Con la llegada del gobierno Petro, se viene planeando una reforma más, que se suma a las que ya están en proceso y a las aprobadas. En materia de educación, el mandatario tiene el deseo de reformar la Ley 30 de 1992 que decretó los fundamentos de la educación superior.
Es así, que el objetivo de este proyecto de ley se basa en “profundizar en la formación integral de los colombianos dentro de las modalidades y calidades de la Educación Superior, capacitándolos para cumplir las funciones profesionales, investigativas y de servicio social que requiere el país”.
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De acuerdo con el ministerio de Educación, encabezado por Aurora Vergara Figueroa, el proyecto pretende incorporar más en la Ley 30 temáticas como la inclusión de los conceptos de fomento a la alta calidad, la diversidad de instituciones del sistema y el reconocimiento de los contextos territoriales.
Sin embargo, los líderes del sector prevén diferentes retos existentes en torno a la modificación de la ley. Según Luz Karime Abadía, codirectora del Laboratorio de Economía de la Educación, Universidad Javeriana, es de suma importancia tener discusiones amplias con los diferentes actores del sector para hacer una reforma al articulado ya existente.
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La codirectora asegura que este es un texto que tiene más de 30 años, por lo que la coyuntura actual exige que haya un marco regulatorio “moderno, flexible y que se adapte a las necesidades del país y responda a los retos del sector”, afirma.
Educación superior.
Archivo EL TIEMPO
Ahora bien, en torno a las propuestas del Laboratorio, se asegura que la reforma debe garantizar y mantener la autonomía universitaria, al tiempo que debe promover la equidad en el sistema y la calidad de la oferta educativa. Igualmente, aseguran que se debe seguir reconociendo que la educación es un servicio público que puede ser ofrecido por el Estado y los privados.
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Así mismo, consideran que uno de los retos más grandes es ajustar el modelo de financiación de las instituciones oficiales, teniendo en cuenta que promueve el déficit presupuestal, es inequitativo y no sugiere mejoras más innovadoras en la educación.
Por otra parte, se propone que la Ley debería incorporar el Marco Nacional de Cualificaciones y promover una educación postsecundaria más allá de solo una educación superior, teniendo en cuenta las diversas opciones de formación en el aspecto formal y no formal.
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En esta misma línea, el Laboratorio resalta en el impulso en la educación dual, formación que se hace de manera conjunta entre una institución educativa y una empresa.
También, el sector pide tener en cuenta un sistema centralizado de admisiones en las instituciones de educación superior oficiales, pues “está demostrado (hay evidencia en otros países, por ejemplo, Chile) que este modelo mejora la eficiencia en el uso y asignación de cupos, da mayor transparencia y equidad al sistema”, dice Abadía.
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Es de esta manera que la codirectora asegura que se debe tener una mayor alianza entre las instituciones oficiales y privadas, así como entender que ha surgido nuevos modos de enseñanza y aprendizaje desde la pandemia, como el estudio híbrido.
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