La liquidadora de Saludcoop, Angela María Echeverri, acaba de revocar varios actos administrativos firmados por antecesor, Luis Leguizamón, en los cuales este les reconocía a varias empresas acreedoras deudas por 2,4 billones de pesos.
La Resolución 1935 del miércoles y conocida por Portafolio indica que esta drástica decisión se tomó luego de una revisión ordenada el 7 de julio, en la que hallaron fallas crasas de forma y de fondo en las resoluciones 00010 y 00178 del 29 de febrero pasado; 00179 y 180 del 7 de marzo.
Las pretensiones de los acreedores de Saludcoop pasaban de los 10 billones de pesos y de ellas, mediante los actos administrativos, se avaló poco menos de una cuarta parte. Como es costumbre en estos casos, el resto debía ser reclamado por vía judicial y el liquidador estaba obligado a constituir una reserva en dinero o bienes para pagar reclamaciones que sean falladas en contra, pero esto no se hizo.
En las liquidaciones es de vital importancia dónde queden graduadas las acreencias, pues así se define la prioridad en el pago con recursos que pocas veces son suficientes para saldar el total de las cuentas. En el primer nivel están las laborales y fiscales, luego las prendarias, hipotecarias, los proveedores estratégicos y, por último, los proveedores no estratégicos y las deudas quirografarias (que no tienen un documento de respaldo). No obstante, en el registro de los procesos judiciales todo fue al mismo ‘cajón’, por lo cual, por ejemplo muchas acreencias laborales, que debían estar en primer lugar, fueron al quinto. En ese mismo campo quedaron las deudas de las IPS, que en una legislación previa estaban en cuarto o quinto puesto, pero la Ley 1797 de julio pasado las subió al segundo lugar.
También, algunas deudas reconocidas por la Resolución 178 las reclasificó la 180. “El Agente Especial Liquidador, haciendo uso de una atribución que únicamente lo faculta para disponer correcciones por errores formales, procedió a efectuar modificaciones de fondo, sin que la disposición invocada lo faculte para ello”, resalta la Resolución 1935.
Añade que, fuera de eso, se le dio el aval a facturas por servicios a empresas que no contaban con habilitación, que es un requisito indispensable, mientras que rechazaron otras que, al hacer una revisión posterior, cumplían con lo exigido.
‘SOFTWARE’ NO CONFIABLE
Las auditorías realizadas por la Superintendencia de Salud y las firmas especializadas Baker Tilly y KPMG evidencian otras presuntas irregularidades.
Para empezar, un informe del 29 de abril de la Supersalud señala tres: el abono a procedimientos o pagos totales de facturas sin que quedara un soporte del reconocimiento, cifras que no concuerdan en las deudas laborales reportadas, e inconsistencias en el procesamiento de la gradación y calificación de las acreencias por el sistema de información Heon (el software donde se llevan estos procesos) que hacen dudar de su confiabilidad. “El resultado general de la auditoría sobre 61 facturas revisadas indica que el 39% no cumplieron con los criterios de glosa, el 20% presentaron fallas en los soportes de las glosas y tan solo el 41% fueron glosadas correctamente”, apunta la Supersalud.
Otro informe del mismo organismo de control, del 29 de julio, habla de incongruencias en el cruce de información de varias fuentes, la falta de una explicación sustentada sobre deudas no reconocidas –lo cual atenta contra el derecho de defensa de los afectados– y la no unificación de los datos en una sola plataforma. “Es evidente que Saludcoop EPS en Liquidación presenta problemas administrativos de calidad, proceso y control interno”, señala el reporte.
El informe del 28 de junio de Baker Tilly, contratado como revisor fiscal y contralor, recalca los mismos puntos.
Ya lo había hecho también KPMG el 18 de marzo, cuando identificó 89 acreencias laborales en las cuales el beneficiario no aparecía inscrito en el sistema Kactus (que administraba la nómina) y advierte del “posible pago de acreencias a terceros que no tienen ningún vínculo con Saludcoop”.
Además, KPMG había apuntado ya la falta de definición de roles, privilegios y controles a los funcionarios que debían alimentar las bases de datos relacionadas con las acreencias.
“Continuar con el proceso liquidatorio bajo esas condiciones de calificación y graduación de las acreencias llevaría a vulnerar de manera grave el patrimonio público y los derechos al debido proceso y a la igualdad de los acreedores”, dice la Resolución 1935.
En consecuencia, el proceso de calificación y gradación de los créditos, que es uno de los pasos en el saneamiento de las finanzas de una entidad próxima a desaparecer, tendrá que volver a comenzar y avanzará a la par con la valoración de los activos, que ya está en una fase avanzada.
Fuentes cercanas a la liquidación informaron que están en los ajustes del software y que si bien la revisión es dispendiosa, por tratarse de 2,6 millones de facturas y acreencias superiores a los 10 billones de pesos, se buscará que la nueva calificación y graduación de las acreencias esté a más tardar en noviembre. La idea es no alterar el cronograma que da dos años –contados desde noviembre del 2015– para la desaparición de la empresa.
ESTE MIÉRCOLES VENCE EL PLAZO
Hasta este miércoles mañana hay plazo para objetar el avalúo de los llamados activos no estratégicos de Saludcoop, tasados en 466.000 millones de pesos. En estos bienes hay 16 clínicas, una central de urgencias, 19 lotes, 11 casas y 8 locales. La valoración la hizo la firma Evaluarte S.A.S. y fue avalada el 28 de julio por la liquidadora. Hasta el viernes pasado solo se había presentado una objeción. Y si bien la ley le da dos meses para resolver las peticiones que lleguen, la intención es solucionar el tema antes, con el fin de dar paso a la posible venta de activos para así comenzar a pagar las acreencias.
@nesperiodista
