La ciencia se ha convertido en el gran aliado de diferentes sectores y el legal no es la excepción, dentro de los principales beneficios se encuentra que los procesos son más ágiles, sencillos y objetivos.
En el ámbito legal, la tecnología permite un servicio al cliente eficiente, oportuno y de alta calidad sin importar la ubicación de abogados y clientes. Así mismo, ha permitido dar un paso hacia la creación de más conexiones y espacios de aprendizaje entre los colegas y equipos.
Gracias a la tecnología, se han normalizado espacios de capacitación y entrenamiento virtual que son clave para el entendimiento de temas legales y permiten un aprendizaje constante, de alta calidad y de fácil acceso.
De acuerdo con Juan Manuel Charry, abogado constitucionalista, los puntos a favor del ‘legaltech’ pueden ser muchos en el sentido en que se limita la subjetividad y se minimiza el error humano, haciendo que sea mucho más rápido y sencillo, teniendo en cuenta que las máquinas pueden trabajar 24/7.
“Hay muchos ejemplos que nos trajo la pandemia, ya se tiene acceso a los expedientes vía digital, las notificaciones se hacen vía correo electrónico y dentro de los retos se encuentra la aplicación de tecnología artificial”, indicó, añadiendo que "ya no hay que ir personalmente a lo que se llamaba la baranda de los despachos judiciales a preguntar por los procesos, y ahora, se obtiene la información vía Internet y se conocen los documentos que presentan las diferentes partes en el proceso de manera que en mi opinión sí ha avanzado mucho”, agregó Charry.
De hecho, luego de dos años de pandemia, se empieza a ver que el uso de la automatización de documentos para producir ciertos tipos de procesos legales se vuelve rutinario y forma parte del día a día. Asimismo, en algunos grupos de práctica, el uso del procesamiento de lenguaje natural de aprendizaje automático para analizar contratos y extraer disposiciones se está normalizando.
Para Zárate Abogados, con el tiempo el término ‘legaltech’ ha venido evolucionando y ahora integra otras tecnologías como ‘blockchain’ e incluso Inteligencia Artificial para aprovechar el trabajo legal que realizan los abogados.
“La irrupción de la tecnología en el ámbito legal, más allá de la digitalización, ha contribuido a discutir temas de transparencia y acceso a la información”, destaca la firma.
Algunas de las principales barreras a la hora de implementar la tecnología en la prestación de servicios legales están relacionadas con el cambio de paradigmas respecto de la forma tradicional de prestar servicios y el acceso limitado a tecnología de punta por parte de ciertos actores del entorno legal.
Isabel Torres, asociada senior del grupo de practica M&A de Baker McKenzie, desde una perspectiva procesal y de acceso a la administración de justicia, asegura que “si bien la pandemia del Covid-19 favoreció la virtualidad, aún hay un reto importante en materia de automatización de los temas judiciales, los cuales en su mayoría mantienen prácticas tradicionales”.
Algunas de las claves para afrontar los retos del ‘legaltech’ son la voluntad y capacidad de identificar, comprender y buscar atender las necesidades de los clientes y las diferentes industrias de manera acertada. Es importante diseñar estrategias de innovación que contemplen la sinergia entre el equipo humano y las herramientas tecnológicas, enfocándose en soluciones eficientes y servicios legales de alta calidad.
En comparación con los estándares globales, el sector legal es particularmente tradicional en Colombia y ese es precisamente uno de los principales retos en esta materia en el país.
“Un reto importante y un llamado de atención para las firmas de abogados y de quienes prestan servicios legales es impulsar la voluntad de reinventarse y desafiar el statu quo”, señaló Isabel Torres, asociada senior del grupo de practica M&A.
Los expertos coinciden en que una gran oportunidad para los bufetes de abogados es utilizar la tecnología para dar sentido a los datos. Así, en lugar de confiar en evidencia anecdótica, las empresas pueden proporcionar un razonamiento mejor cuantificado basado en más datos del mundo real y, por lo tanto, más inteligencia procesable para los clientes.
Por su parte, Charry indicó que en materia de limitaciones y barreras hay que hacer una gestión muy grande de pedagogía, “tenemos el fenómeno del analfabetismo digital que se presenta entre las personas de mayor edad, mayores de 50 a 60 años, que les cuesta dificultad este tipo de nuevos procedimientos, de manera que es la difusión y que sean muy intuitivos los procedimientos y mecanismos”, agregó.
Carlos Mario Molina Betancur, director científico de la Asociación Colombiana de Facultades de Derecho (Acofade), señala que “el ranking Legal 500 es un blog legaltech que se ha posicionado como una de las publicaciones más importantes en el medio digital y permite, en primer lugar, conocer las firmas electrónicas más significativas de Iberoamérica, como herramienta para resolver las dudas más comunes de empresas que quieren utilizar este tipo de bufetes y automatizar la gestión de sus contratos”.
Agrega que “esta publicación le otorga a los abogados y gerentes de empresa la posibilidad de conocer todo lo relacionado con las innovaciones más importantes en el mundo empresarial digital, lo que contribuye a suplir muchas de las necesidades que se encuentran entre los equipos técnicos de desarrollos y el área legal de una compañía”.
Por otro lado, señala que esta plataforma ayuda considerablemente a los dirigentes de unidades legales a ser más eficientes, a través de herramientas digitales, entendiendo su fundamento y su impacto en el mundo web.
Santiago Trillos, cofundador y gerente de la firma Practice 360º, al respecto, dice que este ranking beneficia a los bufetes en temas de mercado y comercial, porque facilita a los gerentes jurídicos de las empresas el conocer a fondo el entable que tiene cada una de estas entidades que funcionan en el país.
También sirve para que surjan nuevos jugadores en el mercado, trabajando en asuntos relevantes que hace unos años eran adjudicados casi siempre a las mismas firmas. Igualmente, permite medir a los abogados o al gremio, sobre la labor que desarrollan en cada una de las áreas en las cuales se especializan. Además, promulga las buenas prácticas y promueve la sana competencia en determinadas áreas de la práctica legal.
