Colombia ha demostrado un avance importante en cuanto a la transformación digital en los sectores productivos, y es que un ejemplo de ello es el LegalTech o consejerías de abogados, un nuevo campo de trabajo multidisciplinario en el que se busca integrar la aplicación de la tecnología al ejercicio de la profesión legal, mediante el uso de herramientas que faciliten o hagan más eficiente el quehacer de los abogados en beneficio de sus clientes.
Eficiencia, rapidez y economía, son algunas de las características de este proceso, a lo que se suma que la gente, sin tener que salir de casa o de la oficina, le confía a un grupo de abogados un trámite o proceso a través de la plataforma virtual.
Sin embargo, para David F. Varela y Daniel A. Garavito, profesores de LegalTech, facultad de Ciencias Jurídicas, Pontificia Universidad Javeriana, “el LegalTech no se limita a la aplicación de tecnología útil para los abogados, sino que también incorpora el concepto de innovación en el área legal, facilitando el ejercicio de las tareas cotidianas de los abogados mediante procesos más sencillos y amigables. Por eso, uno de sus campos más atractivos es el de las herramientas LegalDesign que buscan aplicar principios del diseño a los servicios y metodologías propias del derecho, para acercar a los usuarios finales a los productos típicos de un trabajo jurídico como contratos o decisiones administrativas o judiciales”, dice.
Según la iniciativa Legal Hackers (movimiento global compuesto por abogados, tecnófilos y académicos de todas las áreas), en Colombia existen más de 100 emprendimientos diferentes en materia de LegalTech; esto, sin contar con las provenientes del sector público y de la academia que se materializan en empresas de base tecnológica.
Estas iniciativas van desde servicios de actualización jurídica, consulta de expedientes judiciales, notificaciones sobre actuaciones procesales; estudios jurídicos especializados en tecnologías emergentes, reparto de procesos judiciales mediante inteligencia artificial y creación de líneas jurisprudenciales con base en ‘big data’ y ‘block chain’, solo por mencionar algunos.
En Colombia, como en el resto del mundo, el LegalTech es un campo en construcción con infinidad de posibilidades y con muchos actores que se han ido sumando para su implementación en diversos ámbitos. “Ejemplo de ello es la existencia de la Asociación Colombiana de LegalTech (alt+co), organización sin ánimo de lucro orientada a promover el ecosistema surgido de la interacción entre las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y el sector jurídico, pero también la existencia de iniciativas
gubernamentales como ‘LegalAPP’ del Ministerio de Justicia y ‘Pretoria’ de la Corte Constitucional, que dejan ver claramente una intencionalidad de utilizar la tecnología en pro del mejoramiento de los servicios jurídicos y legales”, comenta Carlos Eduardo Saraza Gómez, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Areandina de Pereira.
Ante la gran proliferación de este tipo de servicios, el acceso al LegalTech como herramienta de uso social se democratiza cada día más y podría pensarse que está al alcance de todos. “Sin embargo, también resulta cierto que los costos operativos de estas tecnologías pueden ser altos para personas y empresas que no tienen infraestructura, recursos económicos y financieros suficientes y, en peores casos, generan el aumento de brechas digitales entre usuarios del sistema jurídico visto como una unidad”, agrega decano de la Facultad de Derecho de la universidad del Areandina de Pereira.
El LegalTech no es en sí mismo una plataforma. Como se ha visto, es más bien un ecosistema integral que combina diferentes plataformas, tecnologías, metodologías y servicios para contribuir a un mejor funcionamiento de las actividades atinentes a los ámbitos jurídico, legal o del Derecho.
Teniendo ello claro, parece virtualmente inagotable el número de asuntos que se pueden gestionar con el uso o implementación del LegalTech. Para citar algunos ejemplos prácticos, en Colombia se pueden realizar los siguientes procesos:
- La gestión de contratos digitales, contratos “inteligentes” y contratos ‘online’.
- La revisión de los trámites procesales en los diversos órganos jurisdiccionales del país, desde juzgados municipales hasta altas cortes.
- Realización de trámites notariales y registrales, ‘online’.
- Utilización de las TIC para reconstrucción forense, consecución de elementos de prueba y análisis probatorio.
- Realización de audiencias y diligencias mediadas por tecnologías.
- Trámite de selección de procesos para instancias judiciales como la Corte Constitucional.
- ‘Software’ especializado para el seguimiento de casos judiciales, agendamiento de audiencias y control legal.
- Actualización jurídica y acceso a literatura especializada.
- Cursar pregrados y posgrados en Derecho tanto en el país como en el exterior.
- Análisis de precedente jurisprudencial y elaboración de líneas jurisprudenciales mediante el uso de ‘big data’ y analítica.
Estas son solo algunas de las soluciones ya implementadas en el contexto jurídico colombiano y son muchas más las que se encuentran en fase de desarrollo y que seguramente redundarán en mejores prestaciones para las personas que tengan contacto con servicios jurídicos en general.
Como cualquier otro servicio depende del acuerdo entre el abogado y su cliente.
En los últimos años la oferta de servicios legales de forma digital incluye desde la contratación de servicios de asesoría legal tradicional en línea hasta llegar a la selección de ‘paquetes’ digitales que integren diferentes servicios, por lo que no existe una estandarización de precios. “Además de que el costo final depende de la cantidad de soluciones que se quieran contratar, y del tipo de servicios que se necesitan para cada caso, en general prevalece una fuerte competencia en la que los proveedores buscan diferenciarse mediante la calidad y características de sus servicios”, agregan los profesores de la Javeriana. Así pues, este modelo se debe entender como la forma en que los abogados prestan sus servicios de la mano de la tecnología.
Prácticamente es como tener a un profesional del Derecho abierto para usted las 24 horas del día, los 365 días.
