La Sala Plena de la Corte Constitucional adelantó este jueves una audiencia pública en el marco del estudio de 19 tutelas acumuladas que se han presentado en casos en que una persona se pasó del régimen de ahorro individual con solidaridad (Rais) al régimen de prima media (Colpensiones) y luego buscó ante la justicia reversar esa decisión por no haber obtenido la información adecuada para adelantar el cambio.
En la diligencia, el Ministerio de Hacienda, Colpensiones, el Banco de la República, Asofondos y expertos alertaron sobre el alto costo que representan para el Estado dichos traslados, así como la cantidad de procesos en marcha.
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¿Por qué este asunto es tan complejo? Cuando una persona se traslada de un fondo privado a Colpensiones, el consecuente traslado de recursos desde las AFP alivia temporalmente las finanzas de la entidad, pero, a largo plazo, dijo Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, afecta las finanzas del Estado.
Lo anterior, porque Colpensiones asume entonces la obligación de pagar pensiones que valen más de los recursos que se trasladan, generándose un déficit e incrementando un pasivo que a la larga debe ser asumido por la Nación.
"Colombia tiene un pasivo pensional que no está fondeado y que tendrá que ser atendido por los contribuyentes en las próximas décadas a través de impuestos generales", dijo Villar.
Ante los interrogantes de la Corte Constitucional, que buscó recoger insumos sobre lo que está pasando, las repercusiones, los derechos de los usuarios, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, dijo que existe la posibilidad de descapitalizar el fondo común de Colpensiones por el hecho de que esta entidad deba pagar pensiones de personas que nunca contribuyeron a este, lo que, a su juicio, se convierte en una "pensión subsidiada" dado que los recursos que se trasladan son parciales.
EL IMPACTO FISCAL ESTIMADO
La Corte Constitucional preguntó sobre el impacto fiscal y de sostenibilidad financiera estimado frente a casos en los que por decisiones judiciales se anulen los traslados de régimen pensional cuando faltan menos de 10 años para pensionarse.
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La anulación de traslados entre regímenes tendría un impacto fiscal de 6,3 billones en el caso de la demandas ya presentadas, y de 35 billones en el caso de las que se podrían presentar.
El ministerio dijo que, con corte a agosto de 2021, hay un registro de 43.277 demandas en las cuales en 39.941 se ha ordenado la nulidad de la afiliación al Rais (al fondo privado).
Según explicó Restrepo, el valor estimado de los ingresos a Colpensiones por traslado de las cuentas individuales es de 5,3 billones de pesos; mientras que el valor del pasivo pensional de las pensiones reconocidas en el RPM es de 12,8 billones.
Según las cuentas del ministerio, el impacto fiscal sería de 6,3 billones de pesos. Ahora, el ministerio le presentó a la Corte un estimado de 223.206 demandas que la cartera cree que podrían presentarse en el futuro y que, de ser fallas en contra, implicarían un déficit de 35 billones de pesos.
"De esos 35 billones, el 25 por ciento refiere a personas que recibirían entre 4 y 25 millones de pesos mensuales. En conclusión, esto tiene un costo fiscal alto, que puede ser mucho más alto, pero sobre todo de inequidad porque el Estado termina subsidiando en más de un 85 por ciento a personas que ganan más de 4 millones de pesos", dijo Restrepo.
Ahora, como también hay demandas presentadas en casos de personas que ya están pensionadas, ya sea por retiro programado o por renta vitalicia, el ministerio hizo cuentas sobre al menos 64.902 personas que podrían demandar si así lo desearan. En ese escenario posible, el impacto fiscal estimado, dijo Restrepo, sería de 18,5 billones de pesos.
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"Aquí hay un costo adicional que son las sentencias que están poniendo multas de pago a las AFP por mesadas que ya fueron pagadas anteriormente. Eso vale 10,8 billones y el costo de una eventual inestabilidad del sistema general de pensiones, del sistema financiero colombiano y, por qué no, la liquidación y quiebra de las administradoras de fondo de pensiones", dijo el ministro Restrepo.
LA LITIGIOSIDAD
Según la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, actualmente Colpensiones enfrenta 108.813 procesos con pretensiones por 3,9 billones de pesos. De estos, 45.819 tienen que ver con cambio de régimen pensional.
De estos casos, 32.579 están activos y tienen pretensiones por 1,22 billones de pesos, mientras que en 13.240 casos ya finalizados hubo condenas por 55.543 millones de pesos.
El 5 por ciento de las demandas sobre traslados entre regímenes las presentan personas que nunca estuvieron en Colpensiones o el ISS.
De los casos activos, 26.334 están en trámite de primera o única instancia, 5.894 están en segunda instancia y 396, en manos de la Corte Suprema de Justicia por recursos de casación.
Estas cifras son diferentes a las que presentó Colpensiones ante la Corte Constitucional con corte al 30 de agosto de 2021. La entidad habló de 43.277 procesos por cambios entre regímenes pensionales, de los cuales están activos 31.071.
Según dijo Juan Manuel Villa, presidente de la entidad, el 65 por ciento de esas demandas fueron presentadas por mujeres y el 38 por ciento de estas, por personas que ya completaron las 1.300 semanas para pensionarse. Un elemento clave, dijo, es que el 5 por ciento de los demandantes nunca estuvo en el Instituto de Seguridad Social o en Colpensiones.
"Llama la atención esta cifra porque demandan la ineficacia del traslado cuando el traslado nunca fue", dijo Villa al indicar que se ha presentado desde 2018 un incremento en las demandas. Además, advirtió que la sola defensa de la entidad en todos esos procesos asciende a los 14.000 millones de pesos.
LOS EFECTOS
Según el Ministerio de Hacienda, esta situación no favorece a los afiliados que tienen una expectativa de pensionarse con una mesada de un salario mínimo ni a al grupo de afiliados que realmente no se van a pensionar.
Favorece, en cambio, a los afiliados que en Colpensiones recibirían “un subsidio implícito en sus pensiones” en un monto de 29 billones del déficit fiscal de la Nación. Y, dijo el ministerio, desfavorece a las personas más vulnerables.
Para el ministro Restrepo, si bien la Nación tiene unas responsabilidades, los ciudadanos también tienen derechos y deberes: "No vemos razón para que el Estado asuma omisiones del ciudadano y de sus responsabilidades de informarse".
“La inversión de la carga de la prueba es inequitativa porque exonera al afiliado del deber de probar sus afirmaciones. El afiliado debería demostrar que buscó asesoría y no se la brindaron, que la asesoría no fue suficiente para tomar una decisión (sobre el cambio de régimen)”, indicó la cartera.
El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, indicó que el pasivo pensional actual equivale al 5 por ciento del PIB, y de este hace parte el pasivo en cabeza de Colpensiones, el cual, por sí solo, representa cerca del 40 por ciento del producto interno bruto.
"Ese pasivo pensional es adicional a la deuda pública. En cualquier caso, los traslados masivos extemporáneos de personas que se sumarían a los traslados que se hacen cuando a las personas les faltan más de diez años para la edad de pensión pueden complicar en mayor medida la situación fiscal de mediano y largo plazo", dijo Villar.
De otro lado, Mauricio Santamaría, director de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), dijo que los traslados se dan ya que existen diferencias entre los regímenes que hacen "ventajoso" el de prima media.
"Cada traslado al régimen de prima media es un subsidio que todos los colombianos le estamos pagando a esa persona", dijo Santamaría, e indicó que, de un escenario de 480.000 personas que podrían hacer el traslado, unas 135.000 en efecto se pensionarían por un valor total de 46 billones de pesos, que son, dijo, 4 puntos del PIB.
¿QUÉ ESTUDIA LA CORTE?
El caso que inició este expediente tiene que ver con una tutela que interpuso Colpensiones contra un fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró la ineficacia del traslado al régimen de ahorro individual del señor José Benito Zúñiga Pino y, como consecuencia, condenó a la entidad a reconocer y pagar en favor de dicho ciudadano la pensión de vejez correspondiente.
Los expedientes restantes corresponden a acciones de tutela promovidas por personas en contra de decisiones que les negaron la anulación de su traslado del régimen de prima media al régimen de ahorro individual y que fueron instauradas por, presuntamente, no haber obtenido la información adecuada para adelantar el cambio de régimen pensional.
La diligencia se citó al indicar que “se encuentran las tensiones jurídicas comprometidas en el estudio de este conjunto de casos. Preeminentemente, las derivadas de la protección de la seguridad social pensional, sobre todo en sus facetas de accesibilidad, adaptabilidad y la garantía del derecho a la información, en el marco de las vinculaciones de las personas con las entidades administradoras de los regímenes de pensiones”.
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