El presidente Gustavo Petro sorprendió nuevamente durante una alocución televisada al dejar clara su intención de elevar el umbral del pilar contributivo hasta los cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes, horas después de que la plenaria del Senado de la República aprobara que este fuera de 2,3 salarios y no de tres como se planteaba originalmente en el proyecto de reforma pensional, tras el acuerdo sellado por algunos partidos políticos, especialmente el ocurrido con el partido Liberal.
Este, que es uno de los temas centrales en la discusión y aprobación del proyecto de reforma que ahora pasa por la Cámara de Representantes, vuelve a cobrar relevancia con lo dicho por el jefe de Estado, en la medida que hace que personas de más altos ingresos tengan subsidios más altos sobre sus pensiones, lo que mantiene la inequidad del sistema actual; además, eleva los costos del pasivo pensional e incrementa el riesgo de insostenibilidad del sistema, según la primera lectura que hacen los expertos.
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"Un umbral más alto es claramente más costoso para los colombianos y poniendo en riesgo el sostenimiento y financiamiento del sistema pensional en el mediano y largo plazo. Además, mantiene la regresividad en las pensiones altas (mayor subsidio a los más ricos), en contravía del propósito de concentrar la atención sobre los más vulnerables", advierte César Pabón, director ejecutivo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana.
Más allá de temas políticos, lo que observan los analistas es que, sin lugar a dudas, el impacto de las finanzas públicas bajo un escenario de cuatro salarios mínimos es mucho mayor. Sin embargo, no se sabe aún con certeza dicho monto, pues "no hemos terminado de hacer los cálculos con un umbral de 2,3 salarios y ya nos toca hacer otro, lo que implica los cuatro salarios", advierte un experto en temas pensionales.
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"Si nos vamos a un umbral de cuatro, queda muy claro que es una estatización del sistema de pensiones como lo conocemos o como es más conocido para los colombianos, es volver al Instituto de Seguros Sociales (ISS), básicamente esa es la implicación de estar en el umbral de cuatro (salarios)", señala José Ignacio López, presidente del centro de estudios económicos Anif.
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"Mientras más alto sea el umbral, es menos sostenible el sistema propuesto por el Gobierno", coinciden la mayoría de expertos. Este es uno de los puntos cruciales que desde cuando se anunció la reforma han tratado de poner de presente distintos sectores económicos y académicos del país.
Cálculos recientes de Anif indican que "si bien el nuevo umbral establecido en 2,3 salarios mínimos implica un ahorro en el pasivo del sistema pensional de 14,6 puntos porcentuales en comparación al umbral de 3 salarios, el Régimen de Transición aprobado aumenta significativamente el pasivo del sistema. Con lo anterior, la ganancia de contar con un menor umbral es contrarrestada por una ventana de transición más generosa".
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El centro de estudios añade que, según cálculos preliminares, con lo aprobado en el Senado, que reduce a 900 y 750 semanas cotizadas, el requisito de transición de hombres y mujeres, respectivamente, el pasivo del régimen de transición pasaría al 28,3 % del PIB, desde el 16 % en Calor Presente Neto (VPN) para el año 2100 bajo un régimen de transición de 1.000 semanas propuesto en principio, que es equivalente a un incremento de 12,3 puntos porcentuales.
"Con eso, el pasivo total del sistema ascendería a 191,6 % del PIB. Por todo lo anterior, las decisiones en términos financieros del sistema pensional no solo deberán incluir una reducción del umbral, que desde Anif hemos insistido debe ser de un salario mínimo, sino también un régimen de transición menos laxo", insiste el centro de estudios.
Con la decisión del Gobierno de subir el umbral a 2,3 salarios mínimos, como quedó aprobado en la plenaria del Senado, las administradoras privadas de pensiones (AFP) reciben un nuevo golpe que, en términos prácticos, las dejaría por fuera del mercado, según advierten los expertos, en la medida que estas entidades solo se quedarán con los afiliados de más altos ingresos salariales.
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Cifras con corte a febrero pasado de la Superintendencia Financiera muestran que los afiliados en el rango salarial de hasta cuatro salarios mínimos que obligatoriamente tendrán que pasar a Colpensiones si se acoge la propuesta del Gobierno son 18,5 millones, mientras que aquellos que está por encima solo suman 611.203 afiliados, significa que las AFP se quedarían solo con el 3,3 % del total actual (19,1 millones).
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Para Andrés Restrepo, gerente general de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), más allá de los efectos de largo plazo que pueda tener esta reforma pensional, que sin duda son muy importantes, se ha perdido un poco en medio de esta discusión los efectos bastante negativos inmediatos, específicamente, en la construcción del ahorro pensional, que son muy importantes para asegurar la sostenibilidad en el largo plazo.
"Se está desapareciendo una fuente de financiación fundamental para los proyectos productivos que requiere Colombia", señala el directivo, para quien es imposible financiar un sistema de transporte masivo, un acueducto o grandes proyectos viales con recursos a seis meses ni de un año, se requieren plazos de 15, 20 años o más.
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Explica que esas financiaciones se sostienen en el ahorro pensional y si como sociedad dejamos de construir dicho ahorro, sería muy difícil que este tipo de proyecciones se lleven a cabo, pues no habría quien aporte los recursos. "Se puede decir que se consigue financiación externa, en dólares con el riesgo que eso implica y solo pueden acceder muy pocos emisores que cumplen con ciertas condiciones", puntualiza Restrepo.
David Luna, senador del partido Cambio Radical, coincide en que dicho movimiento del Gobierno denota una intención "de estatizar pensiones para quedarse con más dinero para su proyecto político, el cual podría empezar a disponer al final de su mandato, en plena época electoral".
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*Con información de EL TIEMPO - ECONOMÍA
**Portafolio hace parte de un conglomerado de empresas al cual pertenece una AFP.
