trabajadores sin vulnerar el derecho de dirección de las empresas y la productividad del país.
6. Mérito, transparencia y formalización en los empleos públicos. El debate democrático no debe temer a la apertura a posiciones diversas ni a la discusión técnica, basada en evidencias cuantitativas. Desde ya se debe acabar con la narrativa de dividir empresarios y trabajadores.
El Congreso tiene la enorme responsabilidad de garantizar un proyecto concertado, que
recoja las preocupaciones y angustias de los colombianos que hacen empresa, de quienes hoy tienen empleo, de los que tienen un empleo precario y de aquellos que no lo tienen o que lo podrían perder.
Todos tenemos el deber de construir una Colombia más productiva y solidaria y el Gobierno debe ser eje articulador de los esfuerzos de todos y concentrarse en unir y facilitar, para obtener resultados prácticos.
Por: Jaime Alberto Cabal Sanclemente, presidente de FENALCO.
