Como es tradicional, en coyunturas difíciles se suele buscar a los “chivos expiatorios”, a quienes culpar de los males que sufre la sociedad. En la situación actual, uno de los candidatos a desempeñar este papel es el sistema bancario. Son acusados de no irrigar liquidez del gobierno o del Banco de la República a la economía. La solución, abogan algunos, es obligarlos a prestar, otros proponen nacionalizar la banca.
(Los cambios que la covid-19 traerá para los bancos).
Para aclarar algunas de estas ideas, repasaré brevemente el papel de los bancos en una economía de mercado, como la nuestra, y señalar qué se podría esperar de ellos, y qué no, ante la coyuntura actual.
LOS BANCOS COMO INTERMEDIARIOS FINANCIEROS
¿Cuál son los productos generados por un banco? Se llaman “créditos”. Las empresas, las personas o los gobiernos necesitan estos productos, para solventar las necesidades de liquidez que puedan enfrentar, para satisfacer sus necesidades de consumo o de inversión.
(Capacidad de pago, línea roja de bancos para negar créditos).
Cuando un banco asigna adecuadamente el crédito, cumple una función útil desde el punto de vista de la sociedad: contribuye a que los recursos de ahorro se orienten hacia las personas, empresas o proyectos que les pueden dar un uso adecuado. Por otra parte, el banco debe estar razonablemente seguro de que se va a devolver el dinero. Si no lo hace, sería irresponsable con sus ahorradores y accionistas.
¿Cuál es la materia prima principal para producir créditos? Pues son los recursos aportados por los ahorradores (depósitos) o por los accionistas (capital). Esa materia prima es transformada en términos de plazos, y de montos. Muchos depósitos a la vista o de corto plazo sirven para financiar créditos a varios años. Pequeños ahorros son convertidos en grandes créditos para atender inversiones significativas de empresas o de proyectos de infraestructura pública.
Como cualquier otra actividad productiva, el sector financiero genera un valor agregado. El valor del producto entregado a la sociedad (los créditos) es mayor que el costo de la materia prima (depósitos y demás insumos que necesita la entidad). Ese valor agregado está reconocido en las cuentas nacionales de cualquier país, y sirve para pagarle a los funcionarios del banco (remuneración al trabajo) a sus accionistas (remuneración al capital) y al estado (impuestos).
Así como a una empresa le interesa vender sus productos, a los bancos les interesa vender los suyos: su negocio consiste precisamente en colocar créditos, en condiciones aceptables de seguridad. No tendría ningún sentido que se resistieran a hacerlo. Pero deben hacerlo evaluando cuidadosamente los riesgos que asumen. Si no lo hacen, los recursos de los depositantes, y el capital de los accionistas estarían en peligro.
Y frente a la actual coyuntura, ¿están los bancos obligados legal, o moralmente, a dar créditos?
Por la situación, muchos deudores no estarán en capacidad de responder por sus obligaciones en los términos inicialmente convenidos.
En estos casos operan las refinanciaciones o las ampliaciones de plazos, como ya lo han hecho muchas entidades. Según un comunicado de los propios bancos, para finales de abril habrían refinanciado obligaciones a seis millones de clientes, por un valor de $137 billones, desembolsado 23 billones fondeados por sus propios recursos por un valor de $23, 5 billones (y no con recursos del gobierno o del Banco de la República, como se ha informado).
¿Qué pasa si el Estado, a través del Fondo Nacional de Garantías, garantiza al deudor por una suma que puede estar entre el 70% y el 90% del valor del crédito? Pues queda un riesgo a ser asumido por los ahorradores y accionistas del banco que está entre el 30% y el 10% del valor del crédito. Así como a ninguna empresa se le puede obligar a entregar gratis sus productos, o a un empleado a trabajar gratis, a un banco no se le puede obligar a poner en alto riesgo de pérdida el 10% del valor de un crédito.
¿QUÉ HACER?
Como lo han señalado varios analistas, si el Estado quiere apoyar a las empresas en dificultades, y con alto riesgo de insolvencia como consecuencia de la pandemia, el instrumento más adecuado no es el crédito, sino el subsidio directo. Afortunadamente el gobierno ya ha comenzado a dar pasos en ese sentido, al subsidiar una parte de la nómina.
Culpabilizar a los bancos por la no reactivación de la economía porque se niegan a asumir riesgos excesivos, es equivalente a restablecer la tradición del chivo expiatorio. Forzarlos a que lo hagan, puede hacer que los pecados de la sociedad se expíen más adelante a través de una crisis financiera, que, por la experiencia de finales del siglo pasado, puede costar cantidades importantes a los ahorradores o a los contribuyentes.
Francisco Azuero
Profesor de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes
