A pesar de haber contratado una firma de abogados que lo asesoró respecto al concepto que iba a tomar y que implicaba la cancelación de las últimas obras del puerto de Aguadulce y le recomendó que no revocara los permisos concedidos el año pasado, el alcalde del distrito de Buenaventura, Eliécer Arboleda Torres, ordenó la suspensión.
Portafolio pudo conocer el concepto que emitió la firma SaavedraBecerraAbogadosS.A.S, contratada por el funcionario, sobre la procedencia o no de la solicitud de revocatoria directa, presentada en contra de las Circulares No. 001 y 002 de 2015 expedidas por la Oficina Asesora de Planeación y Ordenamiento Territorial del Distrito.
En el documento expedido en mayo de este año, el gerente General de la firma, Ramiro Saavedra Becerra, afirmó que “después de un estudio jurídico detallado, consideramos que las Circulares No. 001 y 002 de 2015 fueron expedidas legalmente, no atentan contra el interés público o social y mucho menos causan un agravio injustificado a una persona, por lo cual no es procedente atender favorablemente la solicitud de revocatoria directa y, para ser mas precisos, no hay lugar a su derogación”.
Sin embargo, el Alcalde de Buenaventura hizo caso omiso a este concepto y ordenó la revocatoria de las circulares que reglamentaron, desde el año pasado, las licencias de construcción para las edificaciones de carácter convencional como bodegas, talleres o edificios administrativos.
Frente al tema, el Gobierno Nacional se pronunció a través de Luis Fernando Andrade, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y sentó su voz de preocupación.
“Nos preocupa muchísimo que una autoridad local esté, de alguna manera, atravesándose en un proyecto de interés nacional, especialmente en un tema que no es de su competencia, o sea el establecimiento de qué se hace en un puerto o en un aeropuerto es una potestad del Gobierno Nacional”, manifestó Andrade.
Al respecto, Esteban Piedrahita, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cali, se cuestionó y dijo que “es inaudito que faltando semanas para la inauguración del Puerto de Aguadulce (la inversión asiática no-petrolera más grande del país, con enormes beneficios para los bonaverenses), la Alcaldía ordene parar su construcción, contraviniendo, aparentemente en forma ilegal, la licencia que ella misma emitió. Cabe preguntarse a quién le puede interesar que la obra se pare; porque claramente ni a los bonaverenses, ni a los vallecaucanos, ni a los colombianos les conviene que eso suceda”.
Por ello, desde el Gobierno Nacional esperan que “el Alcalde se retracte de esta decisión, eso sería lo más saludable para todos”, precisó Andrade, al tiempo que dejó claro que “estamos viendo qué medidas podemos tomar a través de los jueces y entes de control para asegurar que se respete la ley y las competencias. Nosotros como Gobierno Nacional no podemos renunciar a las competencias de reglamentar lo que ocurre en los puertos y en los aeropuertos”.
Finalmente, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, aseguró que mañana se reunirá con el Alcalde de Buenaventura y el Gerente de este puerto con el fin de conciliar el tema y que se puedan adelantar las acciones necesarias para que el puerto comience su operación.
De acuerdo con la ANI, la inversión en este puerto supera los 500 millones de dólares y es promovida por dos de las mayores empresas del mundo en el tema portuario: una de Filipinas y otra de Singapur. Con su operación, se espera la generación de más de 2.000 empleos.
Cynthia Lewis
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